PolíticaESCÁNDALO EN EL SINDICATO POLICIAL

Expedientan a tres dirigentes regionales de la UFP por denunciar el “caciquismo” del líder

Los máximos responsables de la organización en Baleares, Cataluña y Murcia se enfrentan a la expulsión por exigir la dimisión de la dirección que encabeza Víctor Duque, investigado por malversación de caudales públicos y apropiación indebida

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Expedientan a tres dirigentes regionales de la UFP por denunciar el “caciquismo” del líder
Víctor Duque (derecha) junto a los integrantes de su ejecutiva Juan Verdugo (centro) y José Manuel Heredia.

Víctor Duque (derecha) junto a los integrantes de su comité ejecutivo Juan Verdugo (centro) y José Manuel Heredia. UFP

Resumen:

La dirección de la Unión Federal de Policía (UFP) ha promovido la apertura de un expediente disciplinario a los secretarios regionales en Baleares, Cataluña y Murcia por pedir la dimisión inmediata del comité federal y la constitución de una gestora ante las sospechas de que el líder del sindicato, Víctor Duque, desvió fondos para su uso personal.

En caso de que los instructores consideren que han ocurrido en una falta muy grave, los tres afiliados podrían ser expulsados de la organización.

La instrucción de los expedientes se produce mientras avanza la investigación judicial contra Duque y su ‘número dos’ por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida y en la que los expedientados ejercen la acusación popular.

La dirección de la Unión Federal de Policía (UFP) ha promovido la apertura de un expediente disciplinario a los tres secretarios regionales de la organización (Baleares, Cataluña y Murcia) que han pedido públicamente la dimisión inmediata del comité federal y la constitución de una gestora ante las sospechas de que el líder del sindicato, Víctor Duque, desvió fondos para su uso personal. La medida puede desembocar en la expulsión de estos afiliados ‘díscolos’.

El pasado 13 de noviembre, el comité jurisdiccional de la UFP acordó abrir expedientes a los máximos responsables del sindicato en Baleares (José Evaristo Búrdalo), Cataluña (Isabel Rodríguez) y Murcia (Manuel Calle) por la difusión días antes de dos comunicados en los que denunciaban la “situación de caciquismo” existente en la organización y la opacidad del comité ejecutivo federal al negarse a presentar el estado de cuentas para poder conocer la gestión ecónomica, al tiempo que instaban el apoyo de otros comités provinciales y regionales para forzar la celebración de un congreso extraordinario y renovar la dirección. La incoación de los expedientes se lleva a cabo al entender que esos escritos pueden generar “descrédito y perjuicio” a todo el sindicato.

En esas notas, los citados dirigentes territoriales también anunciaban que se habían personado como acusación popular en el procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, que investiga a Víctor Duque y a su número dos -José Manuel Heredia, secretario de Organización y Finanzas- por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El comité jurisdiccional adoptaba la decisión de abrir estos expedientes disciplinarios cinco días después de que el comité ejecutivo federal -con la presencia de Duque y Heredia, entre otros- acordara darle traslado de los dos comunicados “a los efectos estatutarios previstos”, según se detalla en el acta de la citada reunión. La dirección daba este paso tras recibir un escrito del secretario regional de Madrid solicitando dicha medida y que contaba con el apoyo de las territoriales de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra, Valencia, Ceuta, Melilla y la provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Los dirigentes del sindicato en Baleares, Cataluña y Murcia se enfrentan a la expulsión por denunciar el “caciquismo” del líder

En un comunicado, estas direcciones regionales han censurado la “inquina personal” de Búrdalo contra Víctor Duque y han denunciado la “actitud antidemocrática” del máximo responsable del sindicato en Baleares, al que acusan de no respetar el derecho a la presunción de inocencia.

“En este país y en esta organización no necesitamos de cánceres internos que, fruto de su frustración por no contar con la mayoría necesaria, se dedique a distorsionar el trabajo y la imagen de muchos compañeros que se dedican a la labor policial y además tienen un compromiso sindical”, argumentaban.

