El exministro Rodolfo Martín Villa ha defendido este jueves su inocencia ante la jueza argentina Maria Servini por la muerte de 12 personas entre 1976 y 1978 cuando formaba parte del Gobierno, al manifestar que «es imposible que hubiese un genocidio en la Transición», un acusación que le parece «monstruosa».

Martín Villa ha comparecido esta tarde ante la jueza por vía telemática desde el Consulado de Argentina en Madrid para responder ante las acusaciones que pesan sobre él. Se trata de la declaración de más alto rango que un exdirigente franquista ha realizado ante la Justicia por crímenes derivados de la Transición.

«He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio», ha manifestado a la jueza, según han informado a Efe fuentes de su defensa, que subrayan que ha declarado voluntariamente «para hacer frente a las falsedades de la querella argentina».

Como marca la legislación argentina, ha entregado unas «manifestaciones escritas» para hacer precisiones y reparar posibles omisiones de su interrogatorio, que ha durado dos horas.

La querella le atribuye delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por las cinco muertes en un desalojo policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976. También le imputa seis muertes entre 1976 y 1977, durante su mandato al frente de Interior, y otra en Pamplona en el San Fermín de 1978.

Pero según su declaración escrita, que contiene en esencia lo que ha declarado a la jueza, la Transición «fue justamente lo contrario a un genocidio. Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo».

Al respecto, ha explicado -siempre según el escrito- que «pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales».

«Lo que no podía suceder -ha continuado- y no sucedió es que en la Transición existiera, como afirma la querella, un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes».

Hora y media de cargos contra él

El exministro ha empezado a declarar a las 17.30 porque antes se ha dedicado casi hora y media a leer sus imputaciones. Escuchaban atentamente la jueza, el fiscal, el secretario judicial y el letrado de Martín Villa desde Argentina; y aquí el imputado junto al cónsul y secretario de la Embajada. Solo los abogados querellantes no han estado presentes, porque no les habilita la ley argentina.

Sobre los hechos de Vitoria, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, ha precisado que su intervención se produjo después, no antes, del desalojo policial que causó las muertes y consistió en adoptar medidas para evitar que hubiese más violencia.

El exministro ha admitido que en Vitoria «ciertamente hubo graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas», pero «una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad».

Respecto a las cinco muertes en la Semana Proamnistía de mayo de 1977, ya en la cartera de Interior, ha indicado ninguna de esas muertes formó parte de un plan deliberado.

San Fermín, 1978

Y de lo acontecido en San Fermín en julio de 1978, se ha limitado a señalar que España llevaba ya un año en democracia, se había aprobado la Ley de Amnistía y se había alcanzado un acuerdo en el Congreso sobre la Constitución.

Tras la declaración indagatoria de esta tarde, la jueza dispondrá de un plazo de diez días para acordar o no el procesamiento del exministro, aunque puede pedir una prórroga.

Servini tiene tres escenarios, según la legislación argentina. Que dicte el archivo o sobreseimiento definitivo para el exministro, una decisión que es recurrible; que acuerde la falta de mérito, esto es le mantiene imputado pero no tiene prueba para procesarlo, por lo que se abre otro plazo para aportar más prueba; o que le procese.

Pero más allá del futuro procesal que afronte ahora Martín Villa, los familiares y víctimas han vivido su declaración «muy ilusionados» porque «abre una puerta que ha estado cerrada durante más de 40 años», debido a la «impunidad» que ha disfrutado el exministro amparado por los cuatro expresidentes de Gobierno, aquellos que han escrito «cartas vergonzosas» en su apoyo.

Una actuación que tildan de «injerencia política» en la Justicia, si bien confían que la jueza argentina «no acepte presiones ni se deje influenciar» y, tras su declaración, pueda terminar procesado.

Familiares y víctimas se han manifestado así en una rueda de prensa pero también en varios puntos del país donde se han celebrado concentraciones para reclamar el fin de la impunidad y un juicio para Martín Villa, una ante el Consulado argentino en Madrid.

Entre los asistentes se encontraba Ana Messuti, abogada de los querellantes, que ha explicado a Efe que a pesar de que es «un día importante, es «un acto procesal, no político»; así como familiares de los fallecidos que se imputan en la causa a Martín Villa.