Política

El Gobierno vuelve a eludir la Constitución en el posible acuerdo con la Generalitat

Pedro Sánchez y Quim Torra, en Moncloa. EFE

Consolidar la Mesa de diálogo con el Gobierno con la autodeterminación y el «conflicto político» como único menú de ese diálogo eran los objetivos de la Generalitat -el primero en realidad solo de Esquerra, el segundo mucho más importante para JxCat-. Tres horas de reunión después, la delegación catalana salía de Moncloa con la convicción de haber conseguido el primero y acercarse de momento al segundo. El comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos devolvía a la dialéctica de Pedralbes, volviendo a eludir el marco constitucional en su redactado para aludir a una genérica «seguridad jurídica» en la que todos se encuentran cómodos.

Y garantizaba la continuidad de la Mesa con la promesa de reuniones mensuales entre delegaciones «más reducidas» que Pedro Sánchez y Quim Torra definirán antes del próximo encuentro, según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Durante el encuentro se han comprometido también, ha reconocido Montero, a que los presidentes y vicepresidentes se reúnan semestralmente con la Mesa «ampliada», esto es, integrada por las quince personas que se reunieron ayer alrededor de la mesa de cristal de la Sala Tapies de la Moncloa. Aunque este acuerdo, reconocido por Montero, no se ha plasmado en el comunicado conjunto posterior. El horizonte electoral en Cataluña, donde Torra se comprometió a convocar elecciones tras la aprobación de los presupuestos catalanes, hace que esta previsión sea poco realista.

Nadie olvida, sin embargo, cuales fueron los detonantes de la ruptura hace un año, tras la reunión de Pedralbes: la exigencia del relator y el portavoz de ERC a los Presupuestos Generales. Doce meses y cuatro convocatorias electorales después volvemos al mismo punto de partida. El PSOE sigue dependiendo de Esquerra para aprobar sus cuentas y cualquier otra medida que aspire a sacar adelante en un Congreso en el que Vox se ha erigido en tercera fuerza. Y Esquerra sigue sometida a la presidencia de Quim Torra en la Generalitat, que no está dispuesto a soltar tan alegremente como parecía el poder, convocando elecciones.

En este contexto, tanto Torra como la portavoz María Jesús Montero han destacado la importancia de este primer encuentro, y sobre todo, la consolidación que supone haber pactado reuniones mensuales para mantener vivo este diálogo. Tras el encuentro, el vicepresidente y líder de ERC, Pere Aragonés, insistía en ello: «pese a que parecía imposible, la mesa de negociación ha arrancado, ahora hay que seguir avanzando». Y el líder del PSC, Miquel Iceta, abundaba en la idea: «acaban siete años sin diálogo político entre gobiernos. El camino será largo y difícil pero hoy empezamos a caminar».

El marco de la seguridad jurídica

El comunicado hecho público tras el encuentro, medido al milímetro, concluye con el compromiso de que «cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica». Una expresión que permite al PSOE defender que se refiere a la Constitución sin mencionarla, porque seguridad jurídica en España es sinónimo de marco constitucional, defienden los socialistas. Pero los independentistas consiguen eliminar de la ecuación el argumento jurídico principal para negar un referéndum de autodeterminación: el artículo dos de la Constitución, que consagra «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

En su comparecencia posterior, Quim Torra defendió además otra condición necesaria para la futura solución al conflicto catalán, que se trate de una «solución democrática», el eufemismo independentista para hablar de un referéndum de independencia. Aunque esa referencia a la «solución democrática» no aparece en el redactado del comunicado, que sí recoge que el encuentro «ha servido para sentar las bases del diálogo, abordando algunos aspectos metodológicos, y para constatar la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política».

No al mediador

Se mantiene sin embargo el desencuentro sobre el mediador, esa figura que Torra defiende como imprescindible con todo el apoyo de JxCat y las reticencias de Esquerra, que siguió a su socio en esta exigencia a regañadientes, pero no se atrevió a votar en contra en el Parlament. Fue la piedra en el zapato tras la reunión de Pedralbes, inicialmente aceptada por Carmen Calvo, rechazada después cuando la oposición la convirtió en piedra de toque contra Sánchez.

Es la única exigencia «metodológica» con la que el Gobierno se ha mantenido firme en el no, después de aceptar que Torra y Sánchez encabezaran la primera reunión tras haberse visto ya en el Palau de la Generalitat, de aceptar cambiar de día y ampliar las delegaciones, y de fijar hoy un calendario más que ambicioso de encuentros mensuales. Pero Torra ya ha amenazado con volver a votar esta exigencia en el Parlament, sometiendo la continuidad de la Mesa a su aceptación por parte del Gobierno, para volver a poner a Esquerra contra la pared. Será la siguiente batalla, en la carrera de obstáculos en la que amenaza con convertirse la Mesa.

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