El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha achacado a «limitaciones informáticas» el desajuste entre los datos oficiales de fallecidos por coronavirus en Castilla-La Mancha ofrecidos por el Ministerio de Sanidad y los manejados por la Justicia de dicha región, un 70% superiores.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes sus datos, basándose en la información aportada por los registros civiles de cada provincia. Según estos, el número de fallecidos por coronavirus o posible coronavirus en la región hasta el 5 de abril fue un 69,7% superior al dato oficial proporcionado por Sanidad, pasando de los 1.132 fallecidos oficiales registrados a los 1.921 según las licencias de enterramiento solicitadas.

Teniendo en cuenta el último dato ofrecido por el Gobierno de Castilla-La Mancha a 31 de marzo, que fue de 774 fallecidos, el porcentaje se incrementa un 148%.

Preguntado por la televisión pública regional CMM Media en rueda de prensa sobre cómo va a modificar dicho cómputo el Gobierno y si el desajuste se está dando en otras comunidades autónomas, el ministro Campo ha afirmado que el sistema informático de registro Inforeg tiene «algunas limitaciones» y se están «corrigiendo diariamente dichas discrepancias para, mañana mismo, tener el dato contrastado».

Campo ha explicado que los registros civiles, que se consideran servicios esenciales, registran «no sólo las defunciones extraordinarias por coronavirus, sino también las ordinarias, por lo que la causa del fallecimiento a veces ni siquiera se registra con nitidez».

Resolución del sábado para «afinar» el número

En este sentido, Campo ha recordado (sin descartar que dicho desajuste haya ocurrido en otras comunidades) que Justicia ha dictado resoluciones con las que se persigue «afinar» el número oficial de defunciones por Covid-19, así como que el horario de los registros civiles se ha ampliado durante la pandemia para poder expedir licencias de enterramiento prácticamente las 24 horas.

Precisamente este sábado, 4 de abril, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para centralizar los datos de fallecimientos en la que se reconocía que no está siendo posible actualizar la plataforma Inforeg por «el aumento del número de defunciones y la reducción del personal en los registros civiles».

En la citada resolución se acordó que: «Todos los registros civiles, tanto exclusivos como con competencias en otras materias, así como los registros civiles de los Juzgados de paz, remitirán a esta Dirección General a la dirección de correo (x), una vez finalizada su jornada laboral, una relación en la que conste el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual».

La resolución pública, consultada por El Independiente, también decía lo siguiente: «Se hace preciso, para poder ser eficaces en la lucha contra esta pandemia, tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen, datos que deben conocerse con el mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad, una vez comprobado que por el aumento del número de defunciones y la reducción del personal en los registros civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma Inforeg«.

«Esta Dirección General es consciente del enorme esfuerzo que están realizando los Encargados, los Letrados y los funcionarios de los distintos registros civiles, habiéndose configurado la Oficina del Registro Civil como un servicio más que nunca esencial y de que esta información que se solicita supone un trabajo añadido pero es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto aumentados», reconocía la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.