Un violento accidente en la madrugada del 6 de junio de 2025 en el barrio de A Milagrosa de Lugo ha vuelto a poner el foco en los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol.
Un turismo impactó contra la fachada del número 3 de la calle Xulia Minguillón tras una maniobra descontrolada, quedando semienterrado en el local comercial de la planta baja según informó Europa Press.
El conductor, identificado in situ por la Policía Local, presentó una tasa de alcoholemia de 0,43 mg/l en aire espirado –superando el límite legal de 0,25 mg/l para conductores generales–, mientras que su acompañante femenina requirió atención médica en el lugar.
El suceso se enmarca en una preocupante tendencia registrada en la ciudad gallega durante los últimos dieciocho meses.
Solo en abril de 2025, las autoridades localizaron a un conductor con 0,80 mg/l –siete veces el máximo permitido– circulando a velocidad anormalmente reducida y realizando eses.
Meses antes, en julio de 2024, otro individuo colisionó contra seis vehículos estacionados en la rúa das Fontes, dando positivo simultáneamente en alcohol (0,42 mg/l), cocaína y cannabis.
Estos casos revelan patrones comunes: la mayoría de los siniestros ocurren en horario nocturno, involucran maniobras bruscas o pérdidas de control, y frecuentemente culminan en huidas del lugar como muestran los incidentes de diciembre de 2024 en la Avenida Infanta Elena.
La Policía Local de Lugo ha intensificado los controles preventivos mediante dispositivos móviles y el análisis de grabaciones de videovigilancia, técnica que permitió identificar en mayo de 2025 a un conductor fugado tras provocar una colisión en una rotonda.
Pese a estas medidas, la recurrencia de incidentes con alcoholemias extremas –como el caso de enero de 2024 donde un conductor alcanzó 0,91 mg/l tras destruir una terraza comercial– señala la necesidad de reforzar campañas de concienciación.
El último episodio evidencia además los riesgos colaterales para terceros: el impacto contra el local comercial podría haber tenido consecuencias catastróficas de ocurrir en horario de apertura.
Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar responsabilidades penales, mientras se evalúan daños estructurales en el inmueble afectado.
Este suceso reabre el debate sobre la eficacia de las sanciones administrativas frente a delitos viales recurrentes.
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