El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha alertado este martes, durante la rueda de prensa diaria para informar de la evolución del coronavirus en España, de que pacientes ingresados están abandonando hospitales sin el alta de un médico.

Según fuentes policiales, los casos se habrían dado en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y en el Hospital de Benidorm (Alicante).

Una actuación «irresponsable» que trae además, según ha manifestado González, «un problema muy grave para su localización y trazabilidad» por parte de la Policía, que estos días ha tenido que seguir los medios de transporte que tomaron estas personas, después de las denuncias médicas, para encontrarles.

Durante su comparecencia, el comisario principal sólo ha deslizado que se trata «de varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales, que sin darles el alta ningún médico, han abandonado los mismos».

La Fiscalía se ocupará del caso de 3 pacientes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que se estudiará «decididamente» la responsabilidad, incluida la penal, de los tres pacientes ingresados por coronavirus que «abandonaron de forma indebida, negligente e imprudente» el hospital en el que estaban ingresados y de la que se dará traslado a la Fiscalía.

En una rueda conjunta con la ministra de Industria, Reyes Maroto, el titular de Interior se ha referido este martes a este episodio, que ha tenido lugar en la localidad madrileña de Leganés, donde dos pacientes se escaparon del hospital, y en Benidorm (Alicante), en el caso del tercero.

«Se va a estudiar decididamente la responsabilidad» de esta conducta, ha señalado el ministro, que ha añadido que se dará traslado a la Fiscalía para «que sea ésta quien defina si puede haber responsabilidad en el ámbito penal».

Pero, independientemente de si pueden haber cometido algún delito, ha explicado Marlaska, estas personas «serían» sujetos a una sanción administrativa en virtud del artículo 7 del real decreto que introdujo el estado de alarma en el país, por el que se limita la libertad de circulación de los ciudadanos.

El ministro ha destacado la «gravedad» de esta conducta, dado que «pone en peligro la salud pública» de los ciudadanos, porque los pacientes son conscientes de que han dado positivo por COVID-19.

Marlaska ha asegurado que la Policía Nacional ya ha actuado para que estas tres personas volviesen a ingresar en los centros hospitalarios y que se han tomado las medidas «necesarias y precisas para garantizar que no reiteren dicho comportamiento»

Sanciones de hasta 60.000 euros

El Real Decreto del estado de alarma prevé multas de entre 600 y 30.000 euros para quienes incumplan las medidas impuestas con éste, principalmente a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y los delitos previstos entre el artículo 550 y el 556 del Código Penal, por resistencia a la autoridad.

Sin embargo, la Ley Orgánica 4/1981 que contempla el estado de alarma también permite remitirse a las leyes vigentes para castigar otras actuaciones, como las que pongan en riesgo la salud de la población.

En este caso, los comportamientos de los que la Policía alerta en los últimos días podrían encuadrarse en delitos contra la Salud Pública.

Según la Ley 33/2011 de Salud Pública se podrá castigar con multas que van de los 3.000 a los 60.000 euros las «conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave»

Éstas se incrementarán a entre 60.001 euros hasta los 600.000 si son «conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población» o si se da un «incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud».