La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz,  ha roto su silencio sobre la sentencia de los ERE este jueves para intentar desvincularse del mayor caso de corrupción de la historia democrática de España, por el que han sido condenados sus antecesores en la Junta de Andalucía y en el partido: José Antonio Griñán y Manuel Chaves. «Yo llegué varios años después de que eso acabara», se ha excusado.

La dirigente sevillana se ha vinculado al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE para defender su futuro político, asegurando que «a mucha gente le molesta que Pedro y yo rememos en la misma dirección». Díaz ha justificado esa alianza en que «nos jugamos mucho más que nosotros, nos jugamos España, Andalucía y el PSOE» para defender su colaboración con Pedro Sánchez.

«Que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional que hace que toda la crítica caiga por sí misma. Él era concejal en Madrid y yo era diputada en las Cortes y antes concejala en Sevilla. No teníamos nada que ver. Los que intentan situarnos en algo en lo que no estábamos se desprestigian a sí mismos” , ha reiterado, para incluir a Sánchez en su cortafuegos sobre los ERE.

«Los partidos no se heredan», «los pecados no se heredan», ha asegurado Díaz en una entrevista en La Sexta, para establecer un cortafuegos que la proteja de las consecuencias políticas del fallo judicial. Con ese objetivo, Díaz ha querido situar el fraude en el pasado, en gobiernos en los que ella no participó y cuyos presidentes «asumieron sus responsabilidades políticas» al dimitir de sus escaños y abandonar la militancia socialista «cuando lo han sido todo en el partido». «Pregúnteme por lo que yo hice, por los controles que puse, yo llegué en 2013», ha insistido.

«No se han llevado ni un duro, la sentencia lo dice con claridad», ha afirmado, subrayando que «el PSOE no aparece en 1.800 folios de la sentencia ni una sola vez». «No hay financiación ilegal del PSOE, no se ha lucrado, los presidentes no se han llevado un duro», ha reiterado una y otra vez. No obstante, Díaz ha pedido perdón y se disculpará «las veces que haga falta» porque le «duele su tierra».

La ex presidenta de la Junta ha reaparecido tres días después de la sentencia para intentar rebatir los argumentos de la oposición andaluza. En ese sentido ha asegurado que «no admitirá lecciones del PP» antes de negar aspectos que subraya la sentencia, como la creación de un sistema clientelar a través de la gestión sin ningún control y de una «palmaria ilegalidad» en el uso de 680 millones de euros, de la que todos los condenados tenían plena conciencia, según el fallo judicial.

Susana Díaz ha explicado que la sentencia de los ERE no supone el momento político más duro de su carrera, sino que fue la pérdida del Gobierno andaluz tras casi 40 años. Pero sí ha admitido el «varapalo» que ha significado el fallo «en lo humano». «Políticamente fue más duro salir del Gobierno y yo me lo he tomado como una etapa de aprendizaje, me permite aprender con humildad de muchas cosas», ha asegurado.

La sentencia de los ERE condena la forma de gestionar el dinero público de la cúpula socialista en la comunidad durante una década. Sus padrinos en política, desde José Antonio Viera hasta José Antonio Griñán, han sido condenados en lo que supone un censura general a la forma de ejercer el poder de toda una era. Al declararse como su heredera, Díaz queda señalada políticamente por esas prácticas.

Después de perder su guerra contra él, la secretaria general del PSOE había ofrecido su colaboración a Pedro Sánchez con el objetivo de resistir al frente del partido en Andalucía. El presidente del Gobierno en funciones, ocupado en las dos elecciones generales y el laberinto de su investidura, aceptó la propuesta y dejó para el futuro una decisión sobre el PSOE andaluz. Pensó que era mejor tener a Susana Díaz motivada y trabajando para él en las campañas electorales que arrastrando los pies o directamente poniendo palos en la rueda.

La Audiencia de Sevilla, que ha enjuiciado la pieza política del caso ERE, ha cifrado el fraude en más de 680 millones de euros, cantidad que la Junta de Andalucía repartió durante una década en ayudas a empresas en crisis y para el pago de prejubilaciones sin control y al margen del procedimiento establecido. «Descontrol absoluto», «sistema fraudulento» y «palmaria ilegalidad» son expresiones que se repiten en los 1.821 folios del fallo.

La sentencia sostiene la tesis de que la Junta creó y mantuvo durante una década (2000-2009) un sistema ilegal de ayudas por puro clientelismo político, como defendía la juez Mercedes Alaya desde el inicio de la instrucción. «La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolabores llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», resume el fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.