Política

Los profesores arremeten contra Celaá: "La seguridad no está garantizada"

Sindicatos y asociaciones de padres coinciden con las CCAA que rechazan la vuelta a clase de los menores de seis años / El Gobierno es partidario de que cada conserjería decida cuándo regresan los alumnos de educación infantil

Labores de desinfección en un colegio de Murcia. EP

El Gobierno ha vuelto a desatar una nueva polémica en torno a la vuelta a las aulas. Ocurrió primero con los controvertidos criterios para determinar qué alumnos pasan de curso. Ahora, el Ministerio de Educación ha levantado una enorme polvareda en la comunidad educativa al dejar en manos de las CCAA la potestad de decidir si pueden regresar ya a clase los menores de seis años.

Una vez más, la ministra de Educación ha sido incapaz de aunar de lograr un acuerdo en la Conferencia Sectorial. En la reunión telemática mantenida este jueves, Isabel Celaá ha transmitido a los consejeros autonómicos que ellos tienen la responsabilidad de fijar el retorno a las aulas de educación infantil.

El asunto es harto espinoso. Según la estadística oficial del Ministerio, en España hay matriculados 1,7 millones de alumnos en el primer tramo de la educación obligatoria, que va de 0 a 6 años. Hasta este jueves, había multitud de dudas en torno a su futuro escolar. Y es que el calendario de desescalada establece que los menores de seis años pueden retornar a las aulas al pasar a la fase 2.

Numerosos territorios cruzarán ese umbral, previsiblemente, el próximo 25 de mayo. Con la normativa en la mano, por tanto, miles de niños deberían regresar a sus respectivos colegios.

Tan delicado asunto era uno de los puntos del día en la reunión prevista entre el Ministerio y las consejerías. Sin embargo, para sorpresa de los consejeros, Celaá ha eludido fijar un criterio común para todo el país. Al contrario, ha dejado en manos de los gobiernos autonómicos el poder para determinar la fecha de vuelta al cole.

¿Qué consiguió Celaá? Primero, una nueva revuelta de consejeros. E, inmediatamente después, la de una parte de la comunidad educativa. «La seguridad laboral, la prevención y la minimización de los riesgos de contagio de la COVID-19 en los centros educativos no está garantizada», recuerda el Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, precisamente, una de las regiones menos castigadas por el coronavirus.

Los profesores critican, sobre todo, la ausencia de formación previa al profesorado para la reanudación de la actividad presencial. De ahí su exigencia de «reformular» el protocolo de seguridad y prevención. El actual, insisten desde CCOO, «adolece de grandes carencias y no garantiza la seguridad y la prevención en los centros educativos».

«En lugar de atender a criterios pedagógicos, se está atendiendo a otro tipo de criterios más ligados a la economía y a la productividad a la hora de plantear el retorno a las aulas», se quejan los sindicatos de la enseñanza navarra (LAB, Steilas, AFAPNA, ANPE, CCOO, ELA, UGT y SEPNA-FSIE), tanto pública como concertada. Todos coinciden en que no hay condiciones objetivas para garantizar el regreso a la actividad educativa presencial en el curso 2019-2020 con total seguridad para alumnado y trabajadores.

Rebelión autonómica

Los profesionales les ramo están alineados con las conserjerías que cargaron en la reunión contra Celaá. Varias comunidades autónomas mostraron su total desacuerdo con el regreso de los niños más pequeños a clase. La excusa es común: las instalaciones no están preparadas aún para garantizar las medidas de prevención e higiene.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, pidió conocer los informes que respalden esa reapertura de los centros infantiles y ha asegurado que todos los miembros de la comunidad educativa con los que han hablado «insisten en la absoluta imposibilidad de cumplir las normas de distancia social e higiene con los niños de 0-6 años».

El consejero de Educación de Baleares, Martí March, también afirmó que se reunirá con sindicatos, familias y equipos directivos para negociar la posición para la desescalada, pero que parten de la negativa a volver a las aulas para los alumnos de 0 a 6 y de educación especial.

Por su parte, la consejera de Cantabria, Marina Lombó, descartó la vuelta a los centros educativos de los alumnos de Infantil y de Educación Especial y solo lo harán los alumnos de segundo de Bachillerato, los que opten a un título de Formación Profesional y los de enseñanzas de Régimen Especial que tengan que presentarse a una prueba de acceso a enseñanzas superiores volverán de forma voluntaria a las aulas a partir del 8 de junio.

El País Vasco anunció, precisamente este jueves, que retrasa al 25 de mayo, y no al día 18 como dijo en un principio, la vuelta a las aulas de manera presencial de los alumnos de esos cursos para no «tensionar más» a la comunidad educativa y no trasladarle la «incertidumbre jurídica» que existe.

La posición de los padres

¿Y qué opinan los padres afectados? La presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA), Leticia Cardenal, se apresuró a mostrar su satisfacción con la oposición de varias CCAA al regreso a las aulas. En su opinión, el retorno a las aulas «no puede hacerse de manera repentina», porque para llevarlo a cabo garantizando la seguridad de profesores y alumnos, «se necesitan unos protocolos y unas pautas para todos los sectores que determinen como ha de realizarse la vuelta».

«Es lo más lógico», añade Cardenal, quien hace hincapié en que «no se podía meter niños en las aulas sin tener unos protocolos, hablar de ratios y teniendo en cuenta que el alumnado de 0 a 6 años es el más difícil de controlar» en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad.

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