El Gobierno quiere restaurar la Sanidad pública universal «lo antes posible», pero hacerlo de forma dialogada y consensuada con todos los agentes implicados. Así lo ha anunciado tras el Consejo de Ministros de este viernes, un proceso que han asegurado será «dialogado» con todos los agentes implicados y que supondrá la devolución del derecho de la «protección de la salud» a los inmigrantes sin papeles que les fue retirada tras la aplicación del decreto 16/2012.

«Por decencia política y mandato de los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado», ha justificado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la intención del Gobierno, que pretende que este proceso se culmine en algo más de dos meses. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha apelado en su cuenta de twitter a la «decencia y la justicia» para poner en marcha esta medida.

El primer paso, según han afirmado fuentes cercanas al Ministerio, arranca el miércoles que viene con la convocatoria de la Comisión Delegada de Sanidad, el paso previo a la reunión del Consejo Interterritorial donde se reúnen las Comunidades Autónomas y el Gobierno para tratar los asuntos relacionados con la Sanidad y que se prevé para finales de junio. En paralelo, el Gobierno prevé reuniones con las entidades sociales relacionadas con la sociedad, desde sociedades científicas a asociaciones de pacientes, con los que no se trató cuando se realizó el decreto. Así, tras un período de seis semanas de diálogo y un mes de convalidación en el Congreso, debería aprobarse un nuevo Real Decreto Ley con las nuevas condiciones. La nueva normativa derogará la exclusión sanitaria aunque no se contempla, según fuentes del ministerio, que se elimine el copago farmacéutico.

Aunque como ha recordado el Gobierno algunas comunidades autónomas habían planteado medidas para ampliar la asistencia a los colectivos excluidos, Celaá ha asegurado que no habrá «ninguna comunidad autónoma» que vaya a incumplir el real decreto que va a elaborar el actual Gobierno porque, tal y como ha señalado, incluso autonomías que seguían sin atender a los inmigrantes se sentían «muy incómodas» con la situación, por lo que «seguro» que cumplirán con la normativa de los socialistas «en todos sus términos».

Los agentes sociales celebran la medida

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) ha calificado de «bastante positivo» el anuncio del Gobierno este viernes y le han reclamado que se elimine «toda política de exclusión». El presidente de FADSP, Marciano Sánchez Bayle, ha declarado a Europa Press que «la aplicación del Real Decreto había producido daño a muchas personas, era totalmente injusto e inhumano. Creaba muchos problemas de atención sanitaria y de salud pública y, además, no había ahorro económico significativo. De hecho, el anterior Gobierno no fue capaz de fijar una cantidad de dinero ahorrada».

Para los pacientes, la vuelta de la atención universal del Sistema Nacional de Salud (SNS) «no puede ser más positiva»

Tanto los médicos, que han expresado su satisfacción por la aprobación del decreto, como los enfermeros han celebrado la medida. El Consejo General de Enfermería (CGE) ha considerado la medida «equitativa, solidaria y justa» ya que «las personas, por el hecho de serlo, están por encima de cualquier otra consideración política o económica». Su presidente Florentino Pérez Raya ha destacado en un comunicado que la protección de la salud «es un derecho fundamental contemplado en la Constitución».

Para la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), la vuelta de la atención universal del Sistema Nacional de Salud (SNS) «no puede ser más positiva», ya que «es un derecho fundamental que todas las personas que conviven en España reciban una atención de calidad». La plataforma ha defendido que la universalidad permite «mantener a raya» a enfermedades que ya se habían vencido y que estaban repuntando por no tratar a estos pacientes excluidos. «Era algo que esperábamos con ansiedad, estamos muy satisfechos de que haya sido una de las primeras medidas de este Gobierno», ha alabado el presidente de POP, Tomás Castillo, quien ha reclamado que también se apueste por la «equidad» en todas las comunidades autónomas para «dar pasos muy importantes hacia la cohesión del sistema». «Tenemos que ir a grandes acuerdos», ha concluido Castillo.

A Médicos del Mundo le parece «razonable» el plazo de dos meses y medios para que la reforma sea efectiva

También desde el tercer sector, Médicos del Mundo ha celebrado el anuncio y ha recordado que con el decreto de 2012 quedaron sin atención sanitaria más de 800.000 personas. A la ONG le parece «razonable» el plazo estimado de dos meses y medio. La ONG apela a la necesidad de este cambio legislativo, además, porque está demostrado que «el recurso a las urgencias es siempre más costoso que la atención primaria y preventiva», aseguran. Para Médicos del Mundo la situación más preocupante es la de las personas mayores, padres o madres de migrantes ya regularizados, que han llegado al país por reagrupación familiar legal y sin embargo están excluidos de la atención pública. Además, las personas con ciudadanía comunitaria y bajos recursos, en su mayoría procedentes de Rumanía y Bulgaria, que encuentran igualmente barreras de acceso.