Susana Díaz, flanqueada por Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el Parlamento andaluz.

Susana Díaz, flanqueada por Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el Parlamento andaluz. EP

Política

'Caso ERE': retrato de un sistema clientelar (casi) perfecto

El 'fondo de reptiles', cebado con más de 680 millones de euros durante una década, fue un 'apagafuegos' que permitió a los gobiernos de Chaves y Griñán sofocar muchos de los grandes conflictos laborales en Andalucía y lograr la paz social

«Bajo la publicitada finalidad de la paz social (…) se enmascaraba una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo». Era el verano de 2014 y, tras más de tres años y medio de instrucción, la juez Mercedes Alaya alcanzaba la ‘cúspide de la pirámide’ en el escándalo de los ERE al elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios incriminatorios que había reunido durante la investigación sobre Manuel Chaves, José Antonio Griñán y siete aforados más. El caso alcanzaba otra dimensión.

Cinco años y tres meses después de firmar aquel informe de 276 páginas, la Audiencia de Sevilla acaba de respaldar la tesis acusatoria de la magistrada y ha condenado a los dos ex presidentes andaluces por su responsabilidad en el fraude de los ERE. El reproche es especialmente severo en el caso de Griñán, al que el tribunal ha impuesto una pena de seis años y dos días de prisión y 15 años y dos días de inhabilitación como autor de los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Ni el enriquecimiento personal de ninguno de los 21 encausados, ni la supuesta financiación irregular del PSOE. Lo que se dilucidaba en la primera pieza del caso ya sentenciada era el sistema clientelar con el que la Junta de Andalucía repartió a su antojo durante una década más de 680 millones de euros (113.000 millones de pesetas al cambio actual) en ayudas para empresas en crisis y prejubilados afectados por procesos de reestructuración, lo que sin duda contribuyó a apuntalar durante años la hegemonía socialista en la única comunidad autónoma que no conoció la alternancia política hasta el bipartito (PP-Cs) formado tras las elecciones andaluzas celebradas el 2 de diciembre de 2018.

Era la Consejería de Empleo -concretamente la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, dirigida por Javier Guerrero entre 1999 y 2008- la que concedía las ayudas para el pago de pólizas de prejubilaciones y a empresas en crisis, pero no la que las pagaba. Esa ‘misión’ se confió al extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y a su sucesora la Agencia IDEA, organismo al que le hacía llegar el dinero mediante transferencias de financiación. Según la sentencia, el uso de esta herramienta presupuestaria impedía la fiscalización y facilitaba la «absoluta falta de control» en el otorgamiento de estas subvenciones.

Esa forma de distribuir los recursos públicos al margen del procedimiento legalmente establecido, buscando una «absoluta falta de control» en la concesión de las subvenciones, sirvió para mantener engrasada la red clientelar del PSOE. Las únicas elecciones autonómicas que esta formación ha perdido en Andalucía fueron las celebradas el 25 de marzo de 2012, dos semanas después de que la juez Alaya ordenara prisión sin fianza para el ex director general de Trabajo Javier Guerrero en la fase inicial de la instrucción. Con todo, Griñán pudo mantener la Presidencia de la Junta de Andalucía en virtud del pacto alcanzado con IU en Andalucía, entonces liderada por Diego Valderas.

El ‘fondo de reptiles’, cebado con más de 680 millones, fue un ‘apagafuegos’ que permitió a los gobiernos de Chaves y Griñán sofocar muchos de los grandes conflictos laborales en Andalucía

El fondo de reptiles, nombre con el que Guerrero se refirió a la partida presupuestaria 31.L cuando declaró ante la Policía Nacional como testigo el 21 de diciembre de 2010, se convirtió en un apagafuegos que permitió a los gobiernos de Chaves y Griñán sofocar muchas de las grandes crisis empresariales -por número de trabajadores- registradas en Andalucía desde finales de los años 90: Hijos de Andrés Molina, Santana Motor, Boliden, Delphi, Faja Pirítica de Huelva, Astilleros de Sevilla…

«La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», detalla la sentencia por la que la Audiencia de Sevilla ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos para los que la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación al término del juicio.

Invocando el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía (1997) y los siete acuerdos de concertación social firmados entre 1993 y 2009, el tribunal no pasa por alto la «preocupación» que existió en el seno de la Junta ante la «gravedad y relevancia» que podría tener en la sociedad andaluza la «pérdida de puestos de trabajo» derivada de las grandes crisis empresariales. «Lo lógico es que el presidente [en alusión a Chaves] tomara las decisiones oportunas para que, desde la Administración pública andaluza, se diera una respuesta adecuada a estos problemas», añade el fallo.

