El Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Madrid para el año 2020 incluye una sorpresa en sus anexos: la «Derogación de la Ordenanza de Cooperación Público Social» aprobada por la Corporación de Manuela Carmena en mayo de 2018. Se trata de una ordenanza que regula el uso de espacios, subvenciones, premios e incluso residencias artísticas a colectivos que realicen «proyectos de cooperación para la rehabilitación, regeneración o conservación de bienes».

En la actualidad se benefician más de 90 asociaciones, casi un centenar. Estos colectivos ejercen sus actividades en 13 espacios (por lo que tienen que compartirlos) repartidos en 11 distritos. Los proyectos son seleccionados «preferentemente, mediante convocatorias públicas que pueden ser precedidas de procesos participativos». 

El decreto que deroga la ordenanza parte de la Vicealcaldía, esto es, de Begoña Villacís. Para hacerse una idea de la naturaleza de las actividades reguladas por la ordenanza, los últimos Premios de Cooperación Público Social 2019 fueron a parar a las asociaciones Dalanota! Programa Musicosocial (10.000 euros), Lideresas y líderes contra la violencia de género (6.000 euros), Reutiliza.K, Nuevo Camino y Las noches del huerto (sin dotación económica).

Este medio ha preguntado en dos ocasiones al Consistorio madrileño por la derogación, sin obtener respuesta. Tanto Villacís como el alcalde, José Luis Martínez Almeida, han hecho alusiones a la «red clientelar» y a los «chiringuitos» de Carmena.

«Es otra cesión a los ultras socios de Gobierno», denuncia Nacho Murgui, de Más Madrid

El ex teniente de Alcaldesa Nacho Murgui, de Más Madrid, denuncia que la derogación es una «cesión de terreno a los socios ultras del gobierno, que exigen cobrarse sus piezas políticas». «La animadversión de los autoritarios por el tejido social, por las asociaciones, ante la gente organizada, es una vieja historia que en este país, por desgracia, conocemos muy bien».

«Contubernio judeo-masónico»

«La desconfianza en la sociedad civil organizada les lleva a definir como chiringuitos o redes clientelares a cualquier espacio organizado que no controlen. Sería la versión castiza del «contubernio judeo masonico», deplora Murgui, que en el pasado fue dirigente de la mítica Federación Regional de Vecinos FRAVM.

Según Murgui, la ordenanza solo da más «seguridad jurídica y garantías a las relaciones de colaboración entre las asociaciones y el ayuntamiento». También inytecta más transparencia, defiende el concejal.