La presentación de dos proposiciones de ley sobre Concordia en los parlamentos de Castilla y León [ver aquí] y la Comunidad Valenciana [ver aquí], por parte de PP y Vox, ambos grupos socios del Gobierno autonómico de las dos regiones, ha generado, de nuevo, revuelo con los partidos de la izquierda. En concreto, estos documentos, proponen derogar las actuales legislaciones de Memoria Histórica aprobadas de forma individualizada en los territorios desde hace un lustro. Algo por lo que el Ejecutivo, personificado en el ministro Ángel Víctor Torres, que atesora esas competencias al margen de la Política Territorial, ha amagado con acudir al Tribunal Constitucional si terminan en buen puerto. También lo hará con Aragón, donde directamente, a finales de febrero, se derogó la legislación aprobada por el PSOE de Javier Lambán hace dos legislaturas. Sin texto suplente, en este caso.

Esta acción legislativa estaba contemplada en los todos los acuerdos de gobierno a excepción del de Castilla y León -Baleares y Extremadura ya empiezan a plantearlo también verbalmente- firmados el verano pasado, entre junio y agosto. Aunque solo se menciona la derogación. Es el caso aragonés (punto 10) o el valenciano (punto 2). Sorprende en parte de las filas populares que, a las puertas de reiniciarse el ciclo electoral comenzado en Galicia hace un mes y medio, se haya escogido este momento para volver a abrir la lata. Especialmente, porque se admite que este tipo de cuestiones siguen movilizando al votante progresista. Como ha publicado este medio, el propio PSOE ya está buscando reactivar esta cuestión con carácter electoral, como se hizo de cara a las últimas generales. Para la campaña ya iniciada esta madrugada en Euskadi, pero también para Cataluña en mayo y las elecciones europeas de junio.

Según han trasladado fuentes del partido, con influencia territorial, la necesidad de dar salida a la ley valenciana y castellano y leonesa puede deberse a ciertas presiones por parte de Vox desde los gobiernos autonómicos. Donde, en todo caso, la intención de los de Santiago Abascal es situarse en una posición más moderada y de gestión frente a la estatal, que busca la confrontación constante con el Gobierno pero también con Génova. Se apunta a una intencionalidad electoral clara. "Vox tiene que llegar fuerte" a la europeas, es su principal objetivo, señalan, relacionando en apariencia una causa-efecto. Determina que la apuesta al descontento agrícola no ha terminado de calar del todo, por lo que buscan "otras formas de presión". Vinculan, además, esa influencia en la calle del sector primario con que "febrero es el mes de menor actividad".

El PP cree que busca banderas con las que despuntar para las europeas. Contrapuntos como puede ser el fichaje de Juan Carlos Girauta"

Abascal y los suyos ahora "buscan banderas" potentes con las que movilizar. No han tenido "el respaldo" de plataformas como Asaja en esa cruzada por el campo. Y el tema de la Memoria Histórica es otro de sus marcos potentes, aseguran. Otro será la inmigración, tal y como han declarado fuentes nacionales de Vox a El Independiente. Pese a todo, los populares hacen un llamamiento a estar "centrados en lo importante", que son las tres elecciones que hay por delante, sin descartarse tampoco unas posibles generales al estar Moncloa "sin presupuestos". Otras fuentes vinculadas al partido, en este caso de Aragón, desligan que su acción de derogación de la ley sea a consecuencia de esas presiones. No descartan que sea así, aunque afirman desconocerlo, en los casos que incumben a Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco.

Fuentes de Vox ligadas a la Comunidad Valenciana reconocen que ha habido presiones. "Es cierto", recalcan, aunque tiran de argumentario para añadir que "se demuestra que allí donde no estamos presentes en el gobierno, el PP no hace ningún movimiento al respecto". Mencionan Galicia o Andalucía, donde Juanma Moreno lleva asentado con mayoría absoluta desde finales de julio de 2022. Desmienten, en cambio, que sea bajo interés electoral. "Es pura especulación. El compromiso de derogar o reformar esas leyes estaba en todos y cada uno de los pactos de gobierno firmados el año pasado", insisten.

