Política

Las imágenes del encuentro de Ábalos y Delcy Rodríguez siguen en Aena en lugar de en manos de la Justicia

El juez Antonio Serrano Arnal sólo ha practicado una diligencia para avanzar en la investigación desde principios de febrero

Marlaska y Ábalos en la sesión de control en el Congreso. EFE

Pasan las semanas y la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid sobre el encuentro en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana que tenía prohibido entrar en territorio europeo por vulnerar derechos humanos, apenas avanza.

Después de las denuncias registradas ante la Justicia ordinaria por el Partido Laócrata, Partido Popular y Vox por si el encuentro acarreó delitos de prevaricación de los funcionarios públicos que lo permitieron desde sus responsabilidades, el titular del juzgado Antonio Serrano Arnal se encarga de la investigación. Asumió la denuncia del PP admitida previamente por el juzgado número 47 de Madrid, que acordó que Aena no destruyera las imágenes del encuentro, como solicitó la formación política.

En la querella presentada por Partido Laócrata se pedía, entre otras diligencias, que «se de orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el aseguramiento y custodia de las grabaciones» de todas las cámaras de seguridad del aeropuerto, pero en especial las que aparecieran Rodríguez y Ábalos y su incorporación a la causa judicial.

Sin embargo, desde que a principios de febrero se presentaron las denuncias y se fundieron en el juzgado 31, el instructor únicamente ha acordado una diligencia de investigación: solicitar al Ministerio del Interior el protocolo del aeropuerto de Barajas en vuelos internacionales y que indique «qué funcionarios fueron los encargados de cumplimentar las directrices que tiene el aeropuerto de Barajas en materia de pasajeros de vuelos internacionales», como solicitó también el Partido Laócrata. Ni se ha citado a declarar a los funcionarios policiales del aeropuerto, ni a los trabajadores de las empresas de seguridad de la Sala VIP donde se produjo el encuentro ni se ha requerido documentación de los vuelos.

Las personaciones y fianzas

Mientras tanto, y los denunciantes ya comienzan a verlo como una especie de estrategia de distracción, el juzgado puso fianzas económicas para ejercer la acusación popular que éstos no pueden asumir. En el caso del Partido Popular, asciende a 40.000 euros. Una cifra que el juez ha fijado después de impedirle ejercer la acusación si no presentaba sus cuentas ni querella. Una decisión por medio de auto que el partido político ha recurrido.

Los Laócratas también han recurrido la fianza de 5.000 euros impuesta por el juzgado para ejercer la acusación popular y este jueves el juez solicitaba al Ministerio Público que informe sobre si corresponde rebajarla o no.

Mientras tanto, los denunciantes recuerdan que el instructor podría estar practicando diligencias de investigación aunque aún no haya acusaciones populares personadas, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

El Supremo no se pronuncia

Por otro lado, Partido Laócrata y Vox también presentaron querella ante el Supremo directamente contra José Luis Ábalos por un presunto delito de prevaricación por su condición de aforado.

La Sala Penal del Alto Tribunal dio este miércoles ocho días a Partido Laócrata para que presente una fianza de 12.000 euros y poder personarse como acusación popular. Una fianza que también recurrirán según adelantan a este diario.

Tanto la Fiscalía del alto tribunal como la propia Sala Penal que debería encargarse de la investigación prefiere esperar a que avance la investigación por la vía ordinaria para después ver si conviene o no abrir una investigación contra Ábalos según los indicios que se encuentren en la primera, según publicó este jueves El País.

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