Los guardias civiles y los policías nacionales esperan desde hace casi cinco años que el Ministerio del Interior contrate un seguro de responsabilidad civil que les cubra en caso de tener que hacer frente a indemnizaciones y fianzas derivadas de posibles errores que cometan en el ejercicio de sus funciones como agentes de la autoridad. La falta de desarrollo reglamentario impide que la Administración cumpla con esta obligación legal y ampare a los funcionarios policiales.

El 18 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que incorporaba un artículo -concretamente el 13, dentro del capítulo de responsabilidad, protección jurídica y económica- por el que el Ministerio del Interior se comprometía a proporcionar a los agentes «defensa y asistencia jurídica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional» por el desempeño de su trabajo. Ello se sustanciaría mediante la concertación de «un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera», con el que se cubrirían las cuantías que los tribunales pudieran establecer por los daños que eventualmente pudieran provocar los funcionarios con su actuación profesional.

Ese mismo día entró en vigor idéntico precepto en la Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, aprobada en octubre de 2007 y modificada ocho años después para evitar que los integrantes del instituto armado sufrieran una discriminación respecto a los funcionarios de la Policía Nacional. En esta norma se incorporó al artículo 30, siendo idéntica la redacción.

La contratación de la póliza que cubra los errores que puedan cometer los agentes en su trabajo sigue pendiente del desarrollo reglamentario de la ley

El objetivo que se perseguía era amparar al agente tanto si la exigencia de indemnización deriva de un ilícito ventilado en la jurisdicción penal como por la eventual responsabilidad patrimonial del Estado, que se sustanciaría en este caso en el orden contencioso-administrativo.

Casi cinco años después, la posibilidad de que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dispongan de un seguro de responsabilidad civil sigue sin concretarse ante la falta de desarrollo reglamentario de dichos preceptos legales.

En el caso de la Guardia Civil, éste fue el motivo alegado por el gabinete técnico de la Dirección General en un oficio fechado el 14 de octubre de 2016 y la explicación que se ha ofrecido cada vez que los representantes de los agentes se han interesado por su estado, como ocurrió en la comisión de Riesgos Laborales celebrada el pasado 28 de mayo.

Carta al ministro Grande-Marlaska

Con «absoluto espíritu constructivo», la Unión de Oficiales de la Guardia Civil acaba de enviar una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska en la que le solicitan información acerca del «estado de tramitación del citado desarrollo reglamentario», requisito ineludible para que se pueda llevar a cabo la contratación que dé seguridad a los agentes.

Según esta asociación profesional, la Dirección General les ha indicado de forma reiterada en este tiempo que no puede llevar a cabo la concertación de dicha póliza ni a nivel general ni para servicios específicos -como el de Prevención de Riesgos Laborales- «debido a la falta de desarrollo reglamentario del precepto legal», por lo que exigen saber qué avances se han producido para que el artículo deje de ser una previsión ilusoria y se le de dote de contenido real.

De no haberse iniciado los trabajos para acometer dicho avance normativo, la Unión de Oficiales insta a que se tramite la contratación de forma urgente «para que no pase ni un día más sin que los guardias civiles dispongan de la protección que les otorga la ley».

La modificación normativa tuvo lugar cuando al frente del Ministerio del Interior se encontraba Jorge Fernández Díaz (PP) y el director general de la Guardia Civil era Arsenio Fernández de Mesa. Han pasado ya otros dos ministros por el departamento -el popular Juan Ignacio Zoido (2016-2018) y Fernando Grande-Marlaska, que el próximo domingo cumplirá dos años desde que juró el cargo- y tres directores generales del instituto armado -José Manuel Holgado, Félix Azón y María Gámez, la actual- y la situación no ha cambiado.

«Medidas enormemente gravosas»

Tampoco se ha suscrito todavía la póliza de responsabilidad civil en el ámbito de la Policía Nacional debido a la misma circunstancia: hay que desarrollar reglamentariamente el artículo 13 de la Ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional.

«Pese a la expresa asunción de la total responsabilidad en esta materia por parte de la Administración, hasta la fecha no se ha puesto en práctica esta cobertura con la debida suscripción del seguro de responsabilidad civil, lo que se traduce en la obligación del funcionario de asumir el pago de la fianza, derivando esto en embargos preventivos y otras medidas enormemente gravosas que afectan tanto a los policías como a sus familias», exponía el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en un escrito enviado al presidente del Consejo de Policía el 28 de mayo de 2019 con el que le requería información acerca de las gestiones para la contratación de la citada póliza.

La respuesta que, en nombre del presidente, ofreció el secretario del Consejo de Policía el 3 de julio del pasado año fue la siguiente: «Se participa que, en la actualidad, se encuentra pendiente el desarrollo reglamentario al que se refiere el mencionado artículo». Casi un año después de esa contestación, no ha trascendido que se hayan producido avances.