Política

¿Se puede gritar 'Viva Hitler' pero no 'Viva Franco'?

El PSOE propone una reforma del Código Penal para castigar la "apología del franquismo" que unos ven justa con las víctimas de la dictadura y otros tachan de "populismo punitivo" en contra de la libertad de expresión recogida en la Constitución Española

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¿Se puede gritar 'Viva Hitler' pero no 'Viva Franco'?
fotografiándose ante la tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos.

Ciudadanos fotografiándose ante la tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos.

Resumen:

«Reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean un delito. Por fin», afirmó con contundencia este lunes la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, durante un desayuno informativo en presencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El Gobierno socialista marca agenda y abre una nueva polémica alrededor del franquismo y la Memoria Histórica.

Pero, ¿una reforma del Código Penal sería la vía adecuada para impedir actos enaltecedores del franquismo? ¿Entraría el castigo de estas manifestaciones en colisión con la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución Española? ¿Por qué hacen hincapié los socialistas en los actos franquistas y no en los fascistas o nazis? Si saliera adelante la reforma con el apoyo mayoritario del Parlamento, ¿se podrá gritar en la calle ‘Viva Hitler’ pero no ‘Viva Franco’?

Preguntas de este tipo corrían como la pólvora en las redes sociales este lunes, donde Franco, una vez más, se convirtió en tendencia. El Independiente recaba la opinión de expertos en Memoria Histórica y Derecho Penal para despejar interrogantes. El asunto, de partida, resulta controvertido para los juristas consultados. Mientras unos califican la medida propuesta por el PSOE de «justa con las víctimas», otros lo ven un ataque a la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución Española. Hablan de «populismo punitivo» e incluso de «criminalización de la disidencia».

«Reflejar el reproche»

Eduardo Ranz, miembro del grupo de asesores del Gobierno de Pedro Sánchez en Memoria Histórica y uno de los artífices del camino legal para sacar el cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ve necesario un castigo punitivo contra los enaltecedores del dictador, para lo que encuentra apropiado reformar el Código Penal. Según Ranz, sería la manera de «reflejar el reproche de un Estado democrático contra la dictadura en beneficio de un grupo social determinado: las víctimas del franquismo». El experto cree que así se podrían evitar situaciones como «la de Ortega Smith y las 13 rosas». Se refiere a las palabras del político de Vox en una entrevista en Televisión Española, donde afirmó que las trece jóvenes de Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) fusiladas en 1939 en cumplimiento de la sentencia de un consejo de guerra «torturaban, asesinaban y violaban vilmente».

«El Código Penal no lo necesita»

Julio Díaz-Maroto y Villarejo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid considera, sin embargo, que la introducción de un tipo penal específico contra la exaltación del franquismo no es necesaria en el Código Penal. Recuerda que la reforma de 2015 ya incluyó una agravante genérica (art. 22.4 CP) para todo el código contra los delitos cometidos «por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad» bajo la que ya se podría elevar el castigo por delitos de odio o cualquier otro que se cometiera en nombre del franquismo.

«Introducir delitos ideológicos es peligroso»

Pero lo que más controversia genera entre los juristas es el castigo penal para las conductas que el PSOE propone perseguir. Entre otras, contempla penas de dos años de prisión para quienes defiendan el franquismo en Internet o públicamente. Concretamente, contra aquellas personas que «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución».

Eduardo Gómez, fundador de Red Jurídica Cooperativa especializado en Derecho Penal, traslada la misma preocupación que otros consultados: «En este asunto, mi corazón me dice una cosa y la razón otra. Creo que es necesario resarcir a las víctimas, pero hay vías distintas a la de introducir delitos ideológicos y perseguirlos, eso es muy peligroso. De la ilegalización de las fundaciones y asociaciones se podría pasar a la ilegalización de partidos políticos. Creo que no es bueno entrar en el populismo punitivo al que recurren habitualmente los políticos», reflexiona Gómez. (La propuesta del PSOE incluye la inhabilitación especial para empleo o cargo público para las autoridades o funcionarios que por sí mismos o en nombre de un organismo colegiado «resuelvan o voten en contra de medidas relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo»).

Gómez recuerda que hay otras vías, como la Civil, por las que se puede castigar a quienes quiebren el derecho a la imagen o el honor de las víctimas en nombre del franquismo. También que con el castigo penal no se modificarán las conductas que se pretende perseguir, sino «a través de la Educación, explicando en los colegios la dictadura franquista para que sus seguidores no tengan cabida en el mercado de las ideas».

Aprovechar la Ley de Memoria Histórica

En la misma línea se manifiesta Antonio Guerrero, abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Reconoce que en España no está regulada la apología del franquismo como tal frente a la apología del nazismo o el fascismo como sí ocurre en Alemania o Italia, y de ahí que encuadre la medida propuesta por el PSOE como un intento de derecho comparado.

Sin embargo, considera que si se quieren sancionar dichos comportamientos, lo más lógico sería «aprovechar la Ley de Memoria Histórica». También ve que en el delito de odio del Código Penal actual tienen cabida las conductas de quienes ataquen a las víctimas del franquismo. Por eso, cree que no sería necesario introducir un nuevo delito y apuesta por sanciones económicas y otro tipo de castigos civiles.

¿Ilegalizar la Fundación Francisco Franco?

Otro experto en Derecho Penal próximo al Gobierno de Sánchez que le ha asesorado en asuntos de Memoria Histórica se muestra partidario de «ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco y evitar el nacimiento de otras fundaciones similares». El PSOE ha propuesto recientemente modificar la Ley de Fundaciones a tal efecto en su plan contra la exaltación del franquismo. Un plan, por cierto, que se presentó en febrero de 2018 y que en esencia no ha cambiado, pero vuelve a la palestra por la vehemencia de las palabras de Lastra este lunes, que quiso dejar claro que «en democracia no se homenaje ni a dictadores ni a tiranos».

La intención del PSOE, según su propuesta, es declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que «realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo», aunque la mayoría de medidas propuestas se vuelcan en impedir los altos enaltecedores del dictador Franco, por lógica histórica.

«Barbaridad jurídica contra el TEDH»

El abogado de los nietos de Francisco Franco, Luis Felipe Utrera Molina, cree que introducir la reforma del Código Penal propuesta por el PSOE sería una «barbaridad jurídica contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Además de chocar con la libertad de expresión de la Constitución, el letrado cree que no se puede castigar a quienes «hagan apología de distintos regímenes políticos excluyendo el comunista». El castigo penal de actos o manifestaciones en apoyo del franquismo sería para el abogado una «auténtica criminalización de la disidencia». Además, ve que estaría en peligro la libertad de Cátedra para los estudiosos de la figura del dictador que, desde su punto de vista no es «en absoluto comparable a la figura de Mussolini o Hitler puesto que el régimen de Franco fue reconocido internacionalmente hasta 1975».

Así, anticipa recursos ante el Constitucional en caso de que la reforma saliera adelante y se castigaran manifestaciones públicas a favor del dictador.

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