Ángel López, médico rural en Cañada Rosal (Sevilla). cedida

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Un médico de pueblo, expedientado por unas mascarillas regaladas

Salud

Un médico de pueblo, expedientado por unas mascarillas regaladas

En plena pandemia, Ángel López tuvo que responder ante la Junta de Andalucía por una caja de material que había entregado la Hermandad del pueblo al consultorio y que habían sido donadas por la asociación de Spiriman.

En el consultorio médico de Cañada Rosal, un pequeño municipio de la campiña sevillana con poco más de 3.300 habitantes, en abril se protegían del COVID-19 como podían. Eso era, con algunas mascarillas quirúrgicas caducadas que se habían quedado en un armario de cuando la gripe A, allá por 2009, y algún que otro material que llegaba con cuentagotas y que resultaba, como en casi todos los rincones de España, insuficiente.

El pueblo se enfrentaba al virus con miedo pero también con la solidaridad de sus vecinos, que bajo el auspicio de la Hermandad de San Joaquín y Santa Ana, se habían puesto a confeccionar material de protección. A su vez, uno de los hermanos había contactado con la asociación Justicia por la Sanidad, que en aquellos momentos donaba material de protección a distintas entidades y hospitales de toda la región.

«Un hermano había conseguido que la asociación de Spiriman [conocido por sus movilizaciones por la Sanidad Pública] les mandara un lote de mascarillas K95, tipo FPP2 y de las que prácticamente no teníamos en el consultorio», cuenta Ángel López Hernanz, médico del pueblo al que el regalo, irónicamente, le costó un grave disgusto.

«Fue una alegría cuando nos dejaron la caja en el consultorio. Los sanitarios que estábamos allí cogimos dos o tres cada una y yo puse enseguida un mensaje en el whatsapp de los médicos de la Zona Básica de Salud, donde están los otros consultorios y mi jefe directo, el director de la Unidad, para ofrecerles alguna», recuerda el médico.

Los médicos recibieron las mascarillas encantados y el propio López acercó algunas a su jefe cuando iba de camino a Osuna, donde este médico sevillano estuvo una semana de voluntario en un centro improvisado para atender a víctimas del COVID-19 habilitado anexo al hospital comarcal. «En abril yo atendía a mis pacientes por la mañana y estaba disponible por las tardes y cuando les hiciera falta, porque a la gente le daba mucho miedo ir a los hospitales. Atendía consultas online de pacientes en Madrid, donde el sistema estaba más saturado y cuando pidieron voluntarios para atender a enfermo de COVID-19 en Osuna me apunté, y de los 150 profesionales apuntados nos cogieron a tres», recuerda indignado con lo que pasó después.

Porque a los pocos días de haber llegado las mascarillas – y mientras las utilizaba – vio en las noticias que ese mismo lote había sido retirado por la Junta de Andalucía por presuntamente no cumplir con la protección indicada. López avisó al grupo de médicos aunque, confiesa, las siguió utilizando porque la alternativa eran «las mascarillas quirúrgicas caducadas».

Pero la sorpresa llegó a los pocos días y en forma de citación. «En pleno Estado de Alarma, me llega una apertura de expediente informativo. Me requerían por haber puesto a disposición de mis compañeros las mascarillas y me pedían que fuera físicamente a 50 minutos en coche de mi casa y perdiendo un día de trabajo con la situación que teníamos», lamenta López, que comparte con El Independiente la documentación que tuvo que aportar para explicar el regalo que con la mejor intención y usándolo él mismo quiso compartir con sus compañeros.

«¿Reconoce que incumplió las medidas relativas a seguridad y salud en el trabajo? No, no lo reconozco», se detalla en la documentación que acompaña al expediente. «Me parece aberrante que me abriesen el expediente en medio de esa situación, cuando yo lo único que había hecho había sido compartir con mis compañeros un material que nos llegaba de la Hermandad del Pueblo con la única intención de ayudar en plena pandemia», subraya.

Afortunadamente, la respuesta llegó favorable – con el cierre de expediente y sin sanción – fechada el 4 de mayo. La Junta de Andalucía dicta, tras conocer los hechos, que «cabe interpretar que el doctor López Hernanz desconocía, prima facie, que el material entregado incumplía la normativa vigente, así como también hay que resaltar la inmediatez con que reaccionó al tener conocimiento a través de las redes sociales del carácter defectuoso de las mascarillas, contactando apresuradamente con el director de la DGC La Luisiana, reaccionando ambos al unísono informando a los demás compañeros a través del uso del whatsapp e instando a la no utilización del mismo».

La resolución del expediente también exonera a la Hermandad, ya que estima «una situación convulsa, inédita y extraordinaria, en la que resulta necesaria dar respuesta urgente en el ámbito asistencial a la población, y en la que concurre la escasez de medios de protección, así como una población volcada, con loable intencionalidad, en proporcionar todo tipo de ayuda a los profesionales sanitarios».

Cabe recordar que, más allá de la caja de mascarillas por las que este médico rural tuvo que responder en plena pandemia (cuando no se podía viajar más que por motivos necesarios), el presidente de la Junta de Andalucía reconoció la compra de miles de mascarillas defectuosas que había distribuido a los profesionales sanitarios. Un problema que afectó a casi todas las comunidades autónomas y al Ministero de Sanidad, pero por las que le tocó responder a este médico rural.

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