Política

Carmen Calvo participó en la reunión que autorizó el préstamo por el que el juez investiga a Chaves

La hoy vicepresidenta asistió como consejera de Cultura a la sesión en la que el Consejo de Gobierno de Andalucía acordó dar un préstamo-puente de 5,8 millones a una cárnica / El Ejecutivo “nunca tuvo voluntad” de recuperar el dinero, según Anticorrupción

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Carmen Calvo participó en la reunión que autorizó el préstamo por el que el juez investiga a Chaves

Resumen:

Carmen Calvo, hoy vicepresidenta y ministra de la Presidencia en funciones, participó en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorizó el préstamo por el que el juez investiga ahora a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. En aquellas fechas, Calvo estaba al frente de la Consejería de Cultura.

El 9 de noviembre de 1999, el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA tras hacerse cargo esta empresa de la actividad de la cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina, que había entrado en crisis. La amortización del crédito se realizaría con las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo, pero terminó dejando sin devolver 3,75 millones.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, la Junta que presidía Manuel Chaves dispuso «arbitrariamente» de fondos públicos «bajo el paraguas formal» de un crédito «sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar» a una empresa concreta, lo que podría constituir la comisión de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. El análisis de la documentación lleva al Ministerio Público a concluir que «el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado».

Esa tesis la ha avalado el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que este martes ha acordado la apertura de un procedimiento -desgajado de la pieza separada del caso ERE en el que se analizan las ayudas de la Junta de Andalucía a Hijos de Andrés Molina y a su sucesora (Primayor) con cargo al fondo de reptiles– para investigar las circunstancias de dicho préstamo-puente. El magistrado ha otorgado ya la condición de investigados en este caso a Chaves, cuatro ex consejeros (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo), al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y a otras nueve personas más.

Los hechos que investigará el magistrado José Ignacio Vilaplana tienen su origen en la autorización del citado préstamo-puente por parte del Consejo de Gobierno en su reunión del 9 de noviembre de 1999. Fue justamente 11 días después de que le hubiera elevado la propuesta para su ratificación el consejo rector del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo público que utilizó durante una década la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas a prejubilados y empresas que concedía previamente la Consejería de Empleo. El IFA no tenía autorización para aprobar operaciones que excedieran los 450.000 euros.

De consejera a ministra de Cultura

Carmen Calvo era uno de los 13 consejeros que completaban el tercer gobierno de Manuel Chaves -en coalición con el Partido Andalucista (PA) tras la legislatura de la pinza (1994-1996)- en su calidad de titular de Cultura, responsabilidad que empezó a desempeñar en abril de 1996 y mantuvo hasta febrero de 2004. Entonces se incorporó al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero como ministra de Cultura.

De aquel gabinete, el juez ya ha imputado en este nuevo procedimiento al propio presidente y a tres consejeros: Gaspar Zarrías (Presidencia), Guillermo Gutiérrez (Trabajo e Industria) y Francisco Vallejo (Obras Públicas y Transportes). A excepción de Gutiérrez, los otros tres ex altos cargos han sido condenados en la pieza política del caso ERE, cuya sentencia se conoció el pasado 19 de noviembre.

De aquel gobierno también formaba parte como consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, también inhabilitada ahora por la Audiencia de Sevilla. Completaban el gabinete los socialistas Carmen Hermosín (Gobernación), Paulino Plata (Agricultura y Pesca), José Luis García de Arboleya (Salud), Manuel Pezzi (Educación), José Luis Blanco (Medio Ambiente) e Isaías Pérez Saldaña (Asuntos Sociales), así como los andalucistas Antonio Ortega (Relaciones con el Parlamento) y José Núñez (Turismo y Deportes).

Calvo asistió como consejera de Cultura a la sesión en la que el Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó el préstamo de 5,8 millones a Campocarne

De momento, el instructor ha informado a las defensas de los ex altos cargos ya procesados en el caso ERE de que se les imputa en esta nueva pieza, si bien descarta por ahora llamarlos a declarar hasta que se incorpore a las actuaciones el expediente relativo a la concesión del citado crédito por parte del consejo rector del IFA para que conozcan los hechos por los que se les investiga y puedan ejercer plenamente su derecho de defensa.

Esa documentación es «de todo punto precisa y necesaria» al objeto de determinar «la adecuación a la disciplina financiera y administrativa aplicable» de la operación crediticia mediante la que «se habría materializado la actuación defraudatoria de fondos públicos». Compartiendo el criterio de Anticorrupción, el juez rechaza que la malversación haya podido ya prescribir por el tiempo transcurrido.

Aforamiento

En el caso de que el magistrado Vilaplana apreciara indicios delictivos en la actuación de Carmen Calvo, tendría que elevar exposición razonada con los indicios reunidos ante el Supremo para que fuera el Alto Tribunal quien determinara si la investiga, dado que la vicepresidenta en funciones goza de aforamiento por su condición de número dos de Pedro Sánchez.

El préstamo autorizado por el Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1999 se protocolizó ante notario el 22 de diciembre de dicho año. Campocarne se comprometía a devolver el dinero en un plazo de seis años (más tres de carencia) con un interés de miBor +0,25.

Cuando Primayor Foods SL adquirió Campocarne en abril de 2004, el comprador cifró en 637 millones de pesetas la cantidad que quedaba por devolver del citado préstamo -la amortización pendiente, por tanto, era aún del 67,7 % del dinero concedido (940 millones de euros)- y pidió a la Junta de Andalucía una «condonación total» para poder llevarlo al patrimonio neto de la empresa.

«Nunca tuvo voluntad de ser cobrado»

En el escrito con el que Anticorrupción ha pedido ahora la imputación de Chaves y Zarrías, los fiscales dejan constancia de que el préstamo no había sido amortizado en febrero de 2005 y que se desconoce si se terminó transformando en un crédito participativo, como se había acordado en el momento de su otorgamiento. El análisis de la documentación lleva a Anticorrupción a concluir que «el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado».

En su informe sobre los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el organismo utilizado como ‘caja pagadora’ de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al fondo de reptiles, la Cámara de Cuentas de Andalucía reseña los 3,75 millones de euros concedidos a finales de 1999 a Campocarne (luego Primayor) en situación de «deterioro». Fue a raíz de esa fiscalización, relativa al ejercicio 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 18 de febrero de 2016, cuando el Gobierno de Susana Díaz cambió la clasificación del préstamo a «contencioso».