La anunciada aprobación, en cuestión de días, de la prestación del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno, una medida urgente e imprescindible para las personas en situación de mayor vulnerabilidad social, ha reabierto el debate social sobre una cuestión que Cáritas siempre ha considerado prioritaria para luchar de manera eficaz contra la pobreza extrema

La creación de un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal con criterios comunes en todos los territorios es una propuesta nuestra desde hace ocho años.

Es una medida social de cuya urgencia máxima somos testigos cada día a través de nuestro trabajo de acompañamiento directo a las personas que más sufren. Es decir, familias con todos sus miembros en paro, que carecen de ningún tipo de ingreso y para quienes van de la mano unas condiciones de acceso muy precarias a derechos, como vivienda, alimentación, sanidad, educación o vestido, y una ausencia de redes familiares o vecinales de apoyo.

Y no es leyenda: es la realidad que los 85.000 voluntarios y voluntarias de Cáritas acompañan a diario en las fronteras de la exclusión que existen en nuestro país.

El hecho de que para muchos de nosotros sean personas invisibles y residan en lugares en los que jamás hemos puesto los pies, no puede ser excusa para ignorar que existen, aunque no faltan líderes de opinión y analistas que manejan de forma recurrente argumentos que van desde el efecto disuasorio que un ingreso mínimo de esa naturaleza tendría sobre la iniciativa laboral de quienes lo perciban (“se les estaría invitando a no trabajar”, se dice) a la exposición al fraude y la picaresca de estas ayudas por parte de sus preceptores. 

En la experiencia de Cáritas, una de las metas de las personas en situación de vulnerabilidad es poder acceder al mercado de trabajo, para ellas no solo es cuestión de dinero, sino también de dignidad

Los datos desmienten estas afirmaciones. En la experiencia de Cáritas, una de las metas de las personas en situación de vulnerabilidad es poder acceder al mercado de trabajo, porque para ellas no solo es sólo una cuestión de dinero, sino también de dignidad. Ahí está una de las claves del diseño de este sistema: es imprescindible que permita la complementariedad con el empleo. 

Otra de las críticas al uso suele ser el del coste «inasumible» que tendría una medida de esta naturaleza, olvidando que el Estado social de derecho en el que vivimos necesita para su sostenimiento inversiones en políticas sociales, si el objetivo, que nadie pone en duda, sino que lo reclamamos, es el de garantizar la igualdad y el pleno acceso a los derechos de todas las personas en sanidad, pensiones, vivienda o educación, por ejemplo. Este es el caso también del ingreso mínimo vital. 

Sería contradictorio querer construir una sociedad más pacífica, próspera y justa dejando a un grupo importante de personas en una situación de desigualdad insoportable para su dignidad y para el bien común.

No podemos aceptar un discurso que tira de estereotipos («pobre, vago e inmigrante», la tríada perfecta) y de análisis macroeconómicos sobre la sostenibilidad del sistema, cuando a diario somos testigos del coste mastodóntico de una Administración del Estado aquejada de hidrocefalia mientras hay miles de ciudadanos de este país que se enfrentan a la pobreza extrema. 

Conviene recordar, además, que hace décadas que las Administraciones autonómicas vienen desarrollando en sus respectivos territorios –con desiguales grados de cobertura, cantidades y requisitos de acceso— sus propios sistemas de ingresos mínimos. De ahí la necesidad de una prestación estatal que ofrezca un mínimo común, rompa desigualdades territoriales y vaya más allá del actual nivel de cobertura, que solo alcanza al 33% de la población bajo el umbral de la pobreza severa.

Ahora que nos encontramos en plena acometida de una recesión económica de profundidad y alcance desconocidos, que va a empujar a muchas familias a los márgenes de la exclusión, es un reto lograr que el ingreso mínimo vital llegue a quienes lo necesitan como última red de protección, que permanezca mientras exista la situación de necesidad y que sea objeto de un proceso ágil, que no añada una barrera administrativa más. 

El VIII Informe FOESSA que Cáritas presentaba en junio del año pasado y elaborado a partir de una encuesta en más de 11.600 hogares de toda España, alerta de que el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones.

Hay un grupo de expulsados, que suman 1,8 millones de personas que necesitan una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles una vida mínimamente digna

Dentro de este sector social, existe un grupo especialmente vulnerable, que acumula tantos problemas cotidianos que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado: son 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa. Y dentro de este sector en exclusión social severa existe un grupo de expulsados, que suman 1,8 millones de personas (600.000 en 2007), que acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que necesitan una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles una vida mínimamente digna.

La actual crisis causada por el coronavirus nos sitúa, a todos, ante nuestro propio espejo y nos cuestiona sobre las claves de nuestro modelo vital como ciudadanos y de nuestro marco social, cultural y económico como país.

Esta emergencia inédita apela a nuestras referencias profundas como sociedad que camina en la historia de este primer cuarto del siglo XXI y que nos aboca a un discernimiento acerca de los valores sobre los que vamos a construir el futuro inmediato. 

¿Será posible corregir el rumbo y sentar las bases para un modelo de convivencia que nos re-vincule en nuestras ciudades y en nuestras comunidades vecinales a través de redes de solidaridad y corresponsabilidad?

¿Podremos detenernos para escuchar y acompañar a quienes están malheridos al borde del camino, para reconocer su vulnerabilidad e incorporarlos a nuestra propia esfera de confort y privilegio? 

No podremos mirarnos a la cara con respeto como sociedad que lidera una de las mayores economías de la Unión Europea si no impulsamos políticas públicas acordes a nuestro nivel de bienestar, dirigidas a las personas en situación de mayor desventaja social y que sean el pilar de un mundo que solo podrá ser plenamente ético si garantiza los derechos y la dignidad de todas las personas.


Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas Española.