Política

García Castellón procesa a Villarejo y los hermanos Muñoz por extorsión a un exjuez

José Manuel Villarejo buscó "debilidades" de un abogado y exjuez marbellí condenado por cohecho para presionar a su cliente, enfrentado por un asunto económico a los hermanos Muñoz, quienes contrataron al comisario en prisión preventiva

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha concluido la instrucción de la pieza Pintor o número 6 del caso Tándem y acuerda dirigir el procedimiento contra el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, su hijo, su abogado Rafael Redondo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara y otras nueve personas por los delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos.

En esta pieza se ha investigado una contratación de los empresarios andaluces a Villarejo en 2017 para conseguir información de su ex socio  Mateo Martín que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de la Agencia Tributaria en concepto de IVA. Al declararse insolvente, toda la reclamación se dirigía exclusivamante frente a Fernando Muñoz.

Los empresarios pagaron 20.000 euros «en efectivo y sin dejar rastro documental» -recoge el juez en su auto- al comisario investigado para que consiguiera esa información. Éste, con ayuda de colaboradores de su negocio privado Cenyt, habría buscado material comprometedor contra el abogado del exsocio al que los Muñoz reclamaban un acuerdo económico, no contra él mismo. El abogado era Javier Urquía, un exjuez marbellí retirado de la carrera después de ser condenado por cohecho por el Tribunal Superior de Justicia andaluz.

Entre el material que recabó, se encontraba un vídeo comprometedor en los baños de un local nocturno, donde el exjuez estaba consumiendo drogas. Cuando fue a declarar como testigo en la causa, Urquía dijo que nadie le extorsionó mencionándole dicho material, según pudo saber El Independiente de fuentes jurídicas.

Los empresarios reconocieron el pago

Los hermanos Muñoz sí reconocieron el encargo hecho a Villarejo (aunque sólo para conseguir información al nivel que lo habría hecho cualquier agencia de detectives) y el pago de 20.000 euros en efectivo.

El juez considera, como también expuso la Fiscalía Anticorrupción, que para realizar dicho encargo Villarejo se valió funcionarios de policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales, de ahí que les ponga a un paso del banquillo por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

De ahí que concluya que «la actividad contratada a Villarejo iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, constatándose que Jose Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis, que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial».

Ahora, las partes tienen 10 días para presentar sus escritos solicitando la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa. Después de las piezas Iron y Land, se trata de la tercera pieza de investigación de la macrocausa alrededor de los encargos presuntamente delictivos llevados a cabo por Villarejo desde su empresa privada Cenyt mientras seguía en activo en la Policía Nacional.

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