La Sala Segunda del Tribunal Supremo recibió esta semana la querella de 3.268 españoles, familiares de 3.274 personas fallecidas por coronavirus, contra el presidente Pedro Sánchez y los 22 ministros de su Gobierno por presunto delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

Once abogados, en representación de los querellantes, presentaron el escrito en el que denuncian que desde diciembre se conocía la existencia del virus y en febrero «se habían detectado ya 32 casos de contagio en España sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y, más bien al contrario, negando su propagación en España». Denuncian que el Ejecutivo permitiera la celebración de actos multitudinarios antes de declarar el estado de alarma, como la manifestación feminista del 8 de marzo en distintos puntos de España o un mitin del partido político Vox en Madrid.

Emilia Zaballos, una de las abogadas que presentó la querella bajo la coordinación del letrado Ignacio Sánchez Rubio, explica a El Independiente en conversación telefónica qué se busca con la denuncia en nombre de afectados «de todos los puntos de España».

¿Cuál es la preocupación de estas personas? ¿Qué persiguen con la querella?

Ayer hablé con 168 personas. Ninguna de ellas me habló en ningún momento de dinero ni de penas de prisión. Lo único que quieren es información sobre cómo se ha gestionado la pandemia y si se ha hecho todo lo que se podía. Y si se ha hecho mal, si ha habido negligencia u otra cosa, que la Justicia derive responsabilidades. Nadie ha hablado de venganza, dinero ni penas porque hay mucho dolor. Hay gente que ha perdido a varios familiares: una semana a un padre, otra a una madre, familias en las que acabaron contagiados el padre, la madre y los niños porque al morirse el abuelo se llevaron a la abuela a casa para que no estuviera sola…Es durísimo. Quieren que todo lo que ha pasado por el Consejo de Ministros se pueda conocer y saber si la gestión se ha hecho como se ha debido hacer.

En el escrito exponen que otras personas también quisieron querellarse pero no han recibido aún el certificado médico de defunción de sus familiares. ¿Estas muertes se produjeron hace poco o denuncian un retraso en los Registros civiles?

Hablamos de un retraso reseñable en los Registros civiles, pero no creemos que haya mala fe. Queremos entender que aquí lo que pasa es que se está ralentizado todo el sistema, incluida la Administración.

Han optado por presentar una querella ante la Sala Penal del Supremo por hechos que consideran constituir delito de homicidio imprudente. ¿Por qué han ido por esta vía y no por la administrativa contra las decisiones del Gobierno?

Tenían el referente de otros países y cómo lo estaban gestionando y creemos que no actuaron con la agilidad y rapidez que debieron hacerlo

El grupo de abogados hemos valorado mucho la vía a elegir. Desde nuestra óptica, creemos que hay que investigar si se hubiera producido un homicidio imprudente porque consideramos que el actual Gobierno tenía información más que suficiente para actuar contra el virus, no solo la que envió la Organización Mundial de la Salud sino también la que dieron grandes profesionales y expertos, y no lo hizo. Además, tenían el referente de otros países y cómo lo estaban gestionando y creemos que no actuaron con la agilidad y rapidez que debieron hacerlo, que se podrían haber evitado algunas consecuencias. Esa es la razón por la que se opta por el delito de homicidio imprudente exclusivamente. Después, si avanza la instrucción, se podrá optar por otros delitos.

¿Por qué se querellan contra el presidente del Gobierno y todos los ministros?

Porque es el Consejo de Ministros, en sus sesiones, el que ha tomado todas las decisiones respecto a la gestión de la pandemia y responden solidariamente todos. Pedimos que se les de traslado de la querella, que se les tome declaración y a partir de ahí se les reclame cierta información, como prueba documental. A partir de ahí, que se valore si el procedimiento tiene que seguir adelante o no en el Tribunal Supremo.

En la querella se habla de «condiciones indignas para el ser humano» que denuncian los familiares de los fallecidos. ¿Cuáles son esas condiciones?

Se habla de condiciones porque hay profesionales que fallecieron por falta de material sanitario, personas en residencias de ancianos que estuvieron todo el tiempo en su habitación. Nosotros nos quejamos porque estamos en nuestra casa, pero ellos, sin saber si estaban contagiados o no, estuvieron en su habitación porque no se les hacía los test. Personas de 80 años que han estado encerrados en su habitación, inmovilizados casi dos meses porque no se les hacían los test y quizá no eran ellos quienes tenían que estar confinados en su habitación. Nos referimos a esas situaciones que nos transmiten los familiares de los fallecidos que no podían verlos o no tenían manera de contactar con ellos.

Hablan de «irresponsable y negligente inacción y actuación tardía» del Gobierno que «despreció las recomendaciones sanitarias mundiales». ¿Creen que la Fiscalía les apoyará con un informe para que se investigue la presunta actuación tardía del Gobierno contra la pandemia?

Lo único que se espera de la Fiscalía, cuya misión es velar por los derechos de los ciudadanos y vigilar que éstos se respeten, es que apoye esta iniciativa

Yo todavía quiero creer en la Justicia y en que los tres poderes que soportan todo en este país, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Me gustaría creer que tienen independencia. Si la tienen, lo único que se espera de la Fiscalía, cuya misión es velar por los derechos de los ciudadanos y vigilar que éstos se respeten, es que apoye esta iniciativa. Las familias única y exclusivamente quieren que se les informe de por qué han gestionado de esta forma la pandemia. Si la investigación acredita que lo han hecho muy bien, se lo agradeceremos. Si así lo han hecho, con este resultado, porque no se podía evitar y cualquiera en su situación hubiera tenido que hacer lo mismo, lo tendremos que entender también. Y quizá hay que agradecérselo igual que a los sanitarios o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero si han hecho una gestión mala, lo que pedimos es que se pueda confiar en el Poder Judicial, saber que está respaldando al pueblo español con este dolor y este sentimiento y que derive responsabilidades.

Atribuyen al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, haber negado la existencia del virus en España el 13 de febrero. ¿Por qué no es objeto de la querella?

No se descarta, pero será en la fase de instrucción. Cuando llegue el momento, la querella se puede ampliar frente a otras personas que hayan tenido otros grados de participación o se puede solicitar que se investiguen otros delitos. Pero será durante la instrucción y con vistas a la información que se vaya aportando.

La firmante Emilia Zaballos preside la Fundación Zaballos que ha gestionado los contactos con las víctimas reunidas en la plataforma ‘El día después’ desde donde esperan ejercer la acusación popular en caso de que la Sala Penal del Supremo decidiera abrir una investigación penal a los miembros del Gobierno. Zaballos asegura que tras esta «iniciativa ciudadana no hay ningún interés político ni económico, sólo el interés de los afectados por tener a su disposición la información que ha manejado el Gobierno para tomar sus decisiones».