La juez que investiga el brote de listerioris declarado el pasado verano en Andalucía y que se ha cobrado al menos cuatro vidas ha fijado a siete de los imputados (cinco personas físicas y dos jurídicas) una fianza civil de cinco millones de euros, cifra que representa 16 veces el importe que cubre la póliza de seguro de responsabilidad civil que tenía contratada la compañía responsable del contagio (Magrudis SL).

En un auto fechado este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla accede a la petición que habían formulado varias acusaciones personadas en las actuaciones a fin de asegurar la posible responsabilidad civil en caso de que los investigados terminen siendo condenados cuando se enjuicien los hechos en el futuro. De momento, la instrucción puede prolongarse hasta febrero de 2021.

De los cinco millones, la mayor cuantía corresponde al coste que ha supuesto para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) la atención sanitaria a las decenas de personas que requirieron cuidados hospitalarios tras el consumo de la carne mechada y de otras elaboraciones comercializadas por Magrudis con listeria. La Junta de Andalucía lo ha cifrado en 3.428.663,02 euros.

En su auto, la magistrada Pilar Ordóñez detalla que la póliza de responsabilidad civil que tenía contratada Magrudis alcanzaba tan sólo los 300.000 euros, ya consignada en el juzgado que instruye este procedimiento penal.

La cantidad fijada por la instructora es provisional, dado que no han sido cuantificados todavía los gastos ocasionados tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a los servicios sanitarios de otras comunidades que también prestaron atención a personas que resultaron contagiadas. La cuantía es cinco veces superior a la que solicitaba la Fiscalía.

Para establecer el importe, la juez ha tenido en cuenta el número de víctimas mortales derivadas del delito investigado (al menos cuatro), las mujeres que abortaron (seis) y que "constan" que más de 200 personas resultaron afectadas por listeriosis por el consumo de productos de Magrudis.

La juez fija una fianza de cinco millones a siete imputados para asegurar su responsabilidad en caso de que sean condenados en el futuro

De momento, por los cinco millones de euros no tendrán que responder todos los investigados que acumula ya la causa, sino cinco personas (José Antonio M.P., Sandro José M.R., Mario M.R., Encarnación R.J. e Isabel M.R.) y dos empresas (Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL).

La instructora considera "indudables" los indicios delictivos de estos siete imputados, a los que considera responsables criminales de un posible delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia y seis delitos de aborto por imprudencia. Queda por determinar cuántos delitos de lesiones por imprudencia se habrían cometido.

"Con estas medidas cautelares se pretende, por tanto, asegurar los efectos económicos del proceso penal, quedando así aseguradas durante la tramitación de la causa, que ha sido declarada compleja, las obligaciones de reparar e indemnizar los efectos del delito", razona Ordóñez. Ésta advierte de que, si los imputados no prestan fianza bastante para cubrir dicho importe, le serían embargados bienes "de forma inmediata" hasta cubrir dicha cuantía.