El Ministerio del Interior mantiene congelada en 40.100 euros al menos desde 2012 la indemnización que ha de abonar a los familiares directos de los policías nacionales y guardias civiles que fallecen en acto de servicio o como consecuencia de un accidente in itinere.

La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad acaba de abrir el plazo para recibir ofertas con vistas a la contratación de la póliza que asegure a 154.329 funcionarios dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, entre ellos 81.754 guardias civiles y 72.000 policías. El presupuesto base de licitación se fija en 1,2 millones al año, lo que promedia un coste de 7,77 euros por empleado.

Según detalla el pliego de prescripciones técnicas que regula el concurso, la indemnización en caso de fallecimiento vuelve a establecerse en 40.100 euros, cantidad que se mantiene inalterable desde hace al menos siete años. Éste es el capital que cobraría el cónyuge y los hijos del asegurado; los padres o los herederos legales en caso de que el funcionario muera de forma instantánea durante el servicio o en el plazo de un año desde el siniestro como consecuencia de las heridas que hubiera sufrido.

Siniestralidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entre 2016 y los nueve primeros meses de 2019.

De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, entre 2012 y 2018 fallecieron 71 funcionarios en acto de servicio o como consecuencia de las secuelas sufridas durante el desempeño de su trabajo, lo que conllevó pagos por importe de 2.086.098 euros. Hasta el 12 de septiembre de 2019 se habían registrado siete siniestros mortales, cifrándose las reservas en 332.941,08 euros.

700 euros más por sepelio

También permanecen inamovibles las indemnizaciones correspondientes a otros riesgos, caso de la gran invalidez (37.700 euros), incapacidad permanente absoluta (37.700 euros) e incapacidad permanente total (15.660 euros). En relación con el anterior procedimiento de licitación, sí se aprecia una subida en la cantidad prevista para cubrir los gastos derivados del sepelio, el traslado y el alojamiento de familiares directos del fallecido, al pasar de 8.000 a 8.700 euros.

La otra diferencia es que se incrementa en 2.769 la masa de asegurados por esta póliza, al contabilizarse 2.754 guardias civiles y 15 funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad más que cuando salió a concurso en 2018. Nuevamente, Interior se reserva una participación en el beneficio en su condición de tomador de la póliza (entre el 30 y el 60 % en función del porcentaje de la ganancia sobre la prima), según precisa el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas.

La indemnización por deceso de funcionarios en servicio o en accidentes ‘in itinere’ se mantiene inamovible al menos desde 2012

A la vista de la experiencia registrado con motivo del último procedimiento para la contratación de este mismo seguro, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha optado por elevar el importe de licitación un 20 %, pasándose de un millón a 1,2 millones de euros (de los que 1.116.000 corresponden a prima neta y 84.000 euros a costes indirectos).

Ello se justifica no solamente por la ligera mejora de las prestaciones y del número de asegurados antes citados, sino también para hacer más atractivo el concurso y evitar -como sucedió en 2015- que el procedimiento pueda quedar desierto por falta de ofertas.

Generali, proveedor actual

La última licitación, anunciada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de enero de 2018, fijó en un millón de euros el presupuesto máximo de contratación atendiendo a los precios de mercado vigentes en ese momento para la prestación de este tipo de servicio. La adjudicación se cerró por 751.358,87 euros, cifra que representó una baja del 24,86 % en relación con el tipo de licitación.

Lejos de interpretarse como un éxito, esa circunstancia hizo saltar las alarmas. El concurso interesó a tan sólo dos compañías aseguradoras, una de las que ofertó por encima del presupuesto y en consecuencia fue eliminada. «[Ello] induce a pensar que quizás el precio de licitación era excesivamente ajustado de cara a una mayor concurrencia», admite ahora Interior.

Interior saca a licitación la contratación del seguro de accidente para 81.754 guardias civiles y 72.000 policías

De cumplirse la previsión, el contrato será efectivo desde las 00 horas del 1 de mayo de 2020 y se extenderá hasta las 24 horas del 30 de abril de 2021, si bien podrá prolongarse «una o más veces» al vencimiento del plazo de vigencia inicial o de sus prórrogas.

El vigente contrato, adjudicado a Generali España, arrancó el 30 de abril de 2018 y se mantiene prorrogado desde el 1 de mayo de 2019. La multinacional italiana del ramo de seguros y reaseguros ya se adjudicó el mismo contrato en 2016, entonces por 897.410,31 euros, y un año antes había quedado desierto tras salir a licitación por 570.000 euros.

En cuanto a los criterios de adjudicación del contrato, la oferta económica representará hasta el 70 % sobre la valoración total de las propuestas, que podrán presentarse hasta las 8 horas del próximo 16 de enero. El 30 % corresponde a la ponderación de las mejoras propuestas, concretamente al incremento sobre la participación en los beneficios del tomador del seguro (la Secretaría de Estado de Seguridad).