Ni una semana. Es lo que ha durado Jorge Carlos Fernández del Valle como primera opción para coordinar la comisión de expertos sobre la explotación de menores tuteladas en Baleares. Dicha comisión ya nacía con polémica después de que el 13 de febrero el pleno aprobara su creación, echándose a la cara tanto a supuestos socios –que afeaban a los socialistas baleares no haber contado con ellos- como a la oposición, donde el PP, Llorenç Galmés al frente, lo trató de “cortina de humo” y “show mediático”. Jorge Fernández, catedrático de Intervención Social de la Universidad de Oviedo con 40 años de experiencia en protección de menores, recibió la propuesta entre el lunes 17 y el martes 18 pero no fue hasta el miércoles 19 cuando se publicó que era el elegido para coordinar dicha comisión.

El detonante de su renuncia, con el reglamento ya pactado con el Consell, fue por doble partida la publicación de un artículo difamatorio en un medio balear y sobre todo, la intervención de nuevo de Llorenç Galmés tildando de “indecencia grave” la elección del catedrático, ambas el sábado 22. Ni un día después, en la tarde-noche del domingo 23, Jorge Fernández presentaba su renuncia, conviniendo en no anunciarlo hasta el mismo lunes 24 en el que estaba previsto que el consejo rector del IMAS (Institut D’Afers Socials dependiente del Consell) hiciera público su nombramiento. En palabras del propio Jorge Fernández a El Independiente, “se han roto las reglas”. Y amplía: “En 40 años de experiencia siempre nos ha sorprendido la voluntad de los partidos para consensuar políticas relacionadas con Infancia, entre todos los signos y en todas las comunidades políticas. Hasta ahora, que parece que ya vale todo”.

En 40 años siempre nos sorprendió el consenso político relacionado con la Infancia… hasta ahora, que ya vale todo

Jorge Fernández envió a algunos medios un texto, titulado ‘Razones para una renuncia’, que han publicado entre otros ABC y Última Hora Mallorca, en el que se lamenta de que “si en la oposición balear y cierta prensa están dispuestos a llegar a esos extremos para cargarse una comisión de expertos, no habrá un minuto de paz para hacer nuestro trabajo y de mano está sentenciada”.

En la conversación con El Independiente, detalla cómo de avanzado estaba el reglamento y rechaza ningún tipo de injerencia privada o personal: “En el borrador del reglamento de la comisión ya estaba pactada una transparencia total: es decir, la comisión podría entrevistar a quien quisiera, cuando quisiera y pedir la información que considerara”. Igualmente, añade cuál era el propósito primero de dicho reglamento, “evaluar los fallos técnicos de los procesos de intervención” y no descarta que esto revelara “responsabilidades políticas”. Termina: “No dudo que el Consell haya cometido graves errores, pero no tengo ni idea dónde. Alguien debería haberse dado cuenta cuando era algo que estaba afectando a tantas niñas tuteladas, y esto es justo lo que pretendía la comisión: investigar en qué se falló”.

No dudo que el Consell haya cometido graves errores, alguien debería haberse dado cuenta cuando era algo que estaba afectando a tantas niñas tuteladas

En mitad de la tormenta de peticiones de dimisión y acusaciones de instrumentalización entre los representantes de la izquierda balear –PSIB al frente- y la principal oposición (PP, Ciudadanos y VOX), Jorge Fernández lamenta que la oposición “haya preferido posponer el estudio de cómo mejorar la atención a las menores y seguir con su batalla política, arrastrando un tema tan delicado al Parlamento dando prioridad al debate político sobre el de las medidas técnicas”. Desde que se hiciera pública la presunta violación grupal a una niña de 13 años en Nochebuena del pasado año -con investigación penal en curso- y que el IMAS reconociera 16 casos a mediados de enero, han sido dos las veces que el Consell se ha pronunciado en contra de la creación de una comisión de investigación ad hoc, cebando con ello la réplica de la oposición y proponiendo como alternativa esta comisión de expertos, que cedería la depuración de responsabilidades a las altas instancias.

