Disney anunciaba hace unas horas una noticia que podría generar cambios de calado en el mercado audiovisual, especialmente, en el de las plataformas de pago por contenidos. La compañía norteamericana fijaba en el pasado 24 de marzo la llegada a España de Disney+ y adelantaba el precio del servicio: 6,99 euros al mes o 69,99 al año. Es decir, menos que Netflix y HBO.

Disney no será un competidor que empiece de cero, en cuanto a contenidos, pues en su poder cuenta con un enorme catálogo de entretenimiento que incluye desde los clásicos de la compañía hasta Lucasfilms, Pixar o Marvel Studios. Su aterrizaje en España se producirá en un momento complejo, dado que será en 2020 cuando se prevé que cambien las reglas del juego del mercado audiovisual, con la transposición de la directiva europea que regula este mercado.

Después de consultar con varias fuentes del sector audiovisual y del regulador, la principal duda que se plantea es si se realizará una transposición ‘de mínimos’; o si se optará por recomponer el texto legal, ante la multitud de cambios que han tenido lugar en el sector durante los últimos años.

La rutina que ha imperado dentro del sector televisivo desde que se fundó su patronal, UTECA, en febrero de 1998, es que, formalmente, es esta asociación la que representa formalmente sus intereses. Sin embargo, a la hora de la verdad, las empresas no han ocultado que sus ejecutivos mantienen interlocución directa con el Gobierno. De hecho, sin ir más lejos, en 2015, cuando alcanzaron un acuerdo extrajudicial para evitar el cierre de 9 canales de televisión, amenazados por varios recursos ante el Tribunal Supremo, transmitieron directamente en Moncloa esta información.

Contactos frecuentes

Durante los últimos meses, desde UTECA se han mantenido contactos con Roberto Sánchez –desde hace unos días, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales- y con Cristina Morales –durante los últimos meses, subdirectora general de Contenidos de la Sociedad de la Información- para trasladar la postura de las televisiones sobre la directiva europea y sobre el segundo dividendo digital, un proceso que implicará el desplazamiento en la posición de una parte de los canales de la TDT y que se iniciará en las próximas semanas.

Hay que aclarar que la citada Secretaría de Estado depende del ministerio de Asuntos Económicos, es decir, el que está comandado por Nadia Calviño. Ahora bien, en el sector nadie duda que los asuntos públicos y las posibles desavenencias se transmitirán ‘al más alto nivel’ si es necesario, como ha ocurrido históricamente.

Entre sus socios ya no se encuentra Mediaset, que abandonó esta asociación el pasado marzo debido al clima de enfrentamiento entre sus miembros

UTECA difundía este miércoles un comunicado en el que recordaba que el medio de comunicación de referencia es todavía la televisión en abierto. Entre otras cosas, destacaba la eficiencia que proporciona a los anunciantes y un dato que consideraba importante, y es que cada espectador sintonizó sus canales, de media, 222 minutos en 2019.

Entre sus socios ya no se encuentra Mediaset, que abandonó esta asociación el pasado marzo debido al clima de enfrentamiento entre sus miembros, algo que ha sido habitual durante toda su historia por la rivalidad existente entre la dueña de Telecinco y la de Antena 3, pero que se había acentuado durante los últimos meses como consecuencia de las reivindicaciones de los pequeños canales.

Estos se encuentran capitaneados por el empresario Blas Herrero y habían reclamado –y reclaman- cambios normativos que les permitan acaparar un mayor porcentaje de la ‘tarta’ publicitaria.

Pese a todo, en su seno todavía se encuentra Atresmedia, así como Unidad Editorial y Vocento, es decir, dos de los principales grupos mediáticos del país, con varias cabeceras disponibles para airear sus reivindicaciones. Es decir, la capacidad de presión de esta asociación es todavía considerable.

Desigualdad con Netflix

La principal reclamación que han realizado al ministerio –según explican estos informantes- es la que pide que los nuevos operadores del mercado tengan las mismas obligaciones de financiación de las obras cinematográficas españolas y europeas que los operadores tradicionales. En el caso de las licenciatarias de la TDT, asciende al 5% de sus ingresos anuales. En el de Radiotelevisión Española, al 6%.

El objetivo de UTECA es que “la nueva ley que salga de la  transposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales, acabe con las asimetrías regulatorias entre los operadores tradicionales y los nuevos que operan únicamente a través de internet, que desde su nacimiento carecen de una regulación que los equipare en derechos y obligaciones a las televisiones privadas en abierto”, explica en un comunicado.

Y añade: “La situación actual, inaceptable para las televisiones, está provocando un entorno competitivo desequilibrado con una grave anomalía, que penaliza y lastra el negocio de los canales nacionales”.

Fuentes de las televisiones privadas han transmitido en reiteradas ocasiones el sinsentido que supone que Telecinco o Antena 3 no puedan emitir una película con contenido violento a las 17.00 horas, pero cualquier niño con acceso a internet pueda acceder, con un par de clics de ratón, a vídeos todavía más perjudiciales para la infancia o a todo el catálogo de Netflix.

En este sentido, hay que aclarar que los usuarios de esta plataforma de contenido en streaming tienen la posibilidad de configurar su cuenta para restringir el acceso a los menores de edad a determinados contenidos.

Un mercado fuertemente regulado

En cualquier caso, las televisiones privadas también esperan que la nueva normativa elimine determinadas restricciones del mercado publicitario para flexibilizar la emisión de anuncios y romper con prohibiciones que consideran improcedentes, como la que veta la técnica del emplazamiento de producto.

También que trate de mitigarse, en la medida de lo posible, el efecto del “principio de país de origen”, es decir, el que utiliza una buena parte de las empresa de la economía digital para desviar los resultados de su negocio a otros países de la Unión Europea con condiciones fiscales más ventajosas, lo que –a su juicio- perjudica al fisco y a la industria audiovisual nacional.

Fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconocen su expectación por los cambios que pueda tener la nueva normativa en el mercado audiovisual y anticipan la más que posible elaboración de un informe que contenga una opinión con los ‘fallos’ de la actual ley que deberían pulirse para mejorar su aplicación.

En los próximos meses, el Congreso de los Diputados deberá iniciar el debate sobre el Mandato Marco de Radiotelevisión Española

En este sentido, recuerdan que uno de los viejos proyectos del PSOE –que nunca llegó a materializarse- es el de crear un regulador audiovisual, al estilo de los consejos que existen en Andalucía o Cataluña. Ahora bien, expresan sus dudas con respecto al funcionamiento que esta iniciativa tendría en un momento en el que el sector audiovisual está íntimamente relacionado con el de las telecomunicaciones, cuyas competencias –salvo la gestión del espectro- se encuentran en la CNMC.

Tampoco conviene obviar que, en los próximos meses, el Congreso de los Diputados deberá iniciar el debate sobre el Mandato Marco de Radiotelevisión Española. Es decir, sobre la norma que determina los objetivos de servicio público que tendrá que perseguir la corporación durante la próxima década.

Pese a que los efectos sobre el mercado publicitario serán mínimos, dado que la televisión pública no emite publicidad desde 2010, existe expectación sobre los cambios que podría generar en el panorama audiovisual.

Lo que todas las fuentes consultadas tienen claro es que 2020 será un año decisivo para el sector audiovisual y para definir la situación en la que quedará la TDT, cuyo futuro ha despertado dudas sobre los inversores y ha menguado el valor en bolsa de los grandes actores del panorama televisivo español, como son Atresmedia y Mediaset.