Los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament, el órgano de gobierno que gestionó el pleno de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, en el que se aprobaron las leyes de desconexión, y las posteriores declaraciones unilaterales de independencia no eran conscientes de estar desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Así lo han sostenido durante la primera sesión del juicio oral a la Mesa, en la que las declaraciones de los acusados, que sólo han respondido a sus abogados, se han escudado en la inviolabilidad para defender las decisiones de esos días.

El exvicepresidente de la Mesa en la pasada legislatura, Lluís Corominas (PDeCAT), y su sustituto Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó (ERC), la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet (PDeCAT), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya afrontan el juicio por su papel clave en la tramitación de las «leyes de ruptura» con las que el Govern pretendió dar cobertura legal al referéndum del 1-O, pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional.

Los cuatro primeros han negado que se pudiera considerar desobediencia su apoyo al debate y aprobación de las leyes de desconexión porque no derivaban de las resoluciones anuladas previamente por el Constitucional. Y ha defendido que actuaron amparados por la inviolabilidad parlamentaria y en defensa del derecho a debate y participación de los diputados, advirtiendo que no les correspondía a ellos actuar como censores entrando en el fondo de las propuestas.

Boya desmonta la defensa

Un argumentario que ha desmontado la ex portavoz de la CUP, Mireia Boya, también juzgada por el TSJC. «Yo no voté la declaración de independencia de forma simbólica aunque después quedara suspendida por el 155» ha asegurado cuando el fiscal, Pedro Ariche, le ha preguntado si coincidía con sus compañeros en que las propuestas de resolución que vota el pleno del Parlament no tienen un carácter jurídico vinculante.

«¿Por qué estamos sentados aquí? Porque no solo tramitamos resoluciones sino que las ganamos, porque somos mayoría», ha respondido Boya. La ex diputada ha añadido, sin embargo, que el problema no está en el contenido de la iniciativa parlamentaria porque el programa de la CUP y los estatutos de la formación reclaman la independencia de Cataluña y son legales.

Fiscalía limita la inviolabilidad

«La inviolabilidad no es un derecho ilimitado, no se puede utilizar contra los derechos de otros diputados y contra la ciudadanía» ha advertido el fiscal Pedro Ariche en su exposición, respondiendo el argumentario de las defensas. «De lo contrario sería un derecho ilimitado que supondría la ruptura de la separación de poderes y el predominio del legislativo».

Ariche ha argumentado además que la Mesa apela a su derecho a la libertad de opinión, «pero la mesa no tiene función deliberativa sino función gobernativa» asegurando que «no se juzga a los diputados por expresar su apoyo a determinadas iniciativas, se persigue la actuación de esos diputados en el ámbito de las funciones propias de la Mesa».

«Nuestra decisión no era un acto gubernativo, era acto legislativo» ha respondido Corominas en la primera intervención de los acusados, asegurando que con sus decisiones «la Mesa protegía la libertad de participación».

Apoyo al margen del coronavirus

Con puntualidad y sin muestras de apoyo multitudinarias -aunque las decenas de diputados de JxCat y ERC que los han acompañado han incumplido flagrantemente la prohibición de reuniones de más de diez personas por el rebrote de coronavirus- Lluís Corominas, Anna Gabriel, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Mireia Boya han llegado al Palacio de Justicia de Barcelona acompañados «solo» por el presidente actual de la cámara, Roger Torrent.

Los cuatro miembros de la Mesa por ERC y JxCat y la ex diputada de la CUP afrontan una petición fiscal de un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave, así como una multa de 30.000 euros cada uno. Es el cuarto intento de celebración de este proceso oral, suspendido previamente por su coincidencia con el juicio a los líderes del procés en el Tribunal Supremo, por el traslado del juicio de Joan Josep Nuet -ahora diputado por ERC en el Congreso- al TS, y finalmente por la pandemia de coronavirus.

Además de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide las mismas penas que el ministerio público. Por su parte, la acusación popular de Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para los cinco acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.