Política

El PSOE se escuda en que con los ERE no hubo enriquecimiento ni financiación ilegal

Susana Díaz y José Antonio Griñán. EP

Con la histórica sentencia de los ERE ya encima de la mesa, todas las miradas se dirigen ahora a Ferraz por las consecuencias que pueda tener el dictamen judicial de la Audiencia de Sevilla, que ha terminado condenando al ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a seis años y dos días de prisión al considerarlo autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos. En total el tribunal ha impuesto penas a 19 de los 21 encausados, entre ellos a Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación.

El PSOE encara este «mal día» por una sentencia «dura», en palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con una estrategia clara: escudarse en que en los ERE no hubo enriquecimiento ni financiación ilegal como argumento para diferenciarse de otros casos de corrupción, como el caso Gürtel.

El primero en pronunciarse en este sentido ha sido el ex ministro y ex presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien ha salido a defender a los ex dirigentes andaluces José Griñán y Manuel Chaves, de los que ha dicho que «son gente honrada» y ha defendido que «no es lo mismo cometer un error, por grave que sea, que meter la mano en el bolsillo. Pongo las dos manos en el fuego por ellos», ha dicho Bono en rueda de prensa por la presentación de su tercer libro de memorias, ‘Se levanta la sesión’.

Así, ha insistido en la honorabilidad y en que han podido cometer errores pero, a diferencia de los casos de corrupción del PP, lo han hecho sin llevarse dinero. «No se han llevado un euro a su casa, que no están en esa pléyade de sinvergüenzas que están en otros grupos políticos», ha dicho.

El 19 de enero de 2011, la juez sevillana Mercedes Alaya iniciaba la instrucción del caso ERE, el procedimiento penal que acabó anticipadamente con las carreras políticas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que reveló la existencia de un sistema opaco con el que la Junta de Andalucía -en la etapa socialista- repartió durante una década de manera presuntamente irregular al menos 680 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y trabajadores afectados por procesos de reestructuración.

El 19 de noviembre de 2019, casi nueve años después de que se incoaran las diligencias previas 174/2011, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla notificó la primera sentencia -de las muchas que tendrán que llegar- de esta macrocausa: la relativa a la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Administración andaluza entregó el dinero para los citados fines entre los años 2000 y 2010. Después de 11 meses de espera, Chaves, Griñán y otros 19 acusados conocerán su futuro.

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