En las primeras horas del 22 de junio de 1866, en el cuartel de San Gil, situado junto a lo que hoy es la Plaza de España de Madrid, un grupo de militares comandados por el capitán Baltasar Hidalgo de Quintana se sublevaba contra el Gobierno del general Leopoldo O’Donnell. Las fuerzas del orden responderían con presteza y acabarían sofocando una rebelión que se saldaría con cerca de 200 muertos, más de 600 heridos y hasta 184 condenas de ejecución.

Aquella no era sino una prueba más del ambiente de conspiraciones y sediciones que se extendía a lo largo y ancho del país y amenazaba ya con hacer caer la monarquía de Isabel II. Ante tan complejo escenario, la reina no tuvo dudas de lo que debía hacer: el 10 de julio entregaba el mando del Gobierno de la nación a Ramón María Narváez.

La decisión de Isabel II tenía poco de sorprendente. A sus 66 años, el conocido como Espadón de Loja, se había mostrado en sus más de veinte años al frente del Partido Moderado como el más firme valladar contra la amenaza de la revolución que se cernía sobre España, al igual que sobre casi todo el continente europeo.

En efecto, el siglo XIX pasa por ser uno de los periodos más convulsos en la historia de la vieja Europa y España no sería, ni mucho menos, una excepción. En un contexto marcado por la compleja sustitución de las estructuras absolutistas por los nuevos regímenes liberales, un país en una precaria situación económica como España, con una población eminentemente agraria y una incipiente industrialización, que auspiciaba la existencia de masas de obreros en condiciones míseras, se mostraba como un escenario ideal para la propagación de movimientos subversivos.

Pero lo cierto es que, sin obviar los continuos sobresaltos a los que estuvo sometido el país, la España de mediados del siglo XIX presenta una estabilidad que resulta sorprendente para la época. Y en ello cabe una responsabilidad nada desdeñable a Narváez. No en vano, cuando en 1848 la revolución se extendió por Europa, fue al militar granadino al que correspondería sofocar sus réplicas en territorio español.

Su éxito al sofocar la revolución de 1848 le valió un enorme prestigio en España y a nivel europeo

Para entonces, el intitulado duque de Valencia presidía el tercero de los siete gobiernos que llegó a dirigir entre 1844 y 1868. Previendo la posibilidad de desórdenes, como los que acababan de derribar la monarquía de Luis Felipe de Orleans, en la vecina Francia, el militar español había obtenido de las Cortes una serie de poderes extraordinarios que darían pie a que este periodo fuera a la postre conocido como la dictadura de Narváez.

Las fuerzas gubernamentales lograrían, tanto en marzo como en mayo, ahogar sin excesivos esfuerzos los movimientos de rebelión desatados en Madrid y el general lojeño se aplicó con severidad al castigo de los sublevados, hasta el punto de que la reina tuvo que suplicarle que tuviera compasión con los detenidos. “Eso está bien para Dios, pero no para mí, que soy el demonio”, llegó a exclamar ante los ruegos de la monarca.

Lo cierto es que Narváez no se mostró siempre como el gobernante autoritario en que se revelaría en los momentos más críticos de su actividad política. De hecho, cuando ascendió al poder, al poco de capitanear un movimiento militar que provocó la caída de la regencia del también militar y líder progresista Baldomero Espartero, lo hizo con un mensaje moderado, que animaba a rehuir las posturas extremas. “Hay abismos sin fondo a uno y otro lado, y la fortuna de la nación será que caminemos vía recta apartándonos del despotismo sin caer en la revolución”, expresaría ante el Congreso. Y en varias ocasiones se mostraría partidario de un sistema bipartidista de turno en el poder, como el que se implementaría a partir de la Restauración en 1875.

La reina Isabel II en una pintura de 1852.

La reina Isabel II en una pintura de 1852.

Sin embargo, este militar, que había labrado su prestigio durante la larga guerra civil que fue la Primera Guerra Carlista, era, como gran parte de su partido, un defensor a ultranza del orden público, a cuya defensa supeditó cualquier derecho o libertad. Como expresaría su compañero Donoso Cortés, “cuando la legalidad basta para salvar a la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura”.

Esta visión marcaría su obra de gobierno desde sus inicios, cuando auspiciaría la puesta en marcha de la Guardia Civil o la Constitución de 1845 -que estaría vigente hasta 1869-, con la que pretendió dotar de mayor poder a la monarquía, apartando de la política española el concepto -considerado muy radical entonces- de soberanía nacional.

El éxito de su actuación en 1848 le valdría un elevado prestigio no sólo en España, sino a nivel internacional, donde sería reconocido como “uno de los más fuertes adalides del orden público y de la tranquilidad general”, según consideraciones del mismo Gobierno francés.

Una sombra muy alargada

Nada de esto le libraría de verse sometido a los caprichos y posturas volubles de Isabel II, quien lo mismo le mostraba la mayor de las confianzas como trataba con desdén a un gobernante que, en su afán por defender la estabilidad del régimen, no dudó en afear a la propia reina sus escarceos amorosos o en enfrentarse a las intrigas del rey consorte, Francisco de Asís, al que llegó incluso a detener.

