José Manuel Calvente, el abogado expulsado de Podemos cuya denuncia por presuntas irregularidades en la formación ha impulsado una investigación judicial, afirmó este miércoles que «el ‘líder’ del partido (en referencia a Pablo Iglesias) no sería tan ‘incompetente’ como para no saber lo que estaba pasando en su partido, presuntamente claro».

El abogado, que fue responsable de Protección de Datos de la formación y presentó la denuncia tras ser despedido, afirmó en una serie de mensajes de la red social Twitter que «no estamos ante Gürtel o Filesa. Mucho peor. Estamos presuntamente ante presuntos sinvergüenzas que habrían «metido la mano» presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y el de sus presuntos amigos. * yo sí respeto la «presunción de inocencia», dijo.

En esta cadena de mensajes, también dijo que «Podemos no debería pasar a la Historia como un partido manchado por la corrupción de cuatro ‘presuntos’ sinvergüenzas. Están enredando y confundiendo, como siempre, y así se lo dije al abogado de Podemos en mi declaración ‘Usted ha venido aquí a intoxicar el procedimiento'» y que «la militancia de Podemos debería actuar y decir ‘basta ya’. No puede pasar ni un minuto más con gente investigada dirigiendo el partido. Urge un cambio de dirección. Por la salud democrática de este gran país que es España y de las instituciones que algunos quieren destruir».

Podemos pide la nulidad de actuaciones

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha iniciado una investigación al partido, imputado como persona jurídica, y a parte de la cúpula de éste por los presuntos delitos de malversación y administración desleal. Lo ha hecho después de recibir la denuncia de Calvente y tomarle declaración como testigo.

Podemos ha solicitado la nulidad de las actuaciones directamente a la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que las pruebas que dice haber aportado el abogado despedido son meras «sospechas», no tienen «relevancia penal» y además fueron obtenidas de forma «ilícita». En el recurso de apelación cuyo contenido ha recogido Europa Press, los representantes legales del partido afirman que «adolece de nulidad radical y de pleno derecho, en tanto que la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen y de terceras personas afectadas por dicha intromisión injustificada».