Política

El portavoz del sindicato policial UFP pide a la juez ejercer la acusación contra su líder

Serafín Giraldo ya ha depositado una fianza de 1.000 euros para ser parte en el procedimiento en el que se investiga a Víctor Duque por cargar a la organización gastos sin aparente justificación sindical, como consumiciones en pubs los fines de semana

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El portavoz del sindicato policial UFP pide a la juez ejercer la acusación contra su líder
De izquierda a derecha, Manuel Gutiérrez Teba, Serafín Giraldo, José Manuel Heredia, Juan Verdugo y Víctor Duque, en un acto del sindicato.

De izquierda a derecha, Manuel Gutiérrez Teba, Serafín Giraldo, José Manuel Heredia, Juan Verdugo y Víctor Duque, en un acto de la UFP.

Resumen:

Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policia (UFP) y miembro del comité ejecutivo como secretario de Comunicación, ha pedido a la juez que investiga al líder de su organización por desviar fondos presuntamente para su uso personal que le permita la personación en el caso para ejercer la acusación contra Víctor Duque como perjudicado por su gestión al frente del sindicato.

Según ha podido conocer El Independiente, Giraldo registró un escrito el pasado 2 de enero en el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid en el que pide ser parte en el procedimiento que tramita la magistrada Rosa María Freire contra Duque y su número dos -José Manuel Heredia, secretario de Organización y Finanzas- por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El líder del sindicato cargó durante años a tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización numerosos gastos en marisquerías, asadores, pubs y centros comerciales -muchos durante los fines de semana y sin aparente justificación sindical- considerados «excesivos» por la Fiscalía. También se investigan pagos a una web de contactos desde una tarjeta de la UFP.

Junto al todavía secretario de Comunicación, también ha pedido la personación en la causa Manuel Gutiérrez Teba, secretario de Acción Sindical y Riesgos Laborales de la UFP hasta el pasado verano y que dimitió en plena investigación a los dos máximos responsables del sindicato. Reincorporado al servicio activo tras su liberación sindical, hoy ejerce en una comisaría local del Sur de Madrid.

En una providencia fechada el 26 de febrero, la juez ha concedido un plazo de diez días a Giraldo y Gutiérrez Teba para que justifiquen el perjuicio que les ha ocasionado la gestión de Duque y Heredia al frente del sindicato -responsabilidad que siguen desempeñando- antes de decidir si los acepta como acusación particular en el procedimiento. Según las fuentes consultadas por este diario, la instructora da este paso después de haber fijado en 1.000 euros el importe de la fianza y de que aquéllos hayan depositado ya el dinero, de lo que cabe inferir que es proclive a que los dos afiliados se personen en las actuaciones.

Serafín Giraldo ha depositado ya 1.000 € para ser acusación particular en el caso en el que se investiga a Víctor Duque por cargar a la UFP gastos propios

La petición de tomar parte en la causa se producía justo un mes después de que la juez anunciara la imputación de Juan Verdugo, ex secretario coordinador de los vocales de la UFP en el Consejo de Policía y jubilado desde el verano de 2019. Verdugo fue precisamente la persona que, el 26 de abril de 2018, presentó la denuncia que ha dado pie a las actuaciones que instruye la magistrada Rosa María Freire: el sindicato acusaba a la ex pareja sentimental de Víctor Duque de cargar a una cuenta de la organización los servicios telefónicos de su domicilio particular por importe de 1.083,67 euros.

El pasado 2 de diciembre, a los 18 minutos de empezar, la instructora interrumpió la comparecencia en la que Juan Verdugo declaraba como testigo para anunciarle que lo citaría en calidad de investigado, a fin de no vulnerar sus derechos y de que pudiera estar asistido por su abogado. Fue después de que el ex sindicalista reconociera que, si bien no tenía autorización para disponer del dinero en las cuentas de la UFP -facultad reservada exclusivamente a Duque y Heredia-, las decisiones «en muchísimas ocasiones» las tomaban los cinco miembros que integraban el comité ejecutivo federal.

El testigo que salió imputado

Por las manifestaciones que estaba realizando, la juez interpretó que el ex integrante del comité ejecutivo podría haber sido cooperador necesario de los delitos investigados y suspendió la declaración. Ya con la condición procesal de imputado, Verdugo ha sido citado a comparecer el próximo 17 de marzo.

Juez.-El comité revisor de cuentas dice que nunca vio delante suya ningún recibo, ni ninguna factura. Y que lo que se le pasaba era una relación de ingresos o gastos o bien el plan contable por parte del comité ejecutivo federal. ¿Esto lo sabía usted?
Juan Verdugo.-Sí, claro. Era de esa manera.

