El Consejo General del Poder Judicial ha manifsestado su "profundo malestar" por la valoración que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, hizo este miércoles en su perfil de Twitter sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, a 19 meses de prisión e inhabilitación por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a agentes de la Policía durante una protesta multitudinaria contra un desahucio.

Iglesias afirmó que "as sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".

El órgano de gobierno de los jueces, en una nota pública emitida este jueves afirma que "en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia".

Le recuerdan sus "obligaciones"

La Comisión Permanente del CGPJ afirma que el comentario de Iglesias "merece un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales".

Igualmente, consideran que de "una simple lectura de la sentencia" se puede concluir que "esta no condena en ningún caso un acto de protesta, sino los delitos de atentado, lesiones y daños que el tribunal ha considerado acreditados".

Los jueces piden al vicepresidente del Gobierno, como parte de "quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.