Política

El PSOE propone dos años de cárcel para quien defienda el franquismo en Internet

logo
El PSOE propone dos años de cárcel para quien defienda el franquismo en Internet
Monolito en memoria de las víctimas de la represión franquista.

Monolito en memoria de las víctimas de la represión franquista. EP

Resumen:

El PSOE propone una reforma de la Ley de Memoria Histórica que castiga con multas y hasta cuatro años de cárcel a las personas que humillen a las víctimas, “enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil”.

Las condenas serán las más severas “cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas”.

El funcionario o autoridad pública que obstaculice la retirada de simbología franquista también se enfrenta a prisión e inhabilitación.

La proposición de ley establece indemnizaciones para los fallecidos o encarcelados, la disolución de asociaciones que defiendan el franquismo y obliga a los ayuntamientos a retirar símbolos de la dictadura en las iglesias.

Los socialistas proponen que la “autoridad competente del Estado” pida perdón a las víctimas y familiares del franquismo en un acto público en sede parlamentaria.

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Memoria Histórica que establece penas de cárcel de hasta cuatro años a quienes “lesionen la dignidad” de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

La proposición de ley, registrada el 14 de diciembre, promueve estas penas para las personas que “enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución”.

Las condenas serán las más severas establecidas “cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas”.

Además de las multas y la estancia en prisión, en todos los casos “se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente”.

En esas casos, “el juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido”, así como el bloqueo o interrupción del portal de internet que difunda “preponderantemente” este tipo de contenidos.

Este régimen sancionador se justifica en que, aunque el espíritu de la ley vigente se basa en unos principios humanitarios, “el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica”.

El PSOE de Pedro Sánchez propone una modificación del Código Penal para establecer estas penas como reparación a las víctimas del franquismo. Su propuesta enmienda la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 con el objetivo de situar a las víctimas como eje central de su acción. “La ley 52/2007 sigue siendo un texto plenamente válido pero quedan cuestiones pendientes en este ámbito de la protección de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo a los que esta nueva norma pretende dar respuesta”, explica el texto.

“Lo cierto es que la Ley 52/2007 fue diseñada para el establecimiento de políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática, tal y como indicaba la Exposición de Motivos del referido texto legislativo. La aproximación a esta histórica demanda carecía del enfoque preciso sobre las víctimas y de su participación activa en el diseño de esas políticas con la aportación de sus sensibilidades a la estrategia pública para afrontar sus legítimas demandas”, explica en su exposición de motivos.

Para suplir esas carencias, la propuesta de Pedro Sánchez tiene un triple objetivo: establecer un nuevo conjunto de medidas de reparación involucrando a los diferentes poderes del Estado; dotar a la ley de mecanismos que garanticen su cumplimiento y establecer el marco de participación de las víctimas en el diseño y control de las políticas públicas. En este sentido, la proposición define claramente a quién considera víctima de la Guerra Civil y el franquismo.

“Todos aquellos y aquellas, con independencia de su nacionalidad que, por su lucha por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español, hayan sufrido los mencionados daños como consecuencia de acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil española y la dictadura franquista, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”, así como sus familiares, personas a su cargo y “las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”, asegura. Quienes no lucharan por esos derechos y libertades se quedan fuera del reconocimiento público que promueve el PSOE.

La reforma modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para introducir un nuevo artículo que incluye diversos tipos penales dirigidos al castigo de las manifestaciones de odio contra víctimas del franquismo y de la Guerra Civil española, el enaltecimiento del franquismo y la ilegalización de asociaciones que realicen actos de exaltación franquista.

“Serán declaradas ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo”, establece.

La proposición de ley contempla la creación de una Comisión de la Verdad como ha recomendado Naciones Unidas para determinar las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en ese periodo, sobre todo las desapariciones forzadas. La búsqueda de los cuerpos que quedan en fosas, la creación de un banco de ADN y otro de víctimas, así como la nulidad de pleno derecho de las sanciones del franquismo ocupan buena parte del cuerpo legislativo.

La propuesta socialista hace especial referencia a la necesidad de esclarecer judicialmente los casos de 114.226 víctimas de desaparición forzada entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, y de 30.960 niños, hijos de detenidos, raptados y entregados a familias que apoyaban el régimen franquista, y cuya identidad fue cambiada en el Registro Civil.

En este sentido, mejora las prestaciones de las pensiones de orfandad, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de los viudos, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil, y establece nuevas indemnizaciones.

Quienes sufrieron privación de libertad de tres o más años de prisión podrán solicitar indemnizaciones por valor de 6.010,12 que se incrementan en 1.200 euros más por cada tres años completos adicionales. Si el causante de ese derecho hubiera fallecido y el 31 de diciembre de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta años, la indemnización corresponderá a su cónyuge.

Para las personas fallecidas “en defensa de la democracia” durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1978, la proposición de ley le reconoce una indemnización de 135.000 euros. Serían beneficiarios sus hijos, cónyuges o compañeros sentimentales y, subsidiaria y excluyentemente, los padres, nietos, hermanos y los hijos de la persona con la que convivían. El Gobierno, mediante Real Decreto, sería el encargado de determinar las condiciones y el procedimiento para la concesión de la indemnización, que debería ser solicitada en un plazo de un año tras la aprobación de esta norma. También se resarcirán los bienes incautados a las víctimas.

El documento ordena la eliminación de los símbolos franquistas en los espacios públicos y también propone cárcel para quien obstaculice esta labor. “La autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con la pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses y con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

La reforma de la ley requiere a la Iglesia Católica para la retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil en templos y cementerios, cruces de los caídos y cualquier otro lugar de su propiedad. “En el caso de que la Iglesia no cumpliera el requerimiento que se le haga en el plazo de seis meses desde su notificación será obligación del Ayuntamiento la retirada de dicha simbología a costa de aquélla”.

El uso del Valle de los Caídos también se vuelve  a regular en esta ley. “Será un lugar de información, conocimiento, identificación, dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentran allí inhumados. Dispondrá, asimismo, de una dotación económica específica a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas, previa solicitud al efecto”, establece el texto.

En esta línea, la proposición de ley aboga por trasladar los restos de Francisco Franco Bahamonde fuera del Valle de los Caídos y los de José Antonio Primo de Rivera a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia.

Como reparación oficial a las víctimas, “se convocará un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral”. El documento no aclara quién es esa autoridad competente del Estado.

Estas propuestas se completan con medidas educativas en primaria, secundaria, bachillerato y universidad; el establecimiento día 31 de octubre, fecha en la que se aprobó la Constitución , como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura; el establecimiento de lugares de la memoria con placas conmemorativas y actos de reconocimiento como homenajes públicos, construcción de monumentos y peticiones de perdón institucional.

Después de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya dejado sin efecto la Ley de Memoria Histórica al no dotarla de partidas en los Presupuestos Generales del Estado, el PSOE propone que esa dotación sea obligatoria con “consignación presupuestaria suficiente para los trabajos de localización y exhumaciones de personas desaparecidas, Banco Nacional de ADN, Censo Nacional de Víctimas, creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, funcionamiento del Consejo de la Memoria de España, resignificación del Valle de los Caídos, mapas y catálogos y demás aspectos previstos en el presente cuerpo legal”.