J.-Le estoy preguntando que quién controlaba que las facturas se correspondiesen con los gastos adecuados.
J.V.-El secretario de Finanzas.

J.-El secretario de Finanzas. O sea, era Heredia el encargado de controlar que los gastos tenían su justificación, ¿verdad?
J.V.-Claro.

J.-¿Y quién controlaba a Heredia?
J.V.-El comité ejecutivo.

Al reconocer que él formaba parte del comité ejecutivo y que éste órgano «controlaba» a la persona que tenía bajo su responsabilidad las cuentas del sindicato, la juez paró la declaración para comunicarle que le citaría como investigado y «quizás» -según dijo- a los otros dos vocales ya «identificados» al haber prestado declaración judicial ante la Policía.

Se refería a Serafín Giraldo y a Manuel Gutiérrez Teba, los dos afiliados que han pedido personarse en el caso para ejercer la acusación particular. A preguntas de este diario, el secretario de Comunicación de la UFP ha excusado hacer declaraciones.

Tres de las cinco personas que integraban el comité ejecutivo federal han sido ya imputados en esta causa

Con la citación de Verdugo, la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid trataba de delimitar quiénes eran los responsables y qué criterio se seguía en el sindicato para gastar el dinero, ante los indicios que apuntan a que el secretario general cargó a las cuentas de la organización gastos completamente ajenos a la actividad sindical.

En este sentido, antes de suspender la declaración, la juez había preguntado al testigo si la UFP disponía de un «protocolo o código ético» que guiara la actuación a la hora de gastar los recursos. De forma más concreta, la magistrada le preguntó si se podían «comprar regalos» o si «es una acción sindical» las invitaciones en «fiestas con alcohol». «Protocolo, que yo sepa, no existe», respondió sin rodeos Verdugo.

Como informó este diario, entre los gastos abonados por la UFP que han llamado la atención de los investigadores policiales tras analizar los movimientos de las tarjetas bancarias del sindicato figuran numerosos pagos realizados los sábados y domingos en bares, restaurantes y pubs de Algeciras, donde el líder del sindicato tiene su domicilio familiar. Víctor Duque reside en Madrid «de lunes a viernes» en un piso alquilado por la organización, según respondió a la juez cuando prestó declaración como imputado el 10 de octubre de 2018.

Subvenciones de Interior

UFP es una de las cinco organizaciones con representación en el Consejo de Policía (donde tiene un vocal), lo que le permite recibir dinero del Ministerio del Interior para financiar su actividad sindical. Es por lo que la instructora aprecia que Víctor Duque y José Manuel Heredia han podido cometer un posible delito de malversación de caudales públicos.

De acuerdo con la información que se detalla en la base de datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, la UFP ha ingresado sólo en los últimos cuatro años 161.761,52 euros por este concepto, al margen de las cuotas de sus afiliados y de la actividad en materia de formación. El desglose es el siguiente: 47.072,41 euros en 2016, 36.942,04 euros en 2017, 45.902,05 euros en 2018 y 31.845,02 euros en 2019. 

La Dirección General de la Policía ha eludido por ahora adoptar algún tipo de medida cautelar contra el secretario general de la UFP a la espera de que avance la investigación judicial y se determine si ha existido el «desvío» de fondos que aprecian los investigadores.

Los dirigentes territoriales críticos, expulsados

Quien sí tomó medidas fue el comité ejecutivo federal del sindicato al aprobar la propuesta de expulsión formulada por los instructores del procedimiento disciplinario abierto contra los tres tres secretarios regionales de la organización (Baleares, Cataluña y Murcia) que pidieron públicamente la constitución de una gestora. Fue tras conocerse que el secretario general de la UFP estaba siendo investigado por desviar fondos para su uso personal.

José Evaristo Búrdalo (Baleares), Isabel Rodríguez (Cataluña) y Manuel Calle (Murcia) difundieron dos comunicados en los que denunciaban la «situación de caciquismo» existente en la UFP y la opacidad del comité ejecutivo federal al negarse a presentar el estado de cuentas para poder conocer la gestión económica, al tiempo que instaron sin éxito el apoyo de otros comités provinciales y regionales para forzar la celebración de un congreso extraordinario y renovar la dirección. Hoy están fuera del sindicato pero ejercen la acusación popular en el procedimiento por el que está imputada la cúpula de la organización sindical.

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