Sistema fracasado y amiguismo, puntos calientes

El principal arma arrojadiza contra Jorge Fernández fue desde el comienzo que hace una década ya trabajara para Francina Armengol, entonces presidenta del Consell y hoy presidenta del Govern, cobrando 60.000 euros por el desarrollo de un sistema de evaluación y registro para educadores que trabajen a diario con menores. Este sistema llegó a tildarse de “fracasado”, asociándolo a la posterior y reiterada denuncia de casos de abusos a menores tuteladas: “Ese sistema fracasado del que se hace eco el PP, implantado en mi época anterior con Armengol, es un sistema que funciona en 9 comunidades autónomas y bajo el que hay entre 7.000 y 8.000 menores. Ayuda a los educadores a manejar información sobre los menores y evaluar los objetivos con cada uno, permitiendo desarrollar informes y planes individuales. No es un sistema para detectar o anticipar casos de abusos, por lo que no puede tener ninguna relación con los casos de las niñas tuteladas. Se ha implantado indistintamente en territorios a petición de gobiernos del PP y otros partidos”, explica Jorge Fernández.

Nunca he trabajado para las administraciones baleares por amistad con dirigentes de los gobiernos

En esas mismas informaciones que Jorge Fernández considera difamatorias, se trataba de establecer la relación entre el catedrático y Armengol, ahora presidenta del Govern, a propósito de su inminente nombramiento: “Nunca he trabajado para las administraciones baleares por amistad con dirigentes de los gobiernos, ya que ni la tengo ni la tuve con ninguno de ellos. Siempre he sido contratado a propuesta de los técnicos que conocen mi trabajo y lo aprecian. De todas, sólo conocía a Fina Santiago por una reunión de expertos hace años en Mallorca a la que asistí”.

Jorge Fernández, sin embargo, no da tanta importancia a las calumnias, “porque llevo 40 años en esto”, como al clima político que rodea a esta crisis de gobierno: “El problema es que no íbamos a poder trabajar. Teníamos en mente a otra profesional de enorme experiencia en víctimas sexuales y un reglamento pactado. Podríamos haber realizado un buen trabajo y en tiempo corto”. Ahora habrá que esperar mínimo otros 15 días para conformar de nuevo esta comisión -que además del coordinador incluye a otros seis profesionales-, a los que se dará tres meses para consolidar su reglamento.

Sesión de control accidentada

Hoy mismo Fina Santiago y Francina Armengol han vuelto a defenderse en la sesión de control del Parlament balear de las acusaciones de la oposición, una sesión caliente en la que el presidente Vicenç Thomàs ha llamado al orden a los diputados en varias ocasiones y que incluso ha contado con la irrupción de una mujer del público con una pancarta (‘Justicia para ellos’) durante una intervención de la consejera de asuntos sociales. “Nosotros no tapamos nada, no somos como ustedes”, ha respondido Armengol a Biel Company, portavoz del PP. Por su parte, la diputada popular Margalida Durán volvió a insistir en depurar responsabilidades a través de dimisiones, recurrentemente rechazadas por las aludidas.

Congreso: 190 votos en contra de investigar

La polémica ha sido elevada de nuevo a las representaciones nacionales, con el rechazo en el Congreso por 190 votos en contra y 145 a favor de la proposición no de ley planteada por Ciudadanos sobre la creación una comisión de investigación. Con los votos de PSOE y Podemos, se respondía de forma negativa por tercera vez este año a la fiscalización directa de los casos de menores tutelados abusados, así como de los organismos responsables (IMAS en primer lugar, Consell en segundo). «¿Os imagináis qué dirían hoy PSOE y Podemos si los abusos a menores tutelados se hubieran producido bajo un gobierno que no fuera suyo?», comentó Edmundo Bal (Cs) sobre la negativa de los principales partidos en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El tono ya había sido particularmente duro antes, en el pleno de control al Gobierno en el Senado, donde Pablo Iglesias calificó de “repugnante” la apreciación del PP de que esté “dando cobertura a los abusadores” al negarse a investigar los casos de explotación sexual. Lorena Roldán (Cs) también afeó al vicepresidente sus “lágrimas de cocodrilo” cuando en realidad está anteponiendo “su sectarismo” a la investigación de los abusos. Posteriormente, Iván Espinosa de los Monteros (VOX) tuiteó: «Al parecer, no es suficiente bochorno que los comunistas bloqueen la investigación sobre abusos a menores en Baleares; además en el Pleno de hoy pretenden dar lecciones citando, precisamente, a una de las ONG menos adecuadas para ello», en referencia al trabajo de Save the Children, cuyo presidente dimitió en abril de 2018 tras las denuncias por acoso sexual de varios cooperantes humanitarios de la organización desvelados por The Sunday Times.