La cifra de asilados en España en 2019 se ha multiplicado en los últimos años, una de las razones principales de este incremento es la situación política y económica de Venezuela. En 2019 solicitaron asilo cerca de 40.906 venezolanos de los que 39.667 recibieron el asilo por ‘razones humanitarias’.

Las fórmula de ‘razones humanitarias’ es una concesión de residencia temporal para solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido denegada a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio y que no es un reconocimiento del estatus de refugiado, que sólo fue concedida a 48 venezolanos.

El año pasado España batió récord de solicitudes de protección internacional con 118.264 presentadas –más del doble respecto a 2018-, la mayoría procedentes de Venezuela (40.906), Colombia (29.369), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y El Salvador (4.784). Del total de peticiones, un 45% fueron formuladas por mujeres y un 55% por hombres.

La tasa de aprobación de solicitudes de asilo descendió durante el año 2019 hasta el 5%, cerca de 20 puntos menos respecto a 2018, según ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha lamentado que poco más de 3.000 personas obtuvieron protección internacional en España.

Según los datos recopilados en Más que cifras, donde la entidad resume los principales datos del sistema de asilo de 2019, se resolvieron 60.198 solicitudes de protección internacional, de las cuales el 29% (17.266) fueron denegadas y el 5% (3.156) fueron favorables. El 66% restante (39.776) se corresponden con permisos por razones humanitarias concedidas en su mayoría personas de nacionalidad venezolana.

Del total de 3.156 resoluciones, 1.653 se corresponden con la concesión del estatuto de refugiado, previsto para personas que sufren una persecución por parte del Estado por distintos motivos, entre los que están los políticos, religiosos y sexuales. Las nacionalidades mayoritarias de los beneficiarios de esa forma de protección internacional fueron la salvadoreña, la hondureña y marroquí.

Las otras 1.503 resoluciones se refieren a la concesión de protección subsidiaria, figura prevista para el solicitante cuya vida esta en riesgo por una situación de conflicto interno en su país. La personas que más se vieron beneficiadas por esta forma de protección procedían de Siria, Yemen y Palestina.

Aumentar el reconocimiento de protección

Con estos datos, desde CEAR han lamentado que en 2019 poco más 3.000 obtuvieran protección internacional en España. En este contexto, la entidad ha exigido que se incrementen los índices de reconocimiento del asilo ya que están «muy alejados» del 30% de media europea.

Asimismo, emplazan al Gobierno a eliminar los obstáculos para presentar solicitudes de asilo a personas provenientes de países en conflicto como Yemen, Palestina o Siria; y a garantizar el acceso al procedimiento, así como a aumentar la agilidad en las resoluciones.

«Resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas», ha destacado la directora de CEAR, Estrella Galán.

En ese sentido, desde CEAR han señalado que es muy preocupante que solo el 6% de las solicitudes de asilo se presentaron en puestos fronterizos (7.020), y únicamente 307 en Embajadas y Consulados, limitadas exclusivamente a extensiones familiares. Tal y como han destacado, esto evidencia la falta de vías legales para las migraciones.

«Lamentablemente las personas refugiadas siguen sin tener la posibilidad de pedir el traslado desde nuestras embajadas para solicitar asilo, una medida contemplada en la ley y que evitaría viajes con un infinito coste humano para miles de personas», explican desde la entidad. Mientras que solo un 2% de las peticiones se realizaron en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Casi 40.000 permisos por razones humanitarias

Por otro lado, desde CEAR ven «como un claro avance» respecto a periodos anteriores, la concesión de 39.776 permisos por razones humanitarias. La inmensa mayoría de las personas que se beneficiaron de este mecanismo previsto en la Ley de asilo tenían nacionalidad venezolana, y de forma muy residual, también algunas procedían de Ucrania, El Salvador, Honduras o Colombia.

Al respecto, CEAR considera «particularmente alarmantes» si se analizan las denegaciones de asilo a las personas que huyen de Colombia o de los países donde impera la violencia de las maras, como Honduras o El Salvador). También ha avisado de la falta de reconocimiento de algún tipo de protección a las personas que llegaron a España tras ser rescatadas en el Mediterráneo central en buques humanitarios como el Aquarius o el Open Arms, ya que son migrantes «huyendo del infierno que vivieron en Libia».

La entidad ha destacado el refuerzo material y humano en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para la resolución de expedientes, si bien ha denunciado que en 2019 «la acumulación de expedientes pendientes de resolución siguió en aumento». Según datos del Ministerio del Interior proporcionados por CEAR, al término del año pasado los expedientes pendientes «habían alcanzado un total de 124.025».

«Es urgente que, manteniendo las garantías individuales de todos los solicitantes, España agilice las resoluciones y la notificación de estos expedientes», ha reclamado Galán, quien cree que una de las principales causas que han provocado el incremento de solicitudes es la ausencia de unas políticas migratorias «adecuadas».

De los 118.264 solicitantes de asilo, la mitad (59.311) tenían una edad comprendida entre los 18 y los 34 años, y los menores de edad (22.373) representaron cerca de un 20% del total de los solicitantes. Por comunidades autónomas, Madrid fue donde más peticiones se presentaron (55.118), seguido de Cataluña (13.270), Andalucía (10.422) y Comunidad Valenciana (7.501).