En cualquier caso, incluso cuando le tocó pasar a la oposición, la figura de Narváez gozaba de una fuerza capaz de mediatizar la vida política española, hasta el punto de que casi todos los Gobiernos que no contaban con su apoyo tuvieron que combatir su sombra y trataron de alejarle con las más diversas tretas de la Corte de Madrid, promoviendo, por momentos, su destierro, de forma más o menos velada.

Pero ni siquiera esos periodos de alejamiento del poder fueron capaces de borrar su prestigio y la reina Isabel II no dudó en volver a recurrir a él cuando el orden público parecía amenazado. Así lo hizo en 1856, en 1864 y, por última vez, tras la citada sublevación del cuartel de San Gil.

En sus últimos mandatos, tras perder el centro político, Narváez mantuvo una política más conservadora

En estos últimos mandatos, Narváez, que había perdido el centro político a favor de la Unión Liberal que comandaba O’Donnell, mostraría un cariz más conservador que en anteriores. Sus actuaciones contra la libertad de prensa o contra las asociaciones de obreros; sus planes para devolver al Senado un componente hereditario, acompañado del retorno de los mayorazgos; o los excesos represivos como los cometidos en la noche de San Daniel, cuando la Guardia Civil disolvió una protesta estudiantil (a la que se habían sumado elementos alborotadores) con una contundente carga que provocó 9 muertos y más de 200 heridos, le harían valedor del odio de los movimientos más a la izquierda de la política española, que lo caracterizarían como “la represión sangrienta y terrible dispuesta a caer sobre los desventurados”.

Grabado sobre la carga de la Guardia Civil en la Puerta del Sol, en la llamada noche de San Daniel.

Grabado sobre la carga de la Guardia Civil en la Puerta del Sol, en la llamada noche de San Daniel.

Con esa fama, sus últimos intentos por lograr el acercamiento de los progresistas a la vida política y alejarlos así de las conspiraciones militares resultaron baldíos. Aunque prometió al asumir su penúltimo gobierno que iba a ser “más liberal que Riego”, a Narváez no le quedaría más recurso para defender el sistema que el uso de la fuerza, que acabaría potenciando la rebelión. “Con la política autoritaria y de represión sistemática que desarrolló en el último gobierno por él presidido precipitaría la crisis de la monarquía isabelina”, explica el profesor Juan Ignacio Marcuello Benedicto.

Tras ascender de nuevo al poder en el verano de 1866, el general granadino emprendió una denodada lucha para desactivar los focos de rebelión que se encendían en el país, auspiciados por las fuerzas progresistas y demócratas que, desde el exilio y lideradas por Juan Prim, conspiraban sin desmayo para provocar el cambio de régimen.

La lucha contra la revolución

Prescindiendo cada vez más de las Cortes, Narváez no sólo se dedicaría a una frenética labor de persecución y neutralización de las conspiraciones, para lo que se valió de una amplia red de informantes dentro y fuera de España, y que se tradujo en purgas en determinados puestos del Ejército y presiones diplomáticas para dificultar la labor de los conspiradores en países como Francia, Bélgica o Portugal.

También recrudeció su control sobre la prensa opositora; pergeñó una draconiana ley de orden público, por la que serían perseguidos como delito “toda manifestación pública que ofenda a la Religión, a la moral, a la Monarquía, a la Constitución, a la dinastía reinante” o “produzca escándalo, agitación, bullicio, tumulto, asonada o conato de motín”; y castigaría con dureza la propia oposición política, enviando al exilio a personajes de la talla de Antonio Ríos Rosas o el general Francisco Serrano.

Narváez volvía a acogerse a la máxima de que la ley estaba supeditada al orden público

En resumen, Narváez volvía a acogerse a la máxima de que la ley estaba supeditada al orden, como reconocería el propio Gobierno al argumentar que “no se han atenido, en algunos casos, es verdad, a lo que la ley prescribe: pero han hecho enérgicos y saludables sacrificios y esfuerzos para restabecer el orden y restaurar la paz pública”.

Toda esta labor se mostraría eficaz para reprimir los sucesivos levantamientos que marcarían sus últimos días en el Gobierno, hasta que la enfermedad le postrara definitivamente en cama en la primavera de 1868.

Cuentan que en su lecho de muerte, Ramón María Narváez espetaría a su confesor que no tenía que perdonar a sus enemigos, “puesto que los he matado a todos”. La frase, que no pasa de ser un chascarrillo poco verosímil, resulta una exageración entendida de forma literal. Y también incluso si se asume que para el Espadón de Loja su mayor enemigo fue la revolución que amenazaba España y a la que se dedicó a combatir durante casi un cuarto de siglo.

Pese al éxito de su labor, lo cierto es que cuando Narváez muere el 23 de abril de 1868, esa amenaza permanecía tan viva o incluso más que a su llegada al poder. Derribado el dique que la había contenido durante más de dos décadas, las fuerzas de la conspiración encontraban ante sí un terreno expedito. La suerte del reinado de Isabel II estaba echada. España se sumaba -aunque con notable retraso- a los tiempos de la revolución en Europa.