El expediente que derivará en una multa millonaria a Atresmedia y Mediaset está atascado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde hace casi un mes. El motivo es que existen discrepancias entre las dos salas de las que está compuesto el organismo, donde existen puntos de vista diferentes sobre las restricciones en el mercado publicitario que prevé imponer la resolución.

Hay consejeros en la Sala de Supervisión Regulatoria que consideran que estas prohibiciones no ayudarán a mejorar el funcionamiento de la televisión comercial, de ahí que haya algunas de ellas que se encuentran a debate. Llegados a este punto, nadie oculta las diferencias existentes entre las dos salas, hasta el punto que la vicepresidenta del organismo, María Fernández, ha planteado la posibilidad de expresar sus discrepancias con el expediente -en forma de ‘voto’- dentro del informe que deberá realizar el departamento de Supervisión Regulatoria. Esto, en el caso de que Competencia rechace modular algunas de las restricciones.

Según ha tenido conocimiento este periódico a través de fuentes del Consejo del regulador, el expediente incluye una multa de 43 millones de euros para cada uno de los grupos de televisión –el 4,5% de sus ingresos de 2018- y la adopción por parte de ambos de una serie de medidas para favorecer la competencia en el mercado de la TDT.

Un nuevo mercado

Entre ellas, se encuentra la prohibición de la venta de publicidad en bloque (pauta única), así como la restricción de las extraprimas –las bonificaciones que otorgan a las centrales de medios- y de cualquier práctica comercial que implique que los anunciantes obtengan descuentos por la contratación de publicidad a volumen en Atresmedia y Mediaset. Es decir, cuantos más espacios para anunciarse contraten, más barata es la unidad.

Dentro de la Sala de Supervisión, se ha debatido durante las últimas semanas sobre los efectos reales que tendrán estas restricciones. Entre otras cosas, porque alguno de sus vocales –entre ellos, la vicepresidenta- tiene dudas acerca de si realmente mejorarán la competencia en el sector y ayudarán a los pequeños canales a obtener más ingresos.

Una de las principales críticas que se ha lanzado desde la federación de televisiones autonómicas (FORTA) y desde la Asociación Española de Televisiones Privadas Digitales Terrestres es que Atresmedia y Mediaset, con el 55% de la audiencia, aglutinan el 86% de la cuota de mercado. Algo que algunos de sus miembros explican en su posición de dominio en el mercado y a sus prácticas restrictivas para la competencia.

El mercado antes de las fusiones

Sin embargo, hay datos que manejan algunos de los consejeros de la CNMC que ponen en cuestión este hecho, dado que entre 2005 y 2009, cuando existían seis grandes grupos de televisión (Telecinco, Antena 3, TVE, Forta, Cuatro y La Sexta) también había un desequilibrio entre la cuota de mercado y la de pantalla. En otras palabras, que tanto Antena 3 como La Sexta acaparaban un porcentaje mayor de la tarta publicitaria que de la de audiencia.

En 2005, con el 23,45% de la cuota de pantalla, Telecinco tenía el 31,34% del mercado. En 2009, con el 16,6% del share, lograba el 25,6%. Hace 10 años, Antena 3, Neox y Nova lograban el 18,94% de la audiencia con el 24,62% del mercado. Es decir, este fenómeno no se inició con la conformación del duopolio Atresmedia-Mediaset.

En la documentación que tienen estos consejeros también se apela a debatir sobre el límite temporal que deberían tener las citadas prohibiciones, entre otras cosas, porque se estima que la competencia de las empresas OTT (Netflix, Amazon, Disney) y de la televisión de pago sea mayor en los próximos años, lo que podría reducir aún más la inversión publicitaria que realicen las empresas en la TDT. Que, por cierto, ha caído el 40% desde el inicio de la crisis económica.

Desde la Sala de Competencia del organismo apuestan porque el expediente se apruebe por unanimidad. Según adelantó La Información el pasado lunes, la intención es que la decisión se tome antes de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Sin embargo, existen algunas cuestiones que, de momento, complican el consenso. Entre otras cosas, porque hay consejeros que aseguran que poner condiciones a las televisiones podría no mejorar la dinámica del mercado.