La Mesa del Parlament ha acordado desoir la decisi贸n de la Junta Electoral Central y no inhabilitar a Quim Torra como diputado, tal como acord贸 la JEC el pasado 3 de diciembre a petici贸n de PP, Cs y Vox. Los socialistas se han sumado esta vez, junto a los comunes, al bloque independentista integrado por JxCat, ERC y la CUP para rechazar el dictamen de la JEC.

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Bas谩ndose en un informe de los letrados del Parlament, seg煤n el cual la JEC no tiene competencias para inhabilitar a ning煤n diputado, la Mesa ha acordado rechazar la petici贸n de Cs y PP para hacer efectiva la inhabilitaci贸n de Torra. La Mesa ha acordado adem谩s, tambi茅n con el apoyo del PSC, presentar un recurso ante el Supremo contra la decisi贸n de la JEC, bas谩ndose en el voto particular de los miembros de la Junta que rechazaban inhabilitar a Torra.

Una posici贸n que ha respaldado horas antes el l铆der del PSC, Miquel Iceta. "El criterio de los letrados es muy relevante. Yo quiero defender las instituciones catalanas y coincido bastante con lo que dicen", ha ha asegurado poco antes de la reuni贸n de la Mesa en TV3.

Los socialistas se han escudado en el proceso que sigue el Tribunal Supremo sobre esta causa para apuntar que "lo responsable" es esperar a que concluyan los diez d铆as que se ha dado el alto tribunal para resolver las cautelares. Un plazo que concluye el pr贸ximo martes, a las puertas del primer pleno del Parlament convocado para 2020.

"Entonces todos tendremos que reconsiderar nuestra posici贸n" en funci贸n de la postura que adopte el Supremo, ha asegurado el secretario de la Mesa por el PSC, David P茅rez. Para el portavoz del PP, Santiago Rodr铆guez, sin embargo, el TS ya dej贸 clara su posici贸n al rechazar la v铆a de urgencia el pasado viernes.

"Lo relevante" de la decisi贸n del Supremo "es la desestimaci贸n de las cautelar铆simas, que son las que habr铆an suspendido la decisi贸n de la JEC, al no aceptarlas la decisi贸n de la JEC sigue siendo efectiva" ha advertido Rodr铆guez.

El portavoz del PP ha denunciado adem谩s que el Parlament desacredite la capacidad de la Junta Electoral para nombrar o suspender cargos electos, en contraste con la actitud del Europarlamento. "Nadie en el Parlamento Europeo pone en duda la legitimidad de JEC para inhabilitar a Junqueras, en cambio Parlament s铆 pone en duda decisiones de la JEC".

El PP denuncia el contraste entre el acatamiento del Parlamento Europeo a las decisiones de la JEC y la rebeld铆a del Parlament

En un escrito registrado este lunes, Cs defend铆a que la inhabilitaci贸n de Torra deb铆a ser "autom谩tica", y se acoge a la doctrina del Tribunal Constitucional para advertir que la decisi贸n de la JEC "no precisa de la firmeza de sentencia alguna" para hacerse efectiva. Y el PP, ha reclamado a Roger Torrent en un segundo escrito que inicie una ronda de contactos para proponer un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat.

Cs ha denunciado tambi茅n la postura adoptada por el PSC, pero han criticado sobre todo lo que entienden que es una desobediencia del Parlament a la Junta Electoral. Una situaci贸n que ahora analiza la direcci贸n de su grupo.

Ni diputado ni President

El recurso de Cs a帽ade que la p茅rdida de la condici贸n de diputado lleva aparejada la p茅rdida de la condici贸n de Presidente de la Generalitat, en cumplimiento del art铆culo 67 del Estatut, y reclama al Parlament que "adopte las medidas necesarias para que cese la usurpaci贸n de las funciones" que a su juicio "lleva haciendo Quim Torra desde el 3 de enero de 2020".

Los letrados del Parlament, por contra, defienden que la inhabilitaci贸n como diputado no comporta la p茅rdida de la condici贸n de presidente de la Generalitat. Un criterio que el letrado mayor, Joan Ridao, defendi贸 en sus alegaciones ante la Junta Electoral del 30 de diciembre, pero que ahora ha cambiado para adaptarlo al defendido por el abogado defensor de Torra, Gonzalo Boye.

Los letras han emitido un informe en el que concluyen de forma un谩nime que la declaraci贸n de incompatibilidad de un diputado del Parlament no es competencia de una administraci贸n electoral seg煤n el Reglamento de la C谩mara y la Ley Org谩nica del R茅gimen Electoral (Loreg), por lo que rechazan la petici贸n de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado a Quim Torra y lo avalan como presidente de la Generalitat.

"El acuerdo de la JEC del 3 de enero de 2020 incurri贸 en vicio de nulidad de pleno derecho", zanjan en el documento consultado por Europa Press, que destaca que las competencias de la JEC lo son en relaci贸n a los procesos electorales en curso y hasta que concluyen.

Por eso, consideran que no es posible una declaraci贸n de "inelegibilidad sobrevenida" ni tampoco es posible atribuirle a la JEC competencias impl铆citas para declarar situaciones de incompatibilidad, en la medida que integran el estatuto de los cargos p煤blicos y el ordenamiento reserva esta decisi贸n a los 贸rganos o instituciones de que forman parte.

El Estatut, por encima de la LOREG

Los letrados se帽alan que el Estatut y la Ley de Presidencia de la Generalitat y del Govern, establecen como causa de cese en el cargo de presidente de la Generalitat la condena penal firme que comporte la inhabilitaci贸n y, por otra parte, el Reglamento del Parlament incluye entre las causas de p茅rdida de la condici贸n de diputado, la condena a una pena de inhabilitaci贸n por una "sentencia judicial firme", algo que todav铆a no ha ocurrido ya que la JEC se ha adelantado al Tribunal Supremo, que todav铆a no ha dictado dicha sentencia.

"Hay que tener presente que, hasta el momento, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado de manera definitiva sobre el acuerdo de la JEC ni sobre las medidas cautelares de suspensi贸n solicitadas por el presidente de la Generalitat", subrayan y recuerdan que el Supremo ha seguido tramitando el incidente de suspensi贸n, por lo que concluyen que la solicitud de medidas cautelares se encuentra en curso.

Tras la decisi贸n de la JEC, el 10 de enero la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona declar贸 vacante el esca帽o del presidente, y los letrados consideran que existen "dudas fundamentadas sobre su ejecutividad" hasta que no se resuelva el recurso de protecci贸n de derechos fundamentales interpuesto por la Generalitat.

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