Internamente en Vox, la Memoria no es ya uno de los puntos fuertes del partido que más movilicen como pudo ser antaño. De cara a País Vasco -centrándose en Bilbao- y Cataluña -y en Barcelona-, Abascal -que copará la mayor parte de las apariciones tirando de tierra de origen- y Garriga quieren explotar al máximo la materia de inmigración. Vender la falta de seguridad, apuntan desde la dirección nacional del partido. De hecho, para la campaña catalana se quiere evocar una faceta similar a la desarrollada por Chega en Portugal: "Si limpiamos la calle de inmigración ilegal, se cierran la mitad de las cárceles", asegura una voz autorizada del partido parafraseando a André Ventura, socio portugués. Se identifica, nuevamente entre las filas, delincuencia y lugar de origen. Los datos, según fuentes del Consejo del Poder Judicial, son correctos. En 2022, el 49% de los encarcelados en Cataluña eran inmigrantes, 3.764 en total.

Vox reúne este lunes en Bambú a sus consejeros de Agricultura y Gestión Forestal para una jornada de trabajo"

En las vascas, la idea es la de combinar ese señalamiento migratorio con la pugna contra EH Bildu. Pero, de cara a las europeas, la baza del campo sigue estando presente. Más cuando Vox controla cuatro consejeros autonómicos de Agricultura -uno de Gestión Forestar y Medio Rural- en regiones de peso como Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Ejemplo de que no se rehúye la batalla en este ámbito, sobre todo de cara a las europeas, es que este próximo lunes Vox reúne en Bambú a sus cuatro consejeros: Gerardo Dueñas, Ángel Samper, José Luis Aguirre y Nacho Higuero. El partido habla de "reunión de trabajo", por lo que se entiende que se trata de una nueva reunión sectorial. Hasta el momento se han celebrado al menos dos sectoriales, una de Sanidad y otra de Trabajo.

La competencia electoral con el PP en materia agrícola escalará hasta su máximo a partir de mayo, con la cuestión catalana de la sequía de fondo y la campaña europea bajo previsión de crecimiento de fuerzas nacionalpopulistas. El PP aspira a capitalizar el combate a la amnistía como su máximo exponente de crecimiento.

Génova, centrada en las elecciones

Mientras que el PSOE busca explotar al máximo la cuestión histórica, el PP cree que en absoluto les tensionará y rechaza poner ahí el foco. Normalizan la cuestión como objeto de pactos con sus socios minoritarios de gobierno en el momento de establecer las alianzas. Hay coincidencias generales entre dirección y filas inferiores: el objetivo son los distintos procesos electorales, "sin distracciones". Ya Alberto Núñez Feijóo solicitó este martes a sus barones, en la Junta Directiva Nacional, que enfrentan comicios, caso de Javier de Andrés y Alejandro Fernández, que no se pongan "techo electoral", sin exigirles la victoria, algo muy lejos por el escenario territorial, que siempre se resiste. No fue el caso de las europeas, donde aspiran a ganar, reforzarse, y se de las primeras delegaciones dentro del PPE.

El itinerario esbozado por el partido es "subir en las catalanas y las vascas", dice un barón popular, en conversaciones con este diario. Más en dos contiendas que "son determinantes" por lo que sucederá entre los partidos nacionalistas e independentistas, de si pueden o no gobernar. Pero también por el impacto que éstas y las europeas puedan generar en el PSOE. "Si Illa no gobierna, y si el PSE pierde la influencia en Palacio de Ajuria Enea", puede quedar muy tocado, afirma. Hasta el punto de no descartar convocatoria de generales. Algo que Génova, preguntado por ello, se resiste a contemplar. "Es pronto", sostienen fuentes nacionales.