Varios ministros, en la última manifestación del 8-M en Madrid.
La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por sus "decisiones jurídicas" para permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 ha pedido a la Comunidad de Madrid, al frente de la que se encuentra Isabel Díaz Ayuso, y al Ayuntamiento de la capital, con José Luis Martínez-Almeida como alcalde, que informe "sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados (deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros) que se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo de 2020 en lugares públicos o privados con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias, con indicación de la fecha y aforo o número de asistentes".
En una providencia, la instructora acuerda dicha diligencia a petición de la Abogacía del Estado, defensa del delegado del Gobierno en la causa en la que él es el único investigado por presunta prevaricación administrativa.
Rodríguez-Medel también pide a ambos organismos que informen de si
alguna otra concentración programada entre los días 5 y 14 de marzo "fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el Covid-19 y en tal caso, fecha y documento que acredite tal extremo". Una contestación que tiene que llegar al Juzgado antes de que acabe el día de hoy.
Franco culpó a la Comunidad de no advertir
Precisamente este miércoles, durante su declaración ante la jueza que se alargó durante más de una hora y media, José Manuel Franco apuntó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como el órgano que debería haber advertido de los riesgos de contagio por contacto social en la manifestación del 8 de marzo. Afirmó que la Delegación del Gobierno sólo tiene competencia en materia de Seguridad Ciudadana en cuanto a concentraciones y que debió ser la Comunidad de Madrid, como competente en el ámbito de Sanidad, la que debería haber advertido de los riesgos si es que los hubiera visto.
Con las declaraciones de hasta 15 testigos, entre trabajadores de la Delegación del Gobierno y convocantes de manifestaciones que pasarán este jueves por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la jueza trata de despejar qué avisos recibió el delegado del Gobierno en Madrid sobre los riesgos de contagio del coronavirus antes del 8 de marzo y si, de acuerdo con éstos, debió prohibir o no las concentraciones que finalmente se celebraron.
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