La Caja de Solidaridad ha pagado ya 13,6 millones de euros en fianzas y ayudas a los procesados por su participación en el 1-O y las protestas independentistas posteriores. Casi 250 personas han recibido apoyo económico a cuenta de las donaciones que gestionan los ex presidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach. Con una excepción: el ex conseller de Cultura y Territorio Santi Vila.

El ex mejor amigo de Carles Puigdemont en el Govern ha sido abiertamente vetado por la Caja de Solidaridad, como la misma entidad ha reconocido en twitter. «Podemos confirmar que no se abonará la reclamación de Santi Vila a cuenta de la Caixa. Gracias por vuestra paciencia», reza el mensaje.

De Gispert y Benach hicieron el pasado jueves un llamamiento al independentismo para que formalizaran nuevos desembolsos antes de este lunes, día en el que termina el plazo dado por el Tribunal de Cuentas a Carles Puigdemont para pagar la fianza de 4,1 millones de euros por la celebración del 1-O. Si no se paga la fianza, el Tribunal de Cuentas procederá a embargar el generoso sueldo de eurodiputado de Puigdemont, 105,092 euros brutos anuales, y de otra treintena de personas entre ex consellers y altos cargos de la Generalitat cuando se celebró el referéndum ilegal.

La entidad había recaudado a final de semana 800.000 euros, lejos de la cantidad exigida por el Tribunal de Cuentas. Por eso De Gispert —la ex presidenta del Parlament reprobada por insultar a Inés Arrimadas— advirtió a sus fieles de que después de la «represión judicial y policial» que se ha vivido ahora el foco se centra en la «represión económica».

Conflicto de Sixena

De hecho, la última petición de ayuda de Vila no se correspondía con la fianza del Tribunal de Cuentas, que también le afecta. Sino con la causa abierta por la negativa de la Generalitat a devolver las obras de arte sacro del Monasterio de Sijena que se encontraban en el Museo Diocesano de Lleida. Las obras se trasladaron finalmente por orden judicial aprovechando la aplicación del artículo 155 a la Generalitat.

Pero los dos consellers que durante dos años se resistieron a acatar las decisiones del juzgado de Barbastro, Santi Vila, y su sucesor, Lluís Puig, afrontan ahora una causa judicial, por la que el juzgado 3 de Huesca les ha impuesto sendas fianzas de 216.000 y 88.000 euros, respectivamente. Puig ya pagó su fianza, aparentemente gracias a la ayuda de la Caja de Solidaridad. Pero a Vila se le ha denegado esta petición de ayuda.

Al día siguiente de negar su apoyo a Vila, la Caja confirmó que apoyará también económicamente a la ex consellera fugada, y nueva eurodiputada, Clara Ponsatí. Su abogado, Aamer Anwar, ha vehiculado la través de la caja la fianza solicitada por la justicia escocesa en la causa abierta sobre su extradición.