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Marlaska y Gámez se saltaron la Constitución y la Ley de Fuerzas de Seguridad para cesar a Pérez de los Cobos

La jueza del 8-M advirtió de que la Policía Judicial sólo debía informarle a ella de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este viernes en el Senado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este viernes en el Senado. EP

Un documento oficial del Ministerio del Interior confirmaría que Fernando Grande-Marlaska decidió el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no informarle del contenido de un informe de investigación policial sobre el 8-M y otras manifestaciones que pidió la jueza Carmen Rodríguez-Medel, al frente de la instrucción contra el delegado del Gobierno de Madrid por permitir dichas concentraciones.

Una decisión con la que Marlaska, juez en ejercicio hasta acceder al Gobierno, se habría saltado los principios de división de poderes recogidos en el artículo 117 de la Constitución Española que prometió respetar al acceder al Gobierno y también lo establecido en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según el artículo 34 de ésta última, «los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente», recuerdan fuentes jurídicas a El Independiente.

El propio ministro de Interior negó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no querer filtrar el informe judicial, obedeciendo a la jueza, fuera el motivo del cese de Pérez de los Cobos. Lo atribuyó a motivos de «reestructuración» de equipos para darle «un impulso a la Guardia Civil». Sin embargo, El Confidencial publica este martes la propuesta oficial de destitución de Pérez de los Cobos de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, dirigida el 24 de mayo al secretario de Estado de Seguridad y en la que dejó por escrito el motivo: «Pérdida de confianza de esta Dirección General y del equipo de Dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la Policía Judicial, con fines de conocimiento».

De esta manera, tanto Marlaska que ordenó el cese, como la directora de la Guardia Civil que lo comunicó y el secretario de Estado de Seguridad que lo autorizó, Rafael Pérez, habrían obviado las leyes anteriormente citadas.

La jueza advirtió a Interior

El mismo día que se conoció el cese de Pérez de los Cobos, la instructora Rodríguez-Medel recordó en una providencia que al inicio de la investigación dio una orden a la Policía Judicial «relativa a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones
que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta Magistrada-Juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos». Advertía así de paso al Ministerio de Interior de cuáles son los límites que no puede pasar.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, emitió un comunicado después de la dimisión del número 2 de la Guardia Civil Laurentino Ceña por su disconformidad con lo ocurrido donde afirmó: «La APM se ve en la triste obligación de recordar el contenido de los arts. 117 y 126 de la Constitución que el propio Ministro juró o prometió guardar y hacer guardar en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera profesional, primero como Juez y Magistrado, y más tarde en su condición de Vocal del Consejo General del Poder Judicial y después Ministro del Gobierno de España», refiriéndose así a las leyes anteriormente citadas que no estaría respetando con el cese de Pérez de los Cobos en caso de confirmarse que lo hizo por haberse negado el primero a filtrarle información reservada por formar parte de una investigación judicial.

Competencia de la jueza

La titular del Juzgado de Instrucción número 51, ante tales indicios, tiene la posibilidad de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que exponga que el Ministro de Interior, aforado, pudo coaccionar a la Policía Judicial para conseguir el informe, trasladan fuentes jurídicas a este periódico.

El partido político Vox, por su parte, presentó una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por «Obstrucción a la Justicia, Represalias y Prevaricación, delitos recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal, en relación a la destitución del Coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos y la posterior dimisión del DAO General Laurentino Ceña».

En la querella, la formación puso de manifiesto «la relación entre la destitución del Coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe solicitado por la Jueza del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en el que se investigan las concentraciones del 8-M en Madrid, y que afectan directamente al Gobierno y al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco». VOX afirmó en dicho escrito «no dar credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien atribuyó el cese del Coronel Pérez de los Cobos, a una ‘pérdida de confianza'» frente a las publicaciones en prensa que atribuyeron la destitución a que el jefe de la Guardia Civil de Madrid no quiso filtrar el informe policial.

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