El próximo miércoles comienzan las clases de Educación Primaria en Castilla-La Mancha y la madre de una alumna que pasará a quinto curso hace un llamamiento a la consejería de Educación de dicha región para que le permita continuar con las clases online, igual lo ha hecho durante los meses de confinamiento. María tiene una hermana de 15 años, Teresa, con parálisis cerebral infantil severa y una salud extremadamente delicada, con tendencia a que cualquier constipado se transforme en una complicada neumonía.

«Si mi hija coge el virus, muere. Pido que su hermana se eduque online porque el peligro de contagio es máximo. No quiero tomar ninguna decisión al margen de la ley, mi hija asistirá el próximo miércoles a clase si antes no me dan otra solución, pero nuestra situación es extrema», explica Ana Rosa Plaza a El Independiente.

La madre de María y Teresa (nombres ficticios para preservar su intimidad) de Tomelloso (Ciudad Real) remitió esta semana una carta a los responsables políticos de su región en la que alertaba: «Si Teresa se contagia de coronavirus probablemente moriría. Soy su madre y soy perfectamente consciente de ello. Por eso, en nuestro caso, como el de otras miles de familias que se encuentran en nuestra situación, estamos indefensos por parte de las instituciones ya que no hemos visto ni una sola medida de seguridad tomada al respecto de niños que, como ella, tienen hermanos que tendrán que asistir a colegios de educación ordinaria, de forma presencial, si ustedes no ponen de su parte y sin que se haya elaborado ni un solo protocolo de seguridad para las familias que nos encontramos en esta situación. ¿Usted cómo cree que debo actuar cuando mi hija vuelva a casa del colegio en el que estará con otros 25 niños en un espacio de 25 metros cuadrados? Cómo actúo para evitar que María pueda, sin ella saberlo, contagiar a su hermana? Cómo actuará ella el resto de su vida si, Dios no lo quiera, contagiara a su hermana de Covid y poniendo en peligro su vida?», trasladó.

María y Teresa en su casa de Tomelloso, Ciudad Real. El Independiente.

Un confinamiento extremo

Ana Rosa explica que los últimos meses han sido muy duros para su familia. Su marido, ella y sus hijas han vivido prácticamente recluidos en casa. Han salido a la calle sólo para lo imprescindible y han renunciado a las habituales vacaciones en su segunda casa de la playa sin ver a su familia. Todo, para evitar que Teresa contraiga el virus porque saben que no resistiría, ya que su salud ya era muy delicada antes de la pandemia.

«Antes del coronavirus, si hacíamos un trayecto en coche y la niña sudaba, rápidamente le cambiaba la ropa porque sus constipados son muy duros. Tenía que extraerle los mocos de la tráquea para que no se ahogara. Se lo frágil que es mi hija y no puedo permitirme que se contagie», lamenta.

Su hija menor, María, debe volver en unos días a la Educación ordinaria. Su madre traslada sus miedos, que considera son representativos de otras familias que se encuentran en una situación similar: «El colegio nos ha presentado un completo protocolo de 50 páginas en el que explican que respetarán las distancias y el contacto para evitar distancias. Lo han trabajado mucho, pero nosotros no podemos exponernos a ese riesgo», argumenta.

Teresa, que a principios del próximo año cumplirá 16 años, también asistía antes de declararse el estado de alarma al colegio de Educación Especial de la localidad ciudadrealeña donde recibía atención de una profesora, una cuidadora y un fisioterapeuta. No la llevarán al centro por precaución. Su madre explica que, por su débil salud, otros años no ha podido ir la mitad del curso a clase. «No será la primera vez que acaba el curso y los profesores no pueden valorarla por falta de asistencia. Son conscientes de lo excepcional de la situación», cuenta la madre.

«Sabe que no es una situación indefinida»

A unos días de la vuelta al colegio y después de tratar de hablar con la Consejería de Educación en distintas ocasiones sin éxito, Ana Rosa pide que permitan a su hija menor recibir la educación online, con clases por Zoom y un seguimiento a distancia de su tutora, como ha hecho estos últimos meses. «La tutora nos decía qué tarea debía hacer cada día y después la revisaba. María sabe que no sería una situación indefinida, sino hasta que todo mejore. También sabe que es por el bien de su hermana. Tiene una protección hacia ella digna de admirar. La cuida en todo momento y se preocupa mucho porque esté bien. Eso le ha ayudado a desarrollar una personalidad más madura que la de muchos niños de su edad», explica.

La Fiscalía unifica criterio respecto a la abstención

Esta semana, el fiscal de Sala de Menores ha hecho público el criterio para unificar las actuaciones respecto al absentismo escolar. El Ministerio Público avisó de que proseguirá sus «diligencias para ejercer la acción penal contra los padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito».

Especificó que la propuesta de investigación por parte de la Fiscalía llegará «sólo en aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aun temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado». También que «los centros educativos, cuando detecten casos de inasistencia voluntaria e injustificada a las aulas, serán los encargados de comunicar a las respectivas Comisiones Locales o Provinciales de Absentismo tales incumplimientos y de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes».

«Sólo en los casos de repetida y no justificada asistencia a clase se deberá remitir copia del expediente incoado a tales efectos al Ministerio Fiscal, conforme a los respectivos protocolos de actuación vigentes en cada territorio. Recibidos en la Fiscalía dichos expedientes administrativos, se procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuación de la respuesta institucional a la situación concreta de los alumnos/as afectados y sus respectivas familias, tomando en consideración la actual situación de pandemia derivada del COVID-19, y el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar», informó el Ministerio fiscal.