El Partido Popular sigue presentando el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como un escollo de desconfianza insalvable para llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional.

Su designación hace ya casi seis meses y las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contra la sentencia condenatoria para la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, sin que hubiera un reproche de los miembros socialistas del Gobierno hacia esos comentarios son las razones de desconfianza que presentan fuentes del principal partido de la oposición como obstáculo para que arranquen las negociaciones. El órgano de Gobierno de los jueces lleva un año y medio con el mandato cumplido y también está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional desde noviembre: el presidente y la vicepresidenta, Juan José González Rivas y Encarnación Roca, están de salida, igual que los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés.

El Gobierno habría aprovechado los acercamientos para llegar a acuerdos puntuales de reconstrucción en materia de Sanidad tras la pandemia del coronavirus con el Partido Popular para abrir el melón del pacto sobre Justicia y la renovación de los órganos judiciales que está en manos de los dos principales partidos en el Congreso y el Senado. Sin embargo, y a pesar de que la relación entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario ejecutivo de Justicia del Partido Popular, Enrique López, es fluida y ambos entienden que hay que encontrar una solución a la situación anómala de CGPJ y TC, en este momento las negociaciones ni siquiera se pueden dar por iniciadas, trasladan fuentes del Partido Popular a El Independiente.

La desconfianza generada sobre todo por el nombramiento de Delgado, que se consideró un «ataque a la democracia sin precedentes por el paso del Ministerio a la jefatura de la Fiscalía sin solución de continuidad» todavía es «difícil de deglutir» para el partido de la oposición.

Miedo a perder la mayoría del Tribunal Constitucional

Fuentes jurídicas conocedoras de los acercamientos entre los dos partidos consideran en cambio que la razón de los populares para no llegar a un acuerdo en este momento podría estar más en el miedo a que el PSOE equilibre la composición del Tribunal Constitucional a su favor, que ahora mismo cuenta con una mayoría de siete miembros propuestos por el PP frente a seis propuestos por el PSOE.

En el partido de Pablo Casado habría preocupación ante la posibilidad de la entrada de representantes más progresistas y sensibles a las reclamaciones del independentismo, con un posible nuevo «otoño caliente» en Cataluña a la vuelta de la esquina tras el anuncio del nuevo partido de Carles Puigdemont. Precisamente el Alto Tribunal es el encargado de la tramitación de los últimos recursos presentados por los condenados del procés.

Sistema de elección

Los 20 vocales que componen el CGPJ son propuestos por los partidos políticos, que eligen a 12 de sus miembros entre el total de candidaturas oficiales presentadas por las asociaciones judiciales o con los avales de compañeros de carrera. Tres quintas partes del Congreso de los Diputados eligen a la mitad de ellos y la misma proporción del Senado, a la otra mitad. Los vocales elegidos votan al presidente, que también ejerce como presidente del Tribunal Supremo, cargo que en este momento desempeña Carlos Lesmes.

En el caso del Tribunal Constitucional, compuesto por 12 miembros, cada tres años procede la renovación de cuatro de ellos. En noviembre de este 2019 llegó el turno de la renovación del presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, aún a la espera.