El PSOE fía el buen rendimiento electoral en Euskadi, cuya campaña ha empezado esta madrugada, en Cataluña y las europeas, a la defensa férrea de sus legislaciones en cuanto a Memoria Histórica y Democrática. Las territoriales, de hace un lustro, recién inaugurado el primer mandato de Pedro Sánchez. La segunda, pactada con Unidas Podemos y el resto de socios parlamentarios, incluido EH Bildu. Ello, cuando PP y Vox, tras derogar en febrero la norma autonómica en Aragón, ahora plantea lo mismo, con sus respectivos gobiernos de coalición, en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Es más, han presentado dos proposiciones de ley en las cámaras regionales para suplirlas por una ley de Concordia.

Ejemplo de la explotación de la cuestión que quiere hacer el Gobierno es la advertencia, por parte del ministro Ángel Víctor Torres, que atesora estas competencias junto a las de Política Territorial, de llevar los casos al Tribunal Constitucional. Seguro será en Aragón si no se rectifica, con el añadido de las comunidades que lideran Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco si se completa la tramitación. Sin cesar el asunto, este mismo jueves, el presidente del Gobierno, Sánchez, y el titular de Memoria han acudido al Valle de los Caídos -ahora de Cuelgamuros-. Allí, han asistido al laboratorio forense que lleva las labores de reconocimiento de los miles de cuerpos que reposan tras ser asesinados en el contexto de la Guerra Civil.

Lejos del discurso partidista, de un PSOE que busca ir con todo frente a un PP que esquiva las tensiones y un Vox que ansía capitalizarla para despuntar electoralmente, se antoja crucial conocer la diferencia que suponen uno y otro documento. En Aragón la supresión de populares, Vox y el PAR no impide que sigue rigiendo la Ley de Memoria Democrática, que es nacional. El grueso, relativo a la simbología franquista o a la actualización de fosas comunes, por ejemplo, no se verá trastocado, bajo el amparo de lo estatal. Pero sí desaparecerán las rutas de memoria de la región, el centro de investigación de esta materia, los elementos de identificación y señalización o los programas educativos en este sentido. También se verán afectadas las ayudas particulares, que dejaran de concederse. La posición del Gobierno es incorporar a la nacional, vía reforma, todo lo que se derogue a nivel regional.

Sí existe una contradicción, que es a lo que se agarra el Ejecutivo. Con el decreto de derogación, el Gobierno afirma que se "retira la condena" expresa "del franquismo" y se contraviene el artículo 3 de la norma nacional. La cual califica como "víctima" a todo perjudicado por la Guerra Civil y la dictadura. En el sexto punto del texto de derogación, PP y Vox abogan por ensanchar esta consideración de víctima al periodo republicano, que valoran de convulso.

El concepto de "víctima" y la omisión de "dictadura"

La extensión del periodo que se contemplan es similar en las propuestas de ley de Concordia de Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Que se muestran a continuación íntegramente:

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Según afirman ambos textos, hay una "idealización extrema" de la Segunda República y se remarca que se condenaban solo los crímenes del bando nacional mientras se rebajaban los del republicano. Ello reflejándose en la consideración de "víctima", dicen, solo para los segundos. Por eso, se tiene en cuenta "la violencia política ejercida" desde 1931 y se amplía el periodo ya vigente de 1939 a 1978.

En el caso valenciano, la extensión abarca hasta nuestros días y se aboga por proteger a "todas las víctimas del terrorismo". Como las de ETA, el GRAPO o el FRAP, pero también las del yihadismo. "La guerra civil nos debe enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos", recoge el texto. No obstante, tanto la como el propio Gobierno creen que es desproporcionado. Especialmente, porque ya existe una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011.

A diferencia de los vigentes, los textos propuestos eluden el concepto de "dictadura". Fuentes de Génova consultadas por El Independiente consideran que la condena del franquismo es más que evidente en las últimas décadas, y menciona que ya lo hicieron en el Congreso de los Diputados. El propio Borja Sémper, portavoz nacional del PP, mencionó el lunes, tras el Comité de Dirección del partido que "todo lo que sea ensanchar" el paraguas de protección de las víctimas es bueno. Y para acallar las dudas dijo que el franquismo "fue una dictadura". Para Torres, esta omisión es un "blanqueamiento" del franquismo.

Reconocimiento y disolución de entes de Memoria

La proposición de ley valenciana, que destaca por su corta extensión, copa varios apartados mencionando el compromiso de reconocimiento y protección de las víctimas. Pero, aunque mantiene el hilo narrativo de la actual, no menciona explícitamente que ese respaldo sea económico para la localización o la exhumación. "Se reconocen y protegen los derechos", se cita. En las vigentes, de ambos territorios, se comenta el apoyo administrativo y las ayudas a los descendientes en este sentido. Las ayudas estatales sí podrán cubrir esos trabajos, de requerirse en el caso de que, finalmente, se detalle que no se financiarán desde las autonomías.

Se suprimen los actuales órganos de coordinación y aplicación de Memoria por otros nuevos y se deja en el aire el apoyo económico expreso"

Sí hay mención explícita en la ley de Mañueco y Juan García-Gallardo: "El apoyo económico se dirigirá prioritariamente a las universidades, fundaciones y centros de estudios de concordia para la realización de investigaciones, publicaciones, eventos educativos, exposiciones y los estudios relacionados con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el proceso de transición democrática". Aunque se recalca que "se promoverá y facilitará" todas las actividades destinadas a la recuperación de víctimas. Incluido los estudios forenses y el análisis y comparativa de ADN. Por lo que se intuye que en este caso sí se financiarían.

Por otro lado, los dos grandes entes valenciano y castellano y leonés destinados a coordinar las labores de Memoria, desaparecen. Es el caso del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas; y del Consejo Técnico de la Memoria Histórica. Con carácter sustitutivo, la Generalitat plantea un nuevo ente: la Unidad Valenciana de la Concordia, igualmente adscrito a la consellería competente.

En el texto actual de Castilla y León, se muestra el apoyo institucional a entidades locales que den apoyo a la Memoria. Ese reconocimiento se mantiene siempre que éstas, "sin ánimo de lucro", garanticen "la dignidad de todas las víctimas". Lo que podría confrontar con muchas de ellas. Para coordinarlas, la Junta creará un Directorio de Entidades. También como punto de localización y encuentro entre ellas.

Hay algunas similitudes que se mantiene en la de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, como la posibilidad de una ocupación temporal de un terreno de titularidad privada para exhumaciones si no se diera permiso del propietario tras un requerimiento. Igualmente, se garantiza la protección y el acceso a la documentación relacionada con estas cuestiones, de forma libre y gratuita para todos los ciudadanos.

Individualmente, Mañueco y Gallardo abogan por mantener el mapa de fosas, que se "actualizarán". No se contempla, en su defecto, los bancos de ADN vigentes. Respecto al ámbito de la educación, en Castilla y León ahora se aboga por abordar la defensa de los derechos humanos en relación a la Guerra Civil y el franquismo. Tras su aprobación se abordaría de forma general, sin distinción. En la propuesta de ley valenciana no se menciona ya las rutas de memoria, ni la reparación de las víctimas a través de procesos judiciales y de condena, ni tampoco el recuerdo anual el 28 de marzo a ellas. Y el censo de víctimas existente pasará a ser un registro bajo "la conformidad de lo dispuesto en la disposición octava de la ley de terrorismo de 2011".