El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 11 personas en la pieza principal del caso SGAE, entre ellas el ex presidente de la entidad Eduardo Teddy Bautista y el ex director de la SDAE -filial digital de la SGAE- José Luis Rodríguez Neri.

En un auto de paso a procedimiento abreviado -paso similar al procesamiento en el sumario-, el magistrado propone juzgar además a varios familiares de Neri -su pareja, su hija, su hermana y su cuñada- e imputa a los procesados delitos de pertenencia a asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida. El magistrado da ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación de su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, que se dirige también contra 14 sociedades mercantiles como responsables civiles, entre ellas Microgénesis SA.

Según el juez, los procesados pusieron en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE” a la organización comandada por Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a Microgénesis de decenas de millones de euros, supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores.

Asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida, delitos imputados

El auto detalla que la SGAE pagó a SDAE al menos 57.154.984,40 euros, según datos de la Agencia Tributaría, aunque según la contabilidad fueron 71.700.561,36 euros. A estos perjuicios económicos a los que hay que sumar los más de 31 millones de euros que Microgénesis recibió de los fondos de SDAE, según el auto.

El auto, de 129 páginas, relata cómo Bautista, presidente de SGAE desde 1998, introdujo a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis S.A para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Así, y con el objetivo de llevar a cabo la transición de la sociedad de autores hacia un nuevo modelo en esa línea, en el año 2000 se creó SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores).

“Desde el comienzo, SDAE fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, con capacidad instalada, sin actividad propia y sin empleados. La única finalidad de SDAE era pues firmar contratos con SGAE para, cada vez con carácter inmediato, ese mismo día, firmar un contrato de idéntico contenido con Microgénesis S.A, burlando el marco estatutario y los mecanismo de control de SGAE”, dice De la Mata.

La trama montó un “entramado de sociedades” para desviar fondos de la SGAE durante años

Según añade el magistrado, “no consta” que a lo largo de esta “relación”, que se extendió como un “auténtico monopolio” desde 1998 a 2011, se realizaran “nunca” procesos de petición y selección de ofertas de contratación entre SDAE y Microgénesis, ni que la oferta de esta última se hiciera “a precio de mercado o contratado con otras”, ni de que se “siguiera la regla de pedir tres presupuestos que existía en SGAE”.

El juez detalla otra serie de “presuntas ilegalidades” y explica que esta situación fue “inmediatamente aprovechada por Rodríguez Neri y Ramos Díaz”, quienes “activaron un entramado de sociedades” alrededor de Microgénesis S.A que les permitió la distribución y apropiación de los fondos de SGAE a través de SDAE, de Portal Latino y de otras sociedades del grupo, incluida directamente la propia SGAE en ocasiones.

Y lo hicieron, en palabras del juez, con “la seguridad que les daba el haber montado un sistema cuasi monopolístico, arbitrario e incontrolado de contratación con SGAE a la que, en sus propios términos, tenían atrapada”.

“Mecanismos depredatorios”

La organización criminal, dice el magistrado, se deriva de los indicios de que la finalidad era “enriquecerse de forma sistemática con cargo a fondos de SGAE, mediante la obtención de contratos y otros mecanismos depredatorios”.

En cuanto a los delitos de apropiación indebida y administración desleal destaca “un abuso fraudulento de las obligaciones societarias” por parte de los administradores de SGAE, “con la cooperación necesaria de una organización criminal”, para dar al dinero” un destino distinto al que correspondía, causando un perjuicio económico evidente a la sociedad.

Los indicios también apuntan, dice el juez, a que las personas imputadas actuaron “premeditadamente” para apropiarse indebidamente de recursos económicos del grupo SGAE, incorporándolos “de modo definitivo” al dinero que administraban al patrimonio de la organización criminal.