La tensión está servida en Radiotelevisión Española. Los responsables de la televisión pública han presentado un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional para determinar la discrepancia que ha existido durante el último año con los sindicatos de la corporación, que defienden que los trabajadores de la casa deben mantener su jornada de 35 horas semanales, frente a las 37,5 que pretende la empresa.

RTVE ha defendido durante la negociación del convenio colectivo que los empleados de la corporación deben cumplir con una jornada de 37,5 horas, tal y como se recoge en la actual Ley de Presupuestos del Estado. Esto ha sido rechazado de forma tajante por los representantes de los trabajadores, que consideran que tienen derecho a mantener las 35 horas semanales.

Fuentes del sindicato UGT afirman que la discrepancia parte de la interpretación literal que ha realizado la empresa del texto de la ley, que realmente incide en que los empleados del sector público deben cumplir 37,5 horas. Ahora bien, añaden que es una lectura “torticera”, dado que en RTVE realizaron durante décadas 35 horas frente a las 37,5 de gran parte de la Administración.

Cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomó las medidas para paliar los efectos de la crisis económica –añaden- se aumentó en RTVE la cantidad de 35 a 37,5 horas; y en el sector público, en general, de 37,5 a 40 horas.

Desde RTVE aseguran que la pretensión de presentar el conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional es obtener la mediación de un juez sobre un punto que ha retrasado durante varios meses la firma del convenio colectivo y que necesita una rápida resolución

La normativa aprobada en 2017 contemplaba una reducción desde las 40 hasta las 37,5 horas para las empresas públicas que cumplieran una serie de condiciones, entre las que se encuentra la vuelta al beneficio en su cuenta de resultados. Es decir, lo que pretendía la ley era que se retornara a la situación anterior a la crisis en los entes de la Administración donde se notara la recuperación económica, apuntan desde UGT.

Por esta razón, consideran que RTVE ha actuado de mala fe al querer mantener la jornada de 37,5 horas y al acudir a la Audiencia Nacional.

Oficialmente, desde RTVE aseguran que la pretensión de presentar el conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional es obtener la mediación de un juez sobre un punto que ha retrasado durante varios meses la firma del convenio colectivo y que necesita una rápida resolución.

Posibles movilizaciones

Dos fuentes del Comité Intercentros, de UGT y USO, afirman que esta acción vendrá aparejada a buen seguro de una reacción y, pese a que los miembros del Comité de Empresa no pueden convocar huelgas mientras el conflicto colectivo esté vigente en la Audiencia Nacional, reconocen que podrían producirse movilizaciones en las próximas semanas.

De hecho, desde el sindicato UGT han pedido este martes al Comité Intercentros la celebración de una reunión para evaluar posibles «acciones» contra la decisión de la empresa. En una conversación telefónica, un portavoz del sindicato reconoce que esta situación aumentará la tensión en Torrespaña y no descarta que se produzcan movilizaciones durante la precampaña y la campaña electoral.

En este sentido, hay que recordar que la radio-televisión pública ha ofrecido a los partidos la celebración –durante la campaña- de un debate a 5 entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal; y de tres ‘cara a cara’ entre los candidatos del PSOE, del PP, de Unidas Podemos y de Ciudadanos. La pregunta es si un conflicto laboral podría afectar a los coloquios, en caso de que los partidos decidan que RTVE debe ser la organizadora.

La situación de conflicto laboral en el período pre-electoral no sería nueva para Rosa María Mateo, ya que el pasado abril se enfrentó a una convocatoria de huelga por parte de los trabajadores de las áreas técnicas de RTVE. En aquella ocasión, los organizadores pedían «garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo estructurales, recuperando todos los puestos amortizados en los últimos años y asegurar el futuro inmediato mediante una tasa de reposición del 100%”.

También “aumentar el cupo de contratación temporal autorizado por Hacienda y que este sea prioritariamente destinado a las áreas afectadas por falta de personal con el fin de corregir el desequilibrio producido por la gestión de la contratación pasada y presente, frenar de inmediato las externalizaciones y dimensionar suficientemente las áreas de producción para realizar con recursos humanos y técnicos internos propios, el servicio público que la CRTVE tiene encomendado».