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Montón afirma que la Sanidad universal tendrá "todas las garantías" para evitar "abusos"

La ministra de Sanidad y consejero de las comunidades autónomas se han reunido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la vuelta al sistema universal de Salud, aún afectado por los recortes de la crisis.

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Montón afirma que la Sanidad universal tendrá "todas las garantías" para evitar "abusos"
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, preside el Consejo Interterritorial de Salud.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, preside el Consejo Interterritorial de Salud. EP

Resumen:

Lo anunció en la toma de posesión la ministra de Sanidad, Carmen Montón, hace menos de un mes: la prioridad sería recuperar la Sanidad universal. Significaría la vuelta de las prestaciones sanitarias sin restricciones para los inmigrantes en situación irregular, recortados tras la crisis, o el fin del copago para los jubilados. Montón aseguró que sería un proceso dialogado con  los agentes sociales y las comunidades autónomas, estás últimas con las competencias sanitarias transferidas. Hoy ha sido ese encuentro oficial con todas las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y en él Montón ha presentado a los consejeros sanitarios la norma que el Gobierno está elaborando. Una norma que contará con "todas las garantías" para evitar que se produzcan abusos y para que "nadie" que necesite la asistencia sanitaria se quede "al descubierto". Las garantías, tal y como ha detallado la ministra, es que se pueda tener un informe social para que aquellas personas que no puedan acreditar que están en una situación de vulnerabilidad e irregularidad durante 90 días puedan ser atendidas en la sanidad pública y, por ende, "salvar ese escollo". De esta forma, Montón ha negado que la norma necesite una memoria económica, como así lo han solicitado en el CISNS las comunidades gobernadas por el PP, ya que, tal y como ha recordado, el Real Decreto 16/2012 no llevó ninguna memoria económica asociada. Además, ha aludido a informes de la Unión Europea que aseguran que atender en las consultas de Atención Primaria es menos gravoso que en las puertas de Urgencias. Dicho esto, la ministra ha insistido en que devolver la universalidad al SNS no va a suponer un sobrecoste puesto que todas las comunidades autónomas, de una u otra forma, están dando asistencia sanitaria a todas las personas, incluidas las que se encuentran en situación administrativa irregular. No obstante, Montón ha eludido decir que se va a derogar el real decreto y se ha limitado a comentar que se va a modificar.

Lo anunció en la toma de posesión la ministra de Sanidad, Carmen Montón, hace menos de un mes: la prioridad sería recuperar la Sanidad universal. Significaría la vuelta de las prestaciones sanitarias sin restricciones para los inmigrantes en situación irregular, recortados tras la crisis, o el fin del copago para los jubilados. Montón aseguró que sería un proceso dialogado con  los agentes sociales y las comunidades autónomas, estás últimas con las competencias sanitarias transferidas.

Hoy ha sido ese encuentro oficial con todas las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y en él Montón ha presentado a los consejeros sanitarios la norma que el Gobierno está elaborando. Una norma que contará con «todas las garantías» para evitar que se produzcan abusos y para que «nadie» que necesite la asistencia sanitaria se quede «al descubierto». Las garantías, tal y como ha detallado la ministra, es que se pueda tener un informe social para que aquellas personas que no puedan acreditar que están en una situación de vulnerabilidad e irregularidad durante 90 días puedan ser atendidas en la sanidad pública y, por ende, «salvar ese escollo».

«Hemos hablado que cuando una persona en situación irregular no pueda acreditar que está en una situación vulnerable pueda acceder a la sanidad a través de un informe social», ha recalcado la ministra, para comentar que esta medida no va a atraer el turismo sanitario, ni supondrá un sobrecoste al sistema.

De esta forma, Montón ha negado que la norma necesite una memoria económica, como así lo han solicitado en el CISNS las comunidades gobernadas por el PP, ya que, tal y como ha recordado, el Real Decreto 16/2012 no llevó ninguna memoria económica asociada. Además, ha aludido a informes de la Unión Europea que aseguran que atender en las consultas de Atención Primaria es menos gravoso que en las puertas de Urgencias.

Dicho esto, la ministra ha insistido en que devolver la universalidad al SNS no va a suponer un sobrecoste puesto que todas las comunidades autónomas, de una u otra forma, están dando asistencia sanitaria a todas las personas, incluidas las que se encuentran en situación administrativa irregular. No obstante, Montón ha eludido decir que se va a derogar el real decreto y se ha limitado a comentar que se va a modificar.

«En 2012 no existió ninguna razón para la exclusión sanitaria que se plasmó en el Real Decreto», ha sentenciado Montón, para reiterar que la propuesta lanzada por su departamento ministerial, en el proceso «dialogado» que está llevando a cabo, pretende recuperar el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria «normalizada» en el SNS para los inmigrantes en situación administrativa irregular en las «mismas condiciones» que las personas con nacionalidad española.

Se desliga el concepto de asegurado

Asimismo, según ha detallado, se va a reorientar la condición a la ciudadanía española y se «desliga» del concepto de asegurado. «Es decir, estamos hablando de una reforma del derecho de acceso que garantiza la asistencia integral a todas las personas. Para nosotros el día de hoy ha sido importante porque salimos con unas ideas básicas para llevar hacia delante técnicamente esta norma», ha recalcado Montón.

Dicho esto, la ministra ha destacado la importancia de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y, para ello, ha informado de que va a proponer la creación de una comisión mixta para hacer un seguimiento de la implementación de la norma que se va a establecer y que se espera que pueda ver la luz a finales de julio.

«Lo bueno que tiene este proceso es que dialogado y lo estamos construyendo entre todos. Las comunidades autónomas están haciendo verdaderos esfuerzos para solventar esta problemática situación que se creó en 2012 y, por tanto, lo que se trata es de dar seguridad jurídica, tanto a las comunidades como a los profesionales sanitarios, de armonizar la norma y tener un cuerpo legislativo único que hable de decencia, de salud como derecho y de ciudadanía», ha apostillado Montón.

Finalmente, la ministra ha informado de que se va a proponer un calendario de actuación a las comunidades autónomas para ir abordando, «paso a paso», el resto de temas pendientes como, por ejemplo, la financiación de la sanidad o el copago farmacéutico, entre otros puntos.

«Quiero plantear que no sea una excusa la histórica falta de recursos que tiene el sistema sanitario para poder freno a la recuperación de derechos. Son agendas paralelas en nuestra agenda, pero primero está la recuperación de derechos y después intentaremos implementar la fortaleza del sistema sanitario. Tendremos que hablar de los profesionales, de la transformación del sistema, de cómo se financia… todo esto que está encima de la mesa y si podemos lo solucionaremos porque tenemos voluntad, pero hay urgencias muy concretas como las que estamos ahora abordando», ha zanjado.

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