Política

Junqueras estrena permiso, pero ERC avisa que eso no soluciona el conflicto

Oriol Junqueras llega al Parlament acompañado de Roger Torrent. EFE

Oriol Junqueras podría abandonar hoy la prisión de Lledoners por primera vez para trabajar como profesor asociado en la Universiad de Vic, después de que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario acordara la semana pasada concederle el permiso de salida para trabajar acogiéndose al artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Será el séptimo de los condenados por el 1-O que se acoja a esta medida, de la que ya solo están pendientes los ex consellers Josep Rull y Jordi Turull. Con ellos se completará el camino ideado desde la Conselleria de Justicia, en manos de la republicana Ester Capella, para aligerar al máximo el cumplimiento de la sentencia del procés por el que estos nueve procesados por el Tribunal Supremo fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión.

Junqueras podrá abandonar la prisión de Lledoners tres días por semana, de lunes a viernes, durante seis horas. Un permiso que de nuevo ha sido respondido por la Fiscalía, contraria a la concesión generalizada de permisos penitenciarios que ha definido como «un tercer grado encubierto».

Desde Esquerra han evitado confirmar esta salida y reclaman respeto a la intimidad de su presidente en su primera salida de prisión desde que compareció ante la comisión del 155 del Parlament. Ayer le precedió Raül Romeva, cuyo permiso se acordó en la misma reunión de la Junta de Tratamiento, para iniciar sus colaboraciones con una entidad privada evaluando el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Dayton, que pusieron fin a la Guerra de Bosnia, en su 25 aniversario.

Reforma del Código Penal

Más allá de los permisos concedidos, tanto desde Esquerra como desde los Comunes confían en acortar las penas de prisión gracias a la reforma del Código Penal prometida por la coalición de Pablo Iglesias y Ada Colau para rebajar las penas asociadas al delito de sedición, por el que fueron condenados a prisión Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Una propuesta que desde las elecciones del 10N ha abanderado especialmente el líder de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, y que el PSOE ha aceptado ya como una vía para rebajar la tensión política en Cataluña.

Así lo plantearon los socialistas en la primera reunión de la Mesa de diálogo Gobierno-Generalitat estrenada el pasado miércoles en la Moncloa. Los socialistas ven la rebaja de penas como la opción más aceptable políticamente hablando para permitir la salida definitiva de Junqueras y el resto de los condenados de prisión, solucionando así una «situación dolorosa» que a su juicio -y el de Podemos- bloquea la negociación con Esquerra para reconducir la negociación catalana.

Desde el independentismo catalán, sin embargo, ya les dejaron claro el miércoles que confían en ver salir a sus compañeros de prisión antes de que se cumplan las penas impuestas por el Tribunal Supremo, pero eso «no soluciona el conflicto». En otras palabras, que la puesta en libertad de Junqueras es condición necesaria pero no suficiente para solucionar el problema catalán porque «seguirá habiendo dos millones de personas pidiendo un referéndum de independencia».

El Gobierno prepara la salida

Ayer, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, insistió en esta idea y aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando de manera «discreta» para permitir la libertad de los líderes independentistas encarcelados. Albiach se refería de nuevo a la reforma del delito de sedición, que también ha defendido el líder del PSC, Miquel Iceta.

«Yo sé que ahora mismo se está trabajando desde el Gobierno de manera discreta para ver cómo se puede conseguir de la manera más rápida y más eficaz la libertad de los presos y las presas políticas, y se está trabajando en la reforma del delito de sedición», aseguró Albiach en declaraciones a TV3.

La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, agradeció el «esfuerzo» pero advirtió de que ese no es el objetivo de la negociación abierta con el Gobierno. «El objetivo es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación», esto es, la celebración de un referéndum de independencia, advirtió la republicana.

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