En España, en los años 60 y 70, a las personas con discapacidad se las llamaba subnormales. No era una manía de la prensa, donde encontrabas titulares como "Uno de cada 600 nacidos es mongólico", era un término aceptado y extendido. Había asociaciones de subnormales, políticas para subnormales y hasta un Día del Subnormal. En el 86 se exigió cambiar esa costumbre en los decretos y órdenes de la época. A partir de entonces serían 'minusválidos' o 'personas con minusvalía'. Pero el debate no se ha quedado en el pasado. Antes de que termine el 2020, el Gobierno retomará la reforma para eliminar el término 'disminuido' de la Constitución Española.

Las políticas públicas españolas hacen referencia a la discapacidad, al menos, desde el siglo XIX. En 2009, el sociólogo Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete, profesor de la Universidad de Salamanca, las analizaron en este estudio. La Ley General de la Beneficiencia de 1849, por ejemplo, estableció un sistema de protección social para diferentes tipos de personas con discapacidad. Entre ellos estaban los 'dementes', los 'decrépitos', los 'imposibilitados' o los 'impedidos'.

En las décadas siguientes se impulsaron más leyes. Se centraban, sobre todo, en los 'inválidos del trabajo'. Es decir, en las personas que sufrían mutilaciones o daños mientras desempeñaban sus oficios. Fue en 1968 cuando se creó un 'Servicio Social de Asistencia a menores Subnormales'. El uso del adjetivo 'subnormal' ya estaba generalizado. Según la hemeroteca del ABC y La Vanguardia, el 26 de abril de 1965 se celebró por primera vez el Día del Subnormal. Una fecha que coincidía con el primer aniversario de la Federación Española de Asociaciones Protectoras de Subnormales.

Se hablaba de subnormales con total naturalidad. No había maldad. En 1962 La Vanguardia calculó que en España había ese año "cerca de 200.000 niños subnormales". "De todos estos miles de pequeños, muy pocos, reciben educación especial", seguía la noticia. "En España se ha comprendido que la ocultación de un niño subnormal es funesto para éste y desmoralizador para la familia", detallaban en otro párrafo. Hubo hasta un Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, de 1978, que cifró el "coste anual por subnormal" en unas 500.000 pesetas, tal y como recogió El País: "Medio millón anual por cada niño subnormal".

No podía faltar el reportaje del NO-DO. En 1969 el noticiero semanal del régimen franquista publicó un vídeo en blanco y negro de apenas tres minutos en el que aparecen adolescentes con discapacidad de la Fundación Centro de Enseñanza Especial. Los jóvenes salen cantando en coro, atendiendo a la pizarra en una clase o haciendo manualidades. Mientras tanto, el narrador explica que a los muchachos se les consideraba hasta hace poco "como inútiles y quedaban excluidos de la sociedad". Pero gracias al trabajo de este tipo de instituciones, aprendían a manejarse por sí mismos y se les enseñaban oficios. "En contra de lo que se creía, el deficiente mental es capaz de progresos insospechados si se sabe despertar su iniciativa y creatividad en un clima de amor y de respeto", añade.

De minusválido a los eufemismos "erróneos"

¿Tan importante es el lenguaje para avanzar en los derechos de una persona? "Sí, fundamental. Si continúas con calificativos como minusválido o subnormal estamos contribuyendo a perpetuar unos estereotipos y clichés que nada tienen que ver con las personas con personalidad", sostiene Juan Antonio Ledesma, presidente de la comisión de Medios e Imagen Social de la Discapacidad del CERMI.

En 1986 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de Felipe González exigió que en las leyes se sustituyeran los términos 'subnormalidad' y 'subnormal' por 'minusvalía' y 'persona con minusvalía'. El Real Decreto, el 348/1986 del 10 de febrero, afectó a varias órdenes ministeriales y reales decretos.

Aun así, Ledesma, que entonces utilizaba muletas por una lesión medular, recuerda una anécdota que le ocurrió en Madrid en 1988. "La mili era obligatoria. Cuando fui a pasar el reconocimiento médico no pienses que me pusieron ‘no apto’, directamente me pusieron 'inútil'". El miembro del CERMI cree que uno de los pasos fundamentales se dio con la 'Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad' que publicó las Naciones Unidas en 2006. En su artículo 8, el texto pide a los medios de comunicación que difundan una imagen de las personas con discapacidad "que sea compatible con el propósito" de la Convención.

Además de adjetivos como 'subnormal' o 'minusválido', Ledesma rechaza expresiones como "personas con diversidad funcional, diversas o con capacidades especiales". "No somos personas especiales, somos personas con discapacidad. Ni más ni menos", defiende. "Por miedo a utilizar la palabra discapacidad nos inventamos estos eufemismos. Y para nuestro juicio, son erróneos, una gilipollez tremenda", critica.

Ahora, la intención del Gobierno es retomar el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar 'disminuido' y 'minusválido' y sustituirlos por 'personas con discapacidad'. Se trata de una iniciativa que nació, entre otras razonas, por la insistencia del CERMI. El anteproyecto se aprobó en 2018, pero se paralizó por la convocatoria de las elecciones del 28 de abril del año pasado.