La Guardia Civil ha instruido diligencias penales contra doce vecinos de la comarca pacense de Tierra de Barros como presuntos autores de delitos de maltrato animal al dar muerte a 46 perros en el transcurso
de los últimos tres años. Asimismo, entre ellos se incluye un facultativo veterinario de esa misma comarca al que se le imputa también un presunto delito de falsificación documental.

El pasado mes de agosto, el Seprona de la Guardia Civil de Hornachos tuvo conocimiento del hallazgo en un olivar cercano al paraje de San Isidro, del término municipal de Ribera del Fresno, del cadáver de un perro galgo en avanzado estado de descomposición, junto a un saco lleno de restos óseos. Con las comprobaciones llevadas a cabo, se pudo identificar mediante su microchip la identidad del titular del animal, un vecino de ese mismo término municipal, quien relató a los agentes que éste fue sacrificado por «no satisfacer sus expectativas para la actividad de la caza mediante eutanasia practicada por un facultativo veterinario», según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El cadáver del animal y el resto de evidencias recogidas en el lugar fueron remitidas al Departamento de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil con el objetivo de analizarlos. Las pruebas e informes hicieron sospechar a los agentes que era una «práctica habitual» llevada a cabo por parte de algunos propietarios de animales, que además contaban para ello con la colaboración de un facultativo veterinario de la comarca.

En el desarrollo de la investigación se pudo averiguar la identidad de otras 10 personas, vecinas de diferentes municipios de la comarca de Tierra de Barros, que dieron de baja un total de 46 perros de caza de corta edad, en su mayoría galgos, que supuestamente fueron sacrificados siendo animales sanos, sin ninguna patología ni motivo que justificase su legal sacrificio.

Además se comprobó que el sacrificio lo realizaba el mismo facultativo veterinario mediante una «mala praxis», ya que administraba la eutanasia sin aturdimiento previo de los animales e incluso fuera del centro veterinario. Todo ello, contraviniendo la normativa relativa al sacrificio de animales domésticos, la Ley de la Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Convenio Europeo Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía e incluso lo indicado en el propio Código deontológico para el ejercicio de la profesión.

También se detectó que dicho facultativo falseaba la causa en el registro de la baja de los animales en el RIACE como «enfermedad o accidente» en vez de «eutanasia», para ocultar así la actividad ilegal que realizaba. Las diligencias instruidas a los doce investigados han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villafranca de los Barros (Badajoz).