El comité jurisdiccional ha designado ya a los instructores del procedimiento -Susana Corrales (instructora) y José María Delgado (secretario)- y se ha citado ya como “inculpados” a los tres afiliados para tomarles declaración, según ha podido conocer este diario.

Los instructores tendrán que determinar ahora si el contenido de los comunicados es merecedor de que se adopten medidas disciplinarias, según prevé el artículo 24 de los estatutos de la UFP. La citada norma califica como “falta muy grave” cualquier acto que “dañe la imagen, la dignidad y los intereses” del sindicato y “organizar o participar en corrientes organizadas orientadas a socavar la unidad de la organización o que atenten contra la dignidad y honorabilidad de los representantes legalmente elegidos”.

Será el comité ejecutivo federal, del que forman parte los dos investigados, el órgano que resuelva si se impone o no sanción a los tres afiliados

En el caso de las faltas muy graves, el régimen sancionador de este sindicato prevé dos castigos: la expulsión y pérdida de afiliación y la suspensión definitiva de los cargos o responsables de un órgano.

Será el comité ejecutivo federal, del que forman parte los dos investigados, el órgano que tendrá que “resolver definitivamente” sobre la propuesta de imposición de sanción o no tras la propuesta que por acuerdo mayoritario eleve el comité jurisdiccional. Es el procedimiento que los estatutos de este sindicato policía marca en su artículo 29.3.

La instrucción de este expediente sancionador se produce mientras la juez Rosa María Freire avanza en la investigación por la gestión económica realizada por Víctor Duque al frente de la Unión Federal de Policía, cargo al que llegó a finales de 2014 tras haber llevado las riendas del sindicato en Andalucía. La Fiscalía considera “excesivos” e “injustificados a lo largo del tiempo” los gastos cargados a las tarjetas de la organización, por lo que sospecha abiertamente que el dirigente sindical desvió fondos para su “utilización particular y privada”.

“Subvertir el orden” del sindicato

Cuando este diario le ha preguntado, el secretario general de la UFP siempre ha mantenido que todos los gastos están “perfectamente justificados” en la contabilidad y que “no ha habido ánimo de ocultación”, achacando la denuncia de los líderes del sindicato en Baleares, Cataluña y Murcia a una estrategia para intentar “subvertir el orden de la organización”.

Con unos 9.800 afiliados, la UFP es el tercer sindicato de la Policía Nacional con mayor masa social. Además de las cuotas, la organización se financia con la subvenciones que otorga cada año el Ministerio del Interior. En concreto, percibió por este concepto 78.499,67 euros sólo entre 2016 y 2017.

La Dirección General de la Policía no ve motivos para actuar

“Por ahora nada que aportar”. La Dirección General de la Policía no se plantea en este momento la adopción de medida cautelar alguna contra el secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Víctor Duque, investigado por un juzgado de Violencia sobre la Mujer y otro de instrucción.

El Independiente ha querido conocer si el cuerpo policial que dirige Francisco Pardo Piqueras piensa tomar alguna medida a raíz de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid por malversación de caudales públicos y apropiación indebida, como la eventual congelación de la subvención que el Ministerio del Interior concede anualmente a todos los sindicatos con representación en el Consejo de Policía en proporción al número de afiliados ante las sospechas de irregularidades en la gestión económica de Duque que la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Brigada Provincial de Policía Judicial está poniendo de manifiesto en sus informes. La ayuda que le corresponde a la UFP ronda los 40.000 euros al año.

“Lo primero es confirmar ese desvío”, ha zanjado de forma sucinta un portavoz oficial del Cuerpo Nacional de Policía, dejando claro que no tomarán ninguna decisión a la espera de que avance la investigación que dirige la magistrada Rosa María Freire. Como viene informando este diario, el máximo dirigente de la UFP ya ha prestado declaración como imputado ante la instructora, que, en contra del criterio de la Fiscalía, rechazó retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer en el juzgado cada dos semanas.