La Sala sitúa el origen del proceder fraudulento el 18 de abril de 2000, cuando el Consejo de Gobierno aprobó una modificación presupuestaria a fin de detraer 257 millones de pesetas (equivalentes hoy a 1,54 millones de euros) de la partida presupuestaria que se utilizaba para la concesión de subvenciones para nutrir otra inexistente en el presupuesto inicialmente aprobado y que «no era legalmente apropiada para su otorgamiento».

En aquellas fechas, el presidente autonómico era Manuel Chaves, al que Felipe González había enviado a Andalucía en 1990 para descabalgar al socialista José Rodríguez de la Borbolla. Chaves venía de ocupar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el segundo gobierno de González y se mantendría en el cargo hasta la primavera de 2009, cuando inició el viaje a la inversa: Rodríguez Zapatero lo incorporó a su gabinete como vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administración Pública para forzar así la renovación en el PSOE-A.

El convenio de 2001, clave

La implantación del procedimiento específico censurado ahora penalmente por la Audiencia de Sevilla tuvo lugar el 17 de julio de 2001, cuando se firmó el convenio marco por el que Empleo institucionalizó el encargo al entonces IFA para que pagara las ayudas que le ordenara la Dirección General de Empleo, el órgano que concedía estas subvenciones excepcionales pese a carecer de «competencia legal» para ello.

Dicho documento, que nunca fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y de cuya existencia se ha tenido conocimiento nueve años después, lleva las firmas de José Antonio Viera -en su calidad de consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico- y Antonio Fernández, entonces presidente del IFA. Los dos han sido inhabilitados y condenados a más de siete años de prisión como autores de delitos continuados de prevaricación y malversación.

Viera fue el primero en darle una oportunidad dentro del PSOE a Susana Díaz, a la que nombró secretaria de Organización en Sevilla. Ella aprovechó este puesto para hacerse con el control absoluto del partido hasta expulsar a su mentor, que dimitió acosado por la que entonces ya se definió como «máxima autoridad» del PSOE en Sevilla.

Viera, ahora condenado, fue el primero en darle una oportunidad dentro del PSOE a Susana Díaz: ella aprovechó para hacerse con el control absoluto del partido hasta expulsar a su mentor

Antes de su carrera política, José Antonio Viera había sido entrenador de fútbol profesional en equipos como el Sevilla Atlético, el Algeciras y el Xerez CD. Luego pasó por ayuntamientos, escaños y delegaciones provinciales de la Junta hasta ejercer como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Manuel Chaves entre 2000 y 2004, cuando fue nombrado delegado del Gobierno de Zapatero en Andalucía.

En su etapa en la Junta concedió subvenciones por valor de 36,6 millones de euros a un grupo de empresas de dos concejales socialistas -de la localidad sevillana de El Pedroso, ubicado en una comarca a la que él estaba vinculado- en el que trabajaba su hija. Según un atestado policial, la mayoría de las 18 empresas del grupo «carecían de contenido, no tenían actividad comercial ni trabajadores dados de alta», fueron creadas poco antes de recibir las subvenciones y las recibieron de forma fraccionada.

Poco después de ser nombrado delegado del Gobierno, Viera recibió una delicada misión de Manuel Chaves: enfrentarse al entonces líder del PSOE de Sevilla, José Caballos, que se había declarado en rebeldía, para hacerse con el control de la federación socialista más importante de España. Tras ganar gracias al apoyo decidido de todo el aparato de la Junta de Andalucía, Viera ofreció a una joven diputada de 30 años, secretaria general del PSOE de Triana, ser su número dos. «Tienes que atarla en corto”, le advirtió entonces el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, que es quien propuso su nombre. Viera se lamentaría años después por no haber seguido aquel consejo.

Griñán y los avisos del interventor

Cuando se firmó el citado convenio marco faltaban casi tres años para que José Antonio Griñán volviera al Gobierno andaluz, al que ya había pertenecido como consejero de Salud y Bienestar Social (de julio de 1990 a enero de 1992) antes de que Felipe González le confiara el Ministerio de Sanidad y Consumo -primero- y, después, el de Trabajo y Seguridad Social.

Griñán regresó al Ejecutivo autonómico en abril de 2004 para suceder al frente de Economía y Hacienda a Magdalena Álvarez, entonces flamante ministra de Fomento y otra de las condenadas ahora en la pieza política del caso ERE por prevaricación continuada. Fue en la etapa de José Antonio Griñán cuando la Intervención General de la Junta comenzó a advertir de que se estaba prescindiendo de manera «total y absoluta» del procedimiento establecido en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la concesión de subvenciones, sin que se adoptaran medidas. La partida, por contra, se siguió cebando.

Frente a la interpretación que hacen las defensas, que sostienen que el ex interventor general Manuel Gómez Martínez generó a los altos cargos la expectativa de que estaban actuando de forma correcta al no emitir informe de actuación ni hacer un reparo suspensivo por el uso de las transferencias de financiación, el tribunal ha absuelto a Gómez Martínez al considerar que dio los suficientes avisos para que los máximos responsables de la Consejería de Economía y Hacienda (Griñán y Carmen Martínez Aguayo) hubieran actuado y no lo hicieron.

Yo llegué varios años después», ha dicho esta semana Susana Díaz para intentar establecer un ‘cortafuegos’ con la etapa que ha sido ahora severamente censurada por la Justicia

La marcha de Chaves al gabinete de Rodríguez Zapatero en la primavera de 2009 supuso la llegada de Griñán a la Presidencia de la Junta de Andalucía, tomando el relevo institucional e instaurando una bicefalia en el partido que duraría poco y acabaría con años de amistad. Con Griñán ascienden al PSOE andaluz dos cachorros de su confianza: Mario Jiménez y Rafael Velasco, que llama a Susana Díaz, con la que coincidió en Juventudes Socialistas, como secretaria de Organización regional. Siete meses después, Velasco dimitiría por las subvenciones para formación que recibió la empresa de su mujer de parte de la Junta, acercando a Díaz todavía más a Griñán, cuya confianza se ganaría pronto en dura competición con Mario Jiménez.

A finales de agosto de 2013, acosado por el avance judicial del caso ERE, Griñán decide abandonar la Presidencia de la Junta y abrir un «nuevo tiempo» con dirigentes de una generación más joven. Aunque el presidente -intelectual, melómano, lector empedernido y cinéfilo, rara avis en el PSOE-A- prefiere como sucesor a Mario Jiménez, al que atribuye más solvencia intelectual y solidez política, se ve obligado a optar por la joven sevillana para evitar una guerra en el partido. «El PSOE de Sevilla sólo dará su apoyo como sucesora a Susana, tú verás», le advirtieron.

Esa renuncia propició el nombramiento como presidenta de Susana Díaz, a la que José Antonio Griñán había convertido en su consejera de Presidencia e Igualdad en mayo de 2012. El escándalo de los ERE había forzado la renovación en el liderazgo del PSOE, encarnado desde entonces en la política sevillana que lidera hoy la oposición en Andalucía.

Renovación en el PSOE andaluz

Para prepararla, Griñán hizo de Pigmalión, encargándole que se apuntara al Instituto Británico de Sevilla para aprender inglés y encargándole lecturas de libros y visionados de películas en el cine por las que su pupila, concentrada en controlar el partido, no se interesaba demasiado.

La noche del 7 de noviembre de 2014, Manuel Chaves llamó a su antiguo amigo Griñán, con el que no hablaba desde hacía mucho tiempo, dolido por el anuncio realizado por Susana Díaz, presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, que anunció ante los periodistas que sus dos antecesores abandonarían sus escaños en el Congreso y el Senado si resultaban imputados en el caso ERE.

Con ese anuncio, Díaz iba más lejos en sus exigencias de regeneración pública que el flamante secretario general del PSOE al que ella misma había impulsado, Pedro Sánchez, que entonces abogaba por esperar a la apertura del juicio oral para las dimisiones, como establecía el código ético del partido. «Pepe, Susana nos ha matado. Es como si nos hubiese clavado un puñal», le dijo a Griñán, como reveló el libro Delfines y Tiburones, la lucha por el poder en el PSOE.

Exigencia de Ciudadanos

Díaz no dudó en sacrificar a sus antecesores para establecer un ‘cordón sanitario’ sobre el nuevo Gobierno de la Junta que ella presidía y luego para cumplir las exigencias de Ciudadanos para conseguir su segunda investidura, la primera tras unas elecciones. Ganar los comicios autonómicos era una exigencia que se autoimpuso Díaz antes de dar el salto a la política nacional. Por eso eligió a Pedro Sánchez en 2014 como su candidato a dirigir el partido frente a Eduardo Madina de forma temporal, hasta que ella se sintiera preparada para ser candidata a la Presidencia del Gobierno. Cuando llegó el momento, Sánchez se rebeló y se enfrentó a ella, frustrando su esmerado plan para convertirse en la lideresa del PSOE. Pero eso ya es otra historia.

Susana Díaz ha tardado más de 48 horas en ofrecer una valoración sobre la sentencia que ha condenado a dos de sus ‘padrinos’ políticos -José Antonio Viera y José Antonio Griñán. «Yo llegué varios años después de que eso acabara», destacó la lideresa del PSOE en Andalucía. Y añadió: «Que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional que hace que toda la crítica caiga por sí misma. Él era concejal en Madrid y yo era diputada en las Cortes y antes concejala en Sevilla. No teníamos nada que ver. Los que intentan situarnos en algo en lo que no estábamos se desprestigian a sí mismos».

Te puede interesar

Comentar ()