// TODO: Revisar qué hace the_post_thumbnail_creditos Una clase en un colegio ordinario.

Una clase en un colegio ordinario. EP

Familia, Sociedad, Vida Sana

Pelea educativa por los alumnos con discapacidad

Más de 120.000 firmas se han firmado en Madrid para pedir que se garantice la continuidad de los centros de educación especial después de que la Comunidad esté tramitando unas propuestas de ley para fomentar la educación inclusiva. Los padres defienden el derecho a elegir la modalidad de educación.

María del Mar y Jesús coinciden en algo: sus hijos han encontrado su sitio al sentirse entre iguales. Son madre y padre de sendos niños con discapacidad que empezaron su etapa escolar en la educación ordinaria hasta que la situación se hizo “insostenible”.

“Los problemas de Nacho comenzaron a los cinco años. Mi otra hija, que entonces tenía tres años, fue la primera que me dijo que a Nacho le tiraban de las orejas en el patio, le escupían y le quitaban el desayuno”, recuerda María del Mar. El trastorno de su hijo no tiene un nombre asociado y eso, dice, “dificulta aún más las cosas”. “En el colegio me decían que aguantase un poco más, que el niño había conseguido leer y sumar, pero lo que me ofrecían era que repitiera curso y el poco apoyo para necesidades especiales que me podían dar con los recursos disponibles”.

El acoso escolar fue el detonante para que Mª del Mar y Jesús sacaran a sus hijos de la enseñanza ordinaria

Los recursos disponibles eran unas horas diarias en las que le sacaban de la clase y nada de apoyo específico en el comedor o en el patio. “Mi hijo necesitaba un apoyo permanente, especialmente fuera del aula, donde los niños se aprovechaban de su vulnerabilidad. Hasta me ofrecí para poner a alguien pagado de mi bolsillo que lo vigilara en el patio, pero me dijeron que no era posible” añade María del Mar, que terminó sacando a su hijo de la escuela ordinaria con ocho años.

El acoso escolar también fue el detonante para que Jesús sacara a su hija Teresa del colegio a mitad de curso, cuando ella cursaba tercero de ESO: “Con 10 años nos detectaron una delección en el cromosoma 15. Una afección que iba a influir tanto en su crecimiento como en su capacidad intelectual”. En el caso de Teresa, tiene una capacidad cognitiva límite (la más leve de  las que se diagnostican), por lo que la idea de llevarla a un centro de educación especial es algo que les costó contemplar.

“A nivel educativo íbamos saliendo del paso, pero en tercero de la ESO empezamos a ver cosas extrañas en su día a día. Le faltaban mechones de pelo, tenía pesadillas y no se comunicaba con nosotros. No había manera de que nos dijera nada, pero un día le vimos lesiones por todo el cuerpo y fuimos al colegio, donde acabamos confirmando que estaba sufriendo acoso”, relata Jesús. Padre y madre sacaron “inmediatamente” a la niña del colegio y la pusieron en manos de un psiquiatra: “Fue mano de santo. Como quitarle el tapón a una bañera, se fue todo… Teresa cambió como de la noche al día, salió del absoluto bloqueo emocional en el que se encontraba. Y fue este psiquiatra el que nos dijo que la lleváramos a un centro de educación especial. Y nos cambió la vida”.

Tanto Nacho como Teresa llegaron al colegio de educación especial tras una mala experiencia en la educación ordinaria ligada al acoso escolar.”Teresa encontró su mundo. En el colegio Virgen de Lourdes se siente válida, querida y feliz”, dice su padre. “En cuanto Nacho se adaptó al cambio, encontró su sitio. Por primera vez en su vida se sintió entre iguales y descubrió la amistad de verdad”, cuenta María del Mar.

120.000 firmas por la educación especial

Ambos padres pertenecen a las voces que se han alzado en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid contra la nueva normativa sobre educación especial que se encuentra en período de tramitación. Junto a ellos, más de 120.000 personas han firmado contra la legislación que, denuncian, pretende cerrar estos centros en Madrid para integrar a los niños con discapacidad en los centros ordinarios.

La normativa en cuestión parte de dos propuestas. Por un lado una iniciativa legislativa popular surgida de distintos Ayuntamientos de la Comunidad (la han firmado 42 consistorios)  que busca dotar de más recursos a los centros públicos con mayor grado de inclusión.  Y por otro, la ley presentada por Podemos para la equidad y educación inclusiva, donde se encuentra el centro de la polémica.

Dos leyes en tramitación en la Comunidad de Madrid han despertado el rechazo de  miles de padres

La cuestión parte, concretamente, del artículo 7.2.  “Se establece como criterio general que todo el alumnado sea escolarizado en centros ordinarios de su elección, estableciéndose una sola modalidad de escolarización”. Una frase que muchos padres han interpretado como la posible desaparición de los centros de educación especial.

Algo que niegan desde Podemos, impulsores de la iniciativa, y matizan desde el PSOE. “La propuesta de ley de Podemos venía con el error de plantear el cierre de centros educativos, pero eso no se ajusta a la LOMCE, que plantea que tiene que haber unidades específicas de integración. Eso sí, que serán de forma excepcional. Y nosotros hemos realizado una enmienda a la normativa para que se ajuste a la LOMCE”, destaca Juan José Moreno, portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, que cree que se ha planteado una “polémica ficticia” en torno a las iniciativas.

“Con esta ley sentimos que se nos ‘desahuciaba’ de una modalidad educativa” dice una madre

Pero esto no es suficiente para la plataforma Educación Inclusiva sí, Especial También, surgida precisamente a raíz de estas dos propuestas de Ley. “Con esta ley sentimos que se nos ‘desahuciaba’ de una modalidad educativa que capacita a nuestros hijos para su inclusión presente y futura, que es el objetivo final”, afirma Terry Gragera, portavoz de la plataforma y madre de una niña con síndrome de Down escolarizada en un colegio de educación especial.

Para esta plataforma, ni la proposición ni las enmiendas presentadas hasta la fecha garantizan la continuidad de la educación especial, pues “se apoya la única modalidad de escolarización y un trasvase de recursos desde la Educación Especial hacia la ordinaria”. “Nosotros apoyamos que la escuela ordinaria se dote de todos los recursos necesarios para que los niños y jóvenes con discapacidad que quieran acudir a ella puedan hacerlo. Es cierto que hay chicos con discapacidad que se integran muy bien en colegios ordinarios con los apoyos necesarios, pero también lo es que muchos otros precisan de un colegio especializado, con ratios más bajos de alumnos, profesorado muy especializado y ritmos de aprendizaje adaptados. Si eliminamos esta posibilidad y hacemos tabla rasa, sí que estaríamos incurriendo en una flagrante discriminación, especialmente preocupante en el caso del alumnado con discapacidad intelectual”, indica Gragera.

El informe de la ONU (y la réplica de España)

Apoyando a la escolarización inclusiva para estas propuestas de ley se encuentra un informe realizado por expertos en Educación de la ONU hace apenas unos meses y que concluía que el sistema educativo de nuestro país “segrega y excluye” a los estudiantes con discapacidad. “El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”, dijo el pasado junio  Theresia Degener, presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Un informe sobre el que el Gobierno español manifestó su rechazo, en particular a la idea de que España niega la igualdad de derechos a estas personas y que lo hace de manera deliberada, dado que el país “ha apostado por la educación inclusiva para todo el alumnado”.

“En el informe no consta que se visitara ningún centro de educación especial, por lo que creemos que está sesgado y no corresponde con la realidad”, afirma Lucía Gutiérrez, directora del colegio Virgen de Lourdes, uno de los mayores centros de educación especial de Madrid. “El 90% de nuestro alumnado llega al centro tras pasar por la educación ordinaria. Pero en un momento tanto los padres como los profesores y orientadores ven que el niño ya no puede sacar más partido de la eduación ordinaria. Tanto por el lado académico pero también el de las relaciones sociales. Muchos de ellos tienen problemas de autoestima, los niños quieren estar entre iguales”.

El caso de Adrián, sin plaza en la escuela ordinaria

Tras la defensa de la escuela inclusiva están casos como el de María, la madre de Adrián, un niño con autismo que lleva sin escolarizar desde noviembre de 2017. El pequeño de Leganés (Madrid), cursó el ciclo de infantil en un aula de inclusión TEA (para trastornos del espectro autista) dentro de un colegio ordinario. Pero en el último curso del ciclo, el informe psicopedagógico dictaminaba su paso a educación especial para el año siguiente, algo con lo que su madre no estaba de acuerdo. “Hay niños más mayores que Adrián integrados en el colegio. Si estas aulas de TEA se han creado para integrar a los niños con autismo, porqué mi hijo no podía estar”.

Adrián lleva sin escolarizar desde noviembre pasado por no tener plaza en un colegio ordinario

Al inicio del pasado curso – en el que Adrián pasaba a primero de primaria – el niño comenzó a acudir a clases en el colegio ordinario. “Pero las profesoras no lo sacaban al aula de referencia. Adrián estaba todo el rato en el aula de apoyo y se volvió más agresivo. Mi hijo no habla, por lo que no podía preguntarle, pero yo se lo notaba, tuve que empezar a medicarle con un relajante”, relata su madre. Y el 15 de noviembre la llamaron de la dirección del colegio: “Me dijeron que había llegado una notificación que Adrián ya no estaba matriculado en este colegio y que lo estaba en un centro de educación especial. Desde hace casi 11 meses lleva sin acudir a clase y yo no le llevaré a ese centro hasta que me lo digan los tribunales”, afirma rotundamente María.

Desde entonces, Adrián ha recibido clases particulares costeadas por la Asociación ProTGD para niños con autismo, aunque María lamenta que la asociación le ha dicho que los fondos se están acabando y que para el próximo trimestre no podrán costear las clases en casa. “Este abril nos llegó la resolución de que el niño tenía que acudir a educación especial. Lo tengo en manos de abogados y el próximo juicio será en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el mes de octubre”, afirma María, que cree que acudir a un centro de educación especial “sería un retroceso para Adrián. Yo no dudo que los centros de educación especial sean buenos, pero me parece que es segregar al niño, que siempre ha sido uno más en el colegio ordinario”.

La importancia de elegir (de verdad)

En la importancia de elegir es donde ponen el foco los defensores de la normativa, que aseguran que no se trata de “repartir la tarta” sino de “dotar a los centros públicos de los recursos necesarios para que todos los niños que quieran se  puedan integrar. De otra manera, la capacidad de elegir no será real porque solo podrán optar por la educación especial”, subraya Galiana.

Coincide Salvador Molina, vocal emérito de la Asociación ProTGD: “Ahora mismo tenemos educación integrada, pero no es inclusiva porque no hay recursos. El sistema está segregando a los niños, porque no da a las familias la opción real de elegir”, afirma este activista que lleva más de 30 años luchando por la inclusión de la discapacidad en las aulas.

Madrid invierte en Educación la mitad del porcentaje del PIB que la media del Estado español

Lo cierto es que en Madrid, la educación especial específica está soportada, en su mayoría, por centros concertados, ya que de los 66 centros específicos de la comunidad 24 son públicos y 41 mantienen conciertos. Los datos a los que ha podido acceder este periódico, correspondientes a 2016, indican que el gasto en la educación especial pública es de 124,6 millones de euros y 40,3 en la educación especial concertada.

En cuanto a recursos, los datos de 2016 arrojan una inversión en la Comunidad de Madrid de 3.357 millones de euros, cifras que indican que aún no se ha recuperado la cantidad precrisis (en 2009 fueron 3.705 millones de euros).

Por  ello, en lo que ambas posturas coinciden es en la necesidad de incrementar el gasto educativo. “Madrid invierte el 2,25% del PIB en Educación mientras que la media del Estado es de  4,34%”, denuncia Galiana. “No se trata de restar recursos a la especial para pasarlos a la ordinaria, eso nos parecería mal”, añade el portavoz socialista, “la ley lo que dice es que tienen que darse más apoyos y recursos tanto a la educación ordinaria como al resto de profesionales – que dice que deben ser considerados educativos – como enfermeros o terapeutas. Y estos están, sobre todo, en los centros de  educación especial”.

Gragera defiende la coexistencia de ambos modelos educativos y asegura que las experiencias internacionales los apoyan. “En otros países como Italia se eliminaron los centros de Educación Especial y tuvieron que reabrirse pasados los años. En Portugal, que acometió también el cierre de estos centros hace unos años, ha
crecido exponencialmente el número de chicos con discapacidad intelectual que ha tenido que ser escolarizado en centros privados especiales, pues la escuela ordinaria no cubría sus necesidades. Esto sí que supone una verdadera discriminación”, concluye.

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Pelea educativa por los alumnos con discapacidad