Política

La Fiscalía pide imputar a Chaves por un préstamo que "nunca tuvo voluntad" de cobrar

Anticorrupción pide al juzgado del 'caso ERE' que investigue la concesión de un préstamo-puente de 5,8 millones a una cárnica de Jaén en la etapa de Chaves como presidente de la Junta andaluza / La operación ha ocasionado un ‘agujero’ de 3,75 millones

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La Fiscalía pide imputar a Chaves por un préstamo que "nunca tuvo voluntad" de cobrar
Manuel Chaves, dirigiéndose a la Audiencia de Sevilla a recoger la sentencia del 'caso ERE'.

Manuel Chaves, dirigiéndose a la Audiencia de Sevilla a recoger la sentencia del 'caso ERE'. EP

Resumen:

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado que investiga el caso ERE que llame a declarar como imputados al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y al ex consejero Gaspar Zarrías por la concesión de un préstamo a una antigua cárnica jiennense que «nunca tuvo voluntad de ser cobrado». El impago ha obligado a la Administración autonómica a provisionar 3,75 millones de euros, dinero que será difícilmente recuperable.

En un escrito fechado el pasado 18 de noviembre, adelantado este lunes por Diario de Sevilla, el Ministerio Público pide al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que abra una causa nueva para investigar el crédito-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) concedido por la Junta de Andalucía a Campocarne Andalucía SA a finales de 1999 tras hacerse cargo de la actividad de Hijos de Andrés Molina al apreciar indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Los fiscales piden que se cite como investigados por este hechos a un total de 15 personas, entre ellos otros cuatro consejeros (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo) y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero.

La petición se conoce días después de que Chaves y Zarrías hayan sido condenados a nueve años de inhabilitación como autores de un delito continuado de prevaricación por la implantación y mantenimiento de un procedimiento específico mediante el que la Junta de Andalucía repartió durante una década (2000-2009) más de 680 millones de euros en ayudas a prejubilados y empresas en crisis al margen del procedimiento establecido y evitando la fiscalización de la Intervención. Es la llamada pieza política del caso ERE.

Los hechos que llevan a Anticorrupción a solicitar las imputaciones se remontan a diciembre de 1999, cuando la Administración autonómica concedió un préstamo-puente a Campocarne Andalucía -por un montante de 970 millones de pesetas, pactándose un interés miBor +0,25 y un plazo de amortización de seis años y de carencia- tras el compromiso asumido con la empresa por Zarrías, entonces consejero de Presidencia y mano derecha de Manuel Chaves. Hijos de Andrés Molina era una señera compañía en Jaén cuya entrada en crisis generó un importante conflicto laboral en dicha provincia andaluza, amortiguado por las cuantiosas ayudas concedidas por la Administración andaluza.

Según se detalla en la escritura mediante la que se formalizó el 22 de diciembre de 1999 el citado préstamo, utilizándose como vehículo para su abono al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) como en el caso de las ayudas de los ERE, la devolución del dinero se realizaría con las subvenciones que iba a realizar la empresa por inversiones en activos fijos, investigación y desarrollo, estudios de mercado, trazabilidad de productos o como consecuencia de la compra de los activos productivos a Hijos de Andrés Molina.

La concesión del préstamo-puente ha ocasionado a la Junta de Andalucía un ‘agujero’ de 3,75 millones, muy difícil de recuperar ya

Cuando Primayor Foods SL adquirió Campocarne en abril de 2004, el comprador cifró en 637 millones de pesetas la cantidad que quedaba por devolver del citado préstamo -la amortización pendiente, por tanto, era aún del 67,7 % del dinero concedido (940 millones de euros)- y pidió a la Junta de Andalucía una «condonación total» para poder llevarlo al patrimonio neto de la empresa.

En su escrito, los fiscales dejan constancia de que el préstamo no había sido amortizado en febrero de 2005 y que se desconoce si se terminó transformando en un crédito participativo, comeo se había acordado en el momento de su otorgamiento. El análisis de la documentación lleva a Anticorrupción a concluir que «el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado».

De ‘deterioro’ a ‘contencioso’

En su informe sobre los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el organismo utilizado como ‘caja pagadora’ de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al fondo de reptiles, la Cámara de Cuentas de Andalucía reseña los 3,75 millones de euros concedidos a finales de 1999 a Campocarne (luego Primayor) en situación de «deterioro». Fue a raíz de esa fiscalización, relativa al ejercicio 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 18 de febrero de 2016, cuando el Gobierno de Susana Díaz cambió la clasificación del présamos a «contencioso».

Reseña del crédito a Primayor como ‘deterioro’ en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

«Podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación», sostiene Anticorrupción.

Gaspar Zarrías, inhabilitado como Chaves en el ‘caso ERE’, es otro de los ex altos cargos a los que Anticorrupción pide que se impute por la concesión del préstamo

Los fiscales recuerdan que la posible malversación se consumaría en el momento en que el préstamo deje de ser un activo para la Administración y se convierta en una pérdida, lo que no habría ocurrido antes de febrero de 2005. Ello les lleva a mantener que los hechos no han prescritos, dado que el delito que se habría cometido sería agravado por la cuantía de la operación y en ese caso el plazo a partir del cual no podría ya depurarse responsabilidades penales sería a partir de los 15 años.

Para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público solicita al juzgado que reclame a la Junta de Andalucía diversa documentación, como el expediente completo del préstamo-puente y las resoluciones de ayudas que se hubieran concedido a Campocarne y su continuadora (Primayor).

Petición del PP a la juez Núñez Bolaños

Por estos hechos, la acusación popular que ejerce el PP andaluz ya solicitó el pasado año a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que citara como investigados por malversación de caudales públicos a Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez y a Salvador Durbán, ex presidente del extinto IFA (hoy Agencia IDEA). La magistrada, denunciada por la jefatura central de la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos», quedó a la espera de recibir documentación pero no los imputó.

Será ahora el juez que la sustituye al permanecer la magistrada de baja quien tendrá que decidir si los hechos relatados por la Fiscalía y de los que responsabiliza a Chaves y Zarrías -entre otros- son constitutivos de delito y no han prescrito por el tiempo transcurrido.