El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado los trámites para devolver el derecho a la «protección de la salud» a los inmigrantes que permanezcan en situación irregular en España. El Ejecutivo calcula que en un plazo de dos meses y medio podrá garantizar que los inmigrantes ‘sin papeles’  vuelvan a tener acceso a la sanidad gratuita y universal en nuestro país, una situación de la que estaban parcialmente excluidos desde el año 2012.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha defendido en rueda de prensa que se trata de una cuestión de «dignidad» y de «decencia política» y para seguir las recomendaciones de organismos que abarcan desde el Defensor del Pueblo hasta  la ONU.

El Ejecutivo ha iniciado un proceso dialogado con comunidades autónomas para «devolver el derecho a la protección de la salud a todas las personas en España». Con ese objetivo está elaborando un Real Decreto Ley que anule el aprobado en 2012 y que dejó sin asistencia sanitaria integral a unas 800.000 personas en situación administrativa irregular. Esa medida del anterior Gobierno del PP pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la «sostenibilidad» y «universalidad» de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los «abusos» en sus prestaciones.

La tramitación del nuevo decreto tardará seis semanas y luego otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados. Se aplicará en todas las comunidades autónomas sin excepción, según ha garantizado la ministra.

Aquarius y concertinas

Junto a la concesión de un préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social para la paga ordinaria y extraordinaria de las pensiones, la inmigración protagoniza buena parte de las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno ha defendido la decisión de acoger a los 629 migrantes del barco Aquarius para atajar una «crisis humanitaria» y como un «aldabonazo a Europa» para que tome conciencia de la necesidad de ayudar a los migrantes y refugiados. Los rescatados serán recibidos «con total normalidad» y ha confirmado que llegarán durante el fin de semana, probablemente el domingo. Como detalle de los pasos a tomar, ha asegurado que lo primero será una actuación «sanitaria» a bordo de los barcos, antes de proceder al desembarco y el «visado» de todos los ocupantes de las tres embarcaciones que llegarán a Valencia.

Ya en las fronteras terrestres con Marruecos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha encargado un informe para eliminar el uso de las concertinas y establecer otros métodos «no cruentos» que «garanticen seguridad fronteriza». La portavoz del Gobierno ha explicado que esa medida también pretende ser un «mensaje a Europa», ya que se trata de «fronteras europeas, no sólo de España». En este sentido, ha instado a la Unión Europea a establecer un plan de ayuda a los países de origen de las migraciones como ocurrió tras la crisis de los cayucos.

«Este Gobierno quiere remover las concertinas sin perder nada de seguridad en el control de las fronteras. La seguridad debe estar vinculada con la dignidad y los derechos humanos, y garantizarse sin necesidad de herir a las personas», ha asegurado.

Plan integral en el Campo de Gibraltar

También en materia de seguridad, el Gobierno ha anunciado un plan integral para el Campo de Gibraltar con medidas educativas, de empleo y seguridad social que sirvan para combatir la creciente fuerza de las mafias del tráfico de droga que están amedrantando a las fuerzas de seguridad en la zona. La ministra portavoz ha felicitado a los cuerpos policiales por su actuación en localidades como La Línea de la Concepción (Cádiz), aunque ha defendido que la lucha contra el narcotráfico debe realizarse desde distintos ámbitos sociales.