La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en el plazo de tres meses el Gobierno tendrá un borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ha garantizado que se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en contra del criterio de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Para Montero es «urgente» reformar la ley del aborto y ha asegurado que en diciembre habrá un borrador. «Nos reuniremos con entidades organizaciones y vamos poner en el centro el derecho al aborto efectivo para todas las mujeres en la (sanidad) pública y la educación sexual», ha indicado la ministra en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press.

La titular de Igualdad ha explicado que en «España hay reconocido un derecho que no se puede hacer efectivo para miles de mujeres con el enorme dolor que supone, lo que representa una violación de los derechos humanos que reconocen todos los organismos internacionales».

Igual que con la ley de eutanasia

Para garantizar el derecho al aborto de las mujeres, Montero ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular la objeción de conciencia, como «se hizo con la ley de la eutanasia» y en contra del criterio de Carolina Darias, que la ha descartado.

«Claro que hay que regular la objeción de conciencia», ha indicado la ministra de Igualdad quien ha reconocido el derecho individual de los médicos que «hay que proteger», pero ha advertido de que se está convirtiendo «en una práctica para impedir el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios públicos».

Según Montero, tanto el Gobierno como la ministra de Sanidad tienen «claro» que la ley de interrupción del embarazo hay que reformarlas y ha asegurado haber hablado personalmente con el presidente, Pedro Sánchez, sobre el tema. «Si es evidente que la objeción de conciencia está siendo el principal obstáculo por el mal uso, porque se convierte en que departamentos enteros (se nieguen), ya que al final los derechos de las mujeres siempre se ponen en tela de juicio y es una forma de infantilizarlas».

Y, aunque ha asegurado «entender y respetar» que haya «profesionales que no quieran hacer determinadas practicas», debe existir «un registro y un control». «Si miramos los registros de objetores vemos que son poquísimos, y no puede ser algo que tu objetes a un caso concreto, tiene que ser algo que plantees con carácter previo. La objeción de conciencia no se puede convertir en un obstáculo», ha añadido la titular de Igualdad.

Un «estigma»

Para Montero la práctica de abortos en los hospitales públicos se ve «como un estigma» que «dificulta que muchos profesionales decidan lanzarse a cumplir con un derecho de la mujer». «Nos interesaba mucho escuchar a los profesionales sobre esta práctica y hay una enorme dificultad para acceder a formación sobre interrupción voluntaria del embarazo en todas las etapas que tienen que ver con la práctica médica, no se si se puede hablar de represión pero si hay un estigma», ha concluido.

Montero también ha defendido la necesidad de una educación sexual para «prevenir violaciones, agresiones homófobas o las relaciones que pueden terminar en dificultades para mujeres». «Si queremos promover una relación basada en los buenos tratos hay que hablar de educación sexual», ha insistido la dirigente de Unidas Podemos.

Ayuso respalda al Clínico

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado este jueves la actuación del Hospital Clínico San Carlos, que se negó a practicarle el aborto a una mujer pese a que el pronóstico fetal era infausto, porque no puede «obligar» a un médico a actuar contra su conciencia cuando «salvan vidas y no lo contrario».

Así se ha pronunciado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, en una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha cargado contra la presidenta por «hacer la vida imposible a las mujeres que quieren abortar en la sanidad pública», informa Efe.

García se refería así a la denuncia, en la Cadena Ser, de una geriatra del hospital Clínico quien aseguró que el centro se negó a practicarle un aborto en la semana 17 de embarazo, pese a que el feto era prácticamente inviable y que su vida corría riesgo, porque «había latido fetal» y la derivó a una clínica concertada.

Ayuso ha dicho que desconoce el caso de esta mujer pero ha asegurado que no va a «obligar» a ningún médico de la sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, ya que el «motivo por el que fue compañero de carrera» de la portavoz de Más Madrid y que «estudió medicina» fue para «salvar vidas y no para lo contrario», ha dicho en alusión a la profesión de Mónica García, que es médica.

«Respeto todo pero no voy a obligar a un médico a ir en contra de su conciencia, a lo mejor usted sí, tengo la conciencia muy tranquila», ha expresado.

Ante la denuncia de Marta Vigara, la mujer afectada, el Hospital Clínico San Carlos ha justificado en la objeción de conciencia la negativa de los ginecólogos a practicar esta intervención, por lo que se derivó a la paciente a una clínica autorizada para llevar a cabo la interrupción